Una reforma tributaria a favor de las clases altas dinamitó el descontento de grupos sociales marginados de Colombia. Comprender el conflicto, desde fuera, requiere un escrutinio que parta de las raíces que le dieron origen. Para ello, expertos que han vivido de primera mano el Paro Nacional que se inició el pasado 28 de abril expusieron sus reflexiones en el conversatorio: historia, presente y futuro: experiencias de resistencia. Colombia organizado por la IBERO Puebla.

 El departamento del Cauca ha sido el epicentro de la lucha indígena. A través de los grupos organizativos conocidos como mingas, la población originaria ha pasado los últimos 15 años enfocada en la generación de propuestas políticas transformadoras y emancipatorias.

 Estos grupos han establecido que el modelo económico debe cambiar, pues se vale de la guerra para impulsar sus propósitos. Además, establecen que los pueblos deberían ser capaces de legislar para sí mismos desde la autonomía. “Hay que tejer entre los pueblos algo que supere al Estado y a la institucionalidad”, sostuvo Emmanuel Rozental, integrante del colectivo Pueblos en el Camino.

 Parte de ese proceso de autodeterminación se ve reflejado en la postura del indigenismo en contra de la cultura de la mercantilización. Una semana antes del paro, la gobernante indígena Sandra Liliana Peña Chocué fue asesinada en su lucha por erradicar la siembra de la planta de coca, raíz sagrada para el indigenismo, que ha sido acaparada y mal utilizada por los mercados criminales.

 El levantamiento popular tiene que ver con el debilitamiento de un modelo neoliberal que cada vez acumula más grietas. Para Andrea Suárez Acosta, integrante del Observatorio Local de Derechos Humanos (OLDHU), el Estado no respeta los acuerdos de paz en cuanto a las obligaciones con la ciudadanía, por el contrario responde a las resistencias a través de la fuerza pública.

Las primeras líneas de resistencia están ocupadas por jóvenes de bajos recursos que no tuvieron la formación tradicional de izquierda, pero que cuentan con la experiencia de organización popular. En cambio, los sectores sindicales han promovido los acuerdos en papel.

Es así que los diferentes modelos de organización civil conviven en la efervescencia del movimiento. Los retos subsecuentes identificados por Suárez Acosta se relacionan con la implementación de nuevos modelos de vida para las personas marginadas, la configuración de estructuras organizativas desde los barrios y el cuidado de las energías en la lucha por la protección de los derechos humanos.

La paz negada

Influidas por el narcotráfico y el Partido Comunista, las FARC supusieron un organismo antagónico al oficialismo colombiano de derecha. Si bien el presidente Juan Manuel Santos impulsó el fin del conflicto interno mediante los acuerdos de paz en 2016, el actual mandatario Iván Duque rompió el armisticio para retomar la intervención directa de la época de Álvaro Uribe.

El estallido social también se ha visto influenciado por esta campaña uribista en contra del alto al fuego con las guerrillas. Como explicó la filósofa María Camila Cardozo Prieto, “las personas están agotadas de la desigualdad por parte de un gobierno dictatorial que se encuentra desconectado de la realidad colombiana”.

 El paro ha devenido en un movimiento político de rechazo al régimen legado por Uribe y perpetuado con Duque que se caracteriza por las políticas de violencia, exterminio y despojo de tierras. Ante un discurso oficial que promueve la idea de que el paro entregaría el poder a la guerrilla, enfatizó Cardozo Prieto: “necesitamos ponerle fin a este sistema de gobierno. No hay que aliarnos con las balas, sino con la vida y el planeta”.

Al ser de origen campesino, las guerrillas reclamaron el despojo histórico de los campos de cultivo. Como explicó el profesor de la IBERO Ciudad de México-Tijuana Mauricio Arcilla Arango, Colombia no ha dado el paso a la modernidad capitalista, sino que se mantiene un sistema feudal en donde las élites controlan la mayoría de las tierras y los medios de producción.

El proceso de paz impulsado por Santos llegó a acuerdos históricos que permitirían dar paso a un Estado que garantizara los derechos humanos. No obstante, el plebiscito de 2016 que falló a favor del no (impulsado por los feudales debido a la demanda de restitución de tierras) despertó la polarización sociopolítica y diseminó las dudas en el proceso.

Duque, quien asumió la presidencia en agosto de 2018, recuperó la política de seguridad democrática que niega los acuerdos de paz y transita a la represión. “El Gobierno quería responsabilizar a los movimientos sociales por apoyar algo que va en contra de los intereses del Gobierno. Así, el proceso de paz es visto como algo negativo”.

De manera paralela, el uribismo sostiene que existe un plan internacional liderado por las izquierdas latinoamericanas para desestabilizar a la administración actual. Así, el oficialismo y sus simpatizantes buscan salvaguardar sus privilegios a través de la guerra y la represión. “Los problemas en Colombia son históricos. Solo vamos a lograr superarlo a partir de un diálogo sincero”, cerró el académico.