La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (CECSNSP) de Puebla no acreditaron la compra de equipo y cursos para policías en los que supuestamente gastaron 96 millones 428 mil 100 pesos.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) calificó el hecho como posible daño patrimonial en su tercera entrega de la fiscalización de la cuenta pública 2019, publicada el sábado.

El órgano emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, a fin de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigue las irregularidades y las sancione.

Las anomalías en la SSP y el CECSNSP corresponden al gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido y a los primeros cuatro meses del gobierno de Miguel Barbosa Huerta.

Cursos fantasma por 58.3 mdp

Del monto total, la ASF exhibió que 58 millones 313 mil 853 pesos se gastaron en supuestos cursos para capacitar a policías, pero no se comprobó la contratación.

El dinero se tomó del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), pero se adjudicó al gobierno del estado, no a la SSP ni al consejo, lo cual constituyó otra irregularidad.

“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 58,313,853.32 pesos (cincuenta y ocho millones trescientos trece mil ochocientos cincuenta y tres pesos 32/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación por destinar recursos del FASP 2019 para la impartición de cursos para personal policial, sin presentar evidencia de la formalización de un contrato o convenio de prestación de servicios, además que el gasto erogado se establece a nombre del Gobierno del Estado de Puebla, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, artículos 102, 103, 104 y 107”, ventila el informe de la ASF.

Compras irregulares por 38.1 mdp

Otro gasto que tampoco se comprobó fue por 38 millones 114 mil 300 pesos, para la compra de equipo médico y de laboratorio, material eléctrico, mobiliario y equipo de administración, cursos de capacitación, así como la aplicación de evaluaciones de confianza a policías.

“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 38,114,300.56 pesos (treinta y ocho millones ciento catorce mil trescientos pesos 56/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, por no presentar la documentación justificativa del gasto para la adquisición de equipo médico y de laboratorio, material eléctrico, mobiliario y equipo de administración, cursos de capacitación, aplicación de las evaluaciones de confianza, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 70, fracciones I y II”, advierte el informe.

Perdonaron penas por 757 mp

Por otro lado, la ASF advirtió un daño patrimonial de 757 mil 793 pesos cometido por la Secretaría de Infraestructura de Puebla, por no aplicar penas a varias empresas constructoras de 19 obras en diversos municipios.

Las obras se ejecutaron con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) y se concluyeron fuera del tiempo pactado, así que las empresas debían ser sancionadas, pero no fue así.

“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 757,793.14 pesos (setecientos cincuenta y siete mil setecientos noventa y tres pesos 14/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por no aplicar las penas convencionales de los contratos números OP/ADE/SIMT-20190004OP/LPN001/SIMT20190005 y OP/ADE/SIMT-20190476, debido a que no se terminaron las obras en el tiempo y forma de acuerdo a lo contratado”, exhibió la ASF.

Estas irregularidades se suman a los pagos de “aviadores” y personas difuntas que la Auditoría federal detectó en la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla.