La puesta en marcha del “Programa de Ordenamiento del Transporte Público de San Martín Texmelucan”, conocido como Paradero Transportista, el cual fue aprobado en sesión de cabildo el pasado 2 de mayo de 2019, siendo María Norma Layón Aarun, presidenta municipal hoy con licencia, está plagado de irregularidades, sospechas de corrupción y nepotismo, con claros tintes electorales.


Resulta que el proyecto de obra que se plantea al norte de la ciudad, en la colonia El Arenal, se ubica en terrenos de alto riesgo o "zona cero", llamada así porque ahí fue la explosión de los ductos de Pemex en diciembre de 2010 donde murieron decenas de personas.
El proyecto que hoy no cuenta con un mapa de riesgo ni estudios técnicos que acrediten su factibilidad, tampoco tiene los permisos gubernamentales, sin embargo, a decir de los vecinos, es ahí donde se han iniciado los trabajos para su construcción. Actualmente, el área del terreno permanece bajo resguardo por parte de vigilantes privados.

Esta obra le fue encargada al señor Arnulfo Galindo, líder tianguista de la Agrupación Josefa Ortíz de Domínguez, pero bajo la operación de su hijo José Galindo Yamak, quien es sobrino de Norma Layón y de Guadalupe Yamak Taja, actual candidata a diputada local por el Distrito 7 con cabecera en San Martín Texmelucan.

De acuerdo a la planilla de regidores que acompaña a Norma Layón por la reelección, misma que dio a conocer el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), José Galindo Yamak aparece en el número 3 de dicha lista.

De acuerdo a fuentes del interior del Ayuntamiento, la alcaldesa con licencia dio este proyecto a uno de sus parientes a cambio de votos de un grupo de tianguistas.
Se tiene conocimiento de que los terrenos aledaños al paradero serán utilizados como un segundo tianguis exclusivo de la Agrupación Josefa Ortiz de Domínguez.

Ante esta situación los trabajadores del transporte foráneo del vecino estado de Tlaxcala, manifestaron su descontento, pues además de poner en riesgo su integridad al instalar una central de transporte en zona insegura, pretenden cobrarles 10 pesos cada vez que ingresen a recoger pasaje.

Desde un inicio Norma Layón ha apoyado el proyecto porque sabe que eso le representa algunos votos.

Cabe señalar que durante el cabildo del 2 de mayo de 2019, la regidora Angélica Salazar se opuso al proyecto argumentando que no se contaba con los permisos suficientes al ser una zona insegura y ni si quiera existía un atlas de riesgo, por lo que fue la única que se abstuvo de votar.