El Congreso de Puebla no legislará la Ley Agnes o de identidad de género autopercibida antes del 15 de febrero, como acordó por escrito con feministas en diciembre.

Las comisiones a cargo ni siquiera tienen fecha para analizar las reformas, pese a las protestas que activistas han realizado esta semana y las que planean para la siguiente.

María del Carmen Cabrera Camacho, del Partido del Trabajo (PT), presidenta de Procuración y Administración de Justicia, reveló que apenas el miércoles recibió un "proyecto" del presidente de la Junta de Gobierno, Gabriel Biestro Medinilla, de Morena.

En entrevista la legisladora anunció que el documento aún se analizará en mesas de trabajo, pero no hay fecha para llevarlas a cabo.

Con esto dio por hecho que no se cumplirá el acuerdo que la Junta de Gobierno firmó con feministas para que liberaran el poder Legislativo tras 25 días en plantón.

Las mujeres tomaron el recinto el 24 de noviembre y lo entregaron el 18 de diciembre, a cambio de que, entre otras cosas, se legislaran la "ley Agnes" y la despenalización del aborto.

Con las reformas de identidad autopercibida se reconocerían en la ley géneros distintos al masculino y femenino; se daría certeza jurídica a las personas que decidieran cambiar de género y se reconocerían sus derechos.

Se conoce como "Ley Agnes" en memoria de la psicóloga y activista Agnes Torres Hernández, mujer transgénero que impulsó la legislación en Puebla desde la década pasada, antes de ser asesinada en 2012.

Los nueve integrantes de la Junta de Gobierno se comprometieron a legislar el tema en la primera quincena de febrero, pero cinco de los firmantes ya pidieron licencia o la pedirán en unos días para dejar su curul y buscar otro cargo.

Se trata de Gabriel Biestro Medinilla, de Morena; Mónica Rodríguez Della Vecchia, del PAN; Josefina García Hernández, del PRI; Armando García Avendaño, del PRD, y Carlos Morales Álvarez, quien firmó por Movimiento Ciudadano, aunque luego renunció al partido.

Alargan discusión
Cabrera Camacho argumentó que el retraso se debe a que su comisión ha analizado otros asuntos y el de la identidad de género requiere de un trabajo profundo.
 
Anticipó que tiene la intención de convocar a las mesas a grupos a favor y en contra, con el fin de que sean escuchadas "todas las voces".

"Se tiene que trabajar a fondo para que al final tengamos un dictamen bien hecho, no queremos algo al vapor. Si bien fue un acuerdo (con las feministas), la opinión de otros grupos también importa, si algo ha caracterizado a esta Legislatura es que todas las voces han sido escuchadas", refirió.

No ven prioridad
Mónica Rodríguez Della Vecchia, presidenta de la Comisión de la Familia y Derechos de la Niñez, confirmó que tampoco tiene fecha para analizar las reformas y consideró que no hay motivos para agilizarlas.

"Así como este tema, hay otras reformas que están rezagadas, igual de importantes y que también se nos piden, algunas dependen de nosotros y otras no, pero todos los temas son importantes y los iremos abordando", refirió.

Aunque es parte de la Junta de Gobierno, la legisladora panista fue la única de los nueve integrantes que no firmó el acuerdo con las feministas, pese a que la "ley Agnes" fue turnada a su comisión.

Reprueban retraso

Estefanía Rodríguez Sandoval, de Morena, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, reprobó que no se cumplan los acuerdos y se retrase más el análisis de su iniciativa.

Como su comisión también debe intervenir en la legislación, se dijo dispuesta a participar en la revisión del proyecto presentado por Biestro Medinilla, pues señaló que lo desconoce y no ha sido convocada a las mesas de trabajo.

Recordó que sus compañeros de la coalición Juntos Haremos Historia rompieron comunicación con ella a raíz de la toma del Congreso, ya que por respaldar públicamente la protesta fue señalada de organizarla.

Las reformas sobre identidad de género las propuso el 10 de junio del año pasado, además de que existen otras propuestas promovidas en pasadas Legislaturas.

Por ello demandó voluntad política a sus compañeros, escuchar el reclamo de la comunidad trans y cumplir con la legislación, puesto que es una promesa de los coordinadores de casi todos los partidos, con excepción del PAN.