El monto por presunto daño patrimonial de la cuenta pública de 2019 en el gobierno de Puebla suma 201.3 millones de pesos, reportó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Las irregularidades por 201.3 millones en Puebla se desprenden de 10 auditorías, en la que destacan el pago a presuntos docentes aviadores, 87 que murieron y 27 más comisionados del SNTE sección 23.

El órgano fiscalizador emitió 20 pliegos de observaciones y seis inicios de procedimientos sancionadores, ante las irregularidades de los usos de los recursos, que en caso de no solventar deberán devolverse junto con los rendimientos financieros generados desde el momento de su disposición a la Tesorería de la Federación. 

La información fue publicada en la tercera entrega de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2019 de la ASF, análisis que fue entregado este sábado a los diputados del Congreso de la Unión.

SEP pago a favoritos del SNTE y muertos

Las principales anomalías se encuentran en el pago de un monto de 15 millones 568 mil 597 pesos a 27 trabajadores comisionados a la Sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que dirige Alejandro Ariza Alonzo. Los docentes ocupan 27 plazas.

Otros 20 millones 357 pesos en la nómina de 62 trabajadores que no realizaron funciones destinadas a la educación básica y normal en sus 61 plazas. Las anomalías fueron en la "Subsecretaría de Educación Superior", "Dirección de Escuelas Particulares", "Dirección de Educación Superior" y "Dirección de Becas y Apoyos para la Promoción Académica".

También se pagó a docentes que pidieron licencia: un primer pago fue superior a los 3 millones 467 pesos para 43 trabajadores, y el segundo monto de 338 mil 364.17 pesos de 121 empleados.

Se presume un probable daño patrimonial por 857 mil 568.80 pesos por realizar 84 pagos a 38 trabajadores estatales después de su fecha de baja de la dependencia y 11 pagos a nueve trabajadores estatales que contaron con “licencia sin goce de sueldo”.

En la Secretaría de Educación Pública (SEP) también se hicieron pagos de salarios a trabajadores fallecidos.

Un monto superior a 2 millones 371 mil pesos a 76 trabajadores identificados como decesos  y otro más de 519 mil 509.82 pesos para otros 11 empleados. 

¿Y la capacitación de policías?

Aún falta por solventar 58 millones 313 mil 853 pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) por la impartición de cursos para personal policial, debido a que no se presentó evidencia de la formalización a los elementos.

Anomalías en obra pública

En materia de obra pública y drenaje, la federación detectó irregularidades superiores a los 38 millones 362 mil pesos. 

Las omisiones fueron, principalmente, por obras de pavimentación en las que no se respetó el proceso de licitación, terminación de las obras en el tiempo y forma de acuerdo, o bien, por la falta de documentación comprobatoria del contrato y de cancelación de facturas.

Destaca además comprobar el destino de 7 millones 227 mil 598 pesos de recursos del FISE 2019 destinados a ocho municipios.

Otras irregularidades

Asimismo, se estima un daño patrimonial por un monto de 3 millones 543 mil 342 pesos por los recursos otorgados a la Secretaría de Cultura para la realización de 69 proyectos culturales del Programa de Apoyos a la Cultura, en la vertiente de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC).

Otros 38 millones 114 mil 300 pesos por no presentar la documentación justificativa del gasto para la adquisición de equipo médico y de laboratorio, material eléctrico, mobiliario y equipo de administración, cursos de capacitación, y la aplicación de las evaluaciones de confianza.

Y por un monto de 156 mil 600 pesos por el pago de dos asesores externos especializados que excedió los montos mensuales establecidos en la normativa; además, por no presentar los contratos respectivos ni los comprobantes de los periodos en los que desempeñaron sus funciones en las escuelas del desarrollo de habilidades musicales mediante la Conformación de Orquestas Sinfónicas y Coros Infantiles y Juveniles.

Las investigaciones vs Secretaría de Desarrollo Rural

De acuerdo con el informe de ASF, las acciones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública del gobierno de Puebla realice las investigaciones son seis:

Cinco investigaciones son para la Secretaría de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, y al Fideicomiso denominado Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Puebla (FOFAEP) debido a que en el concepto Fortalecimiento de las Unidades de Producción Familiar no autorizaron 3 proyectos de inversión, y se contrataron 4 extensionistas adicionales a los formalizados.

“Asimismo, realizaron pagos por concepto de servicios de extensionismo, que corresponden a la planeación de 71 proyectos (…) la inversión se realizó hasta finales de marzo de 2020, mientras que los servicios de extensionismo se contrataron de noviembre de 2019 a marzo de 2020, situación que originó que las Unidades de Producción Familiar no contaran para la operación de los proyectos, y para implementar la propuesta tecnológica”, agrega otras dos averiguaciones.

Después porque al mes de febrero de 2020 informaron que únicamente aplicaron el 25.6% equivalente a 36,227.9 miles de pesos, “lo que evidencia la falta de planeación y oportunidad en la entrega de los apoyos económicos para la operación del Programa de Desarrollo Rural 2019”. No se ha esclarecido el monto de 105 mil 148 mil pesos.

La cuarta pide una investigación en la designación de contratos, los cuales se acusa se asignaron con objetividad e imparcialidad en 24 investigadores en el Proyecto de Desarrollo Territorial (Prodeter). No hubo convocatoria y los ganadores obtuvieron 4 mil 947 pesos sin cumplir los requisitos establecidos por la ley.

“La Auditoría Superior de la Federación emite a la Secretaría de la Función Pública a que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, reintegraron a la Tesorería de la Federación los recursos, por lo que no fueron utilizados en los objetivos del fondo”, agrega en la observación 2019-B-21000-21-1047-08-001.

Aclaración para el Congreso

La ASF pide al gobierno proporcione la documentación adicional y comprobantes de 18 millones 60 mil 810 pesos por concepto de gasto del capítulo 3000 (Servicios Generales) que ocupó el Congreso del Estado.