El Instituto Electoral del Estado (IEE) impedirá que en Puebla obtengan candidaturas los agresores sexuales, es decir, personas denunciadas por violación, acoso u hostigamiento sexual.
 
Así lo anunció la consejera electoral Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo, al participar este martes en el foro “Prevención de la Violencia de Género”, organizado por el capítulo Puebla de la Barra Mexicana Colegio de Abogados.
 
Como integrante de la Comisión de Quejas y Denuncias del IEE, advirtió que habrán tres condicionantes principales en los lineamientos para el registro de candidaturas.
 
Dos se encuentran en la ley desde julio, cuando se legislaron por el Congreso del estado, pero la referente a los agresores sexuales se estableció apenas por el instituto.
 
Esto tras las denuncias contra el senador de Morena y aspirante a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, quien se encuentra acusado de violación.
 
Cierran el paso a agresores
 
Gutiérrez Jaramillo enfatizó que se negará la candidatura a las personas denunciadas por delitos sexuales, como violación, abuso, violencia, acoso, ciberacoso u hostigamiento sexual.
 
Además por ley no serán postuladas las personas sentenciadas por violencia política en razón de género, es decir, quien cometió algún tipo de agresión contra alguna aspirante, precandidata, candidata o servidora pública.
 
Tampoco quienes hayan cometido violencia familiar o registren adeudos alimentarios hacia con sus hijos, a menos que los liquiden antes de registrarse como aspirantes.
 
La violencia política
 
Gutiérrez Jaramillo recordó que la ley reconoce 22 conductas como violencia política por razón de género, como realizar o distribuir propaganda que difame, calumnie, degrade o descalifique a alguna aspirante.
 
También difundir mensajes, imágenes, grabaciones o cualquier información privada con el propósito de desacreditar; amenazar o intimidar a alguna aspirante o su familia, así como impedir o restringir sus campañas o el ejercicio de sus cargos.
 
Ejercer violencia física, sexual, psicológica o simbólica; limitar o negar el uso de recursos o atribuciones propias de sus cargos, u obligarlas a renunciar al mismo también son actos de violencia política