En Puebla planean embargar los bienes de agresores de mujeres para garantizar la reparación del daño a las víctimas y su familia.
 
En el Congreso del estado se propuso este jueves una serie de reformas para que por ley se repare el daño material, moral o psicológico.
 
En la sesión ordinaria del pleno la diputada priísta Rocío García Olmedo planteó agregar un capítulo especial a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
 
En el artículo 57 Sexies contempla establecer el embargo en caso de que el agresor oculte o intente vender sus bienes para no cumplir con la reparación del daño.
 
“Para procurar la reparación del daño a las mujeres víctimas de violencia, el Ministerio Público deberá: I. Informar a la ofendida o víctima del delito, así como a sus derechohabientes, sobre el derecho que tiene a que se le repare el daño material y/o moral derivado de la comisión del ilícito, así como el procedimiento y alcance de la reparación del daño; II. Solicitar al juez competente el embargo precautorio de los bienes del probable responsable, cuando se tenga el temor fundado de que el obligado a la reparación del daño oculte o enajene los bienes para hacer efectiva dicha reparación”, advierte la iniciativa.
 
Aparte de la indemnización se busca que las víctimas tengan acceso a “medidas de rehabilitación”, como tratamientos médicos y psicológicos, así como “medidas de satisfacción”, para el restablecimiento de su dignidad y la garantía de que no vuelvan a padecer violencia.
 
En el artículo 57 Quinquies prevé además la investigación y sanción de servidores públicos que obstaculizaron o que con su negligencia violaron los derechos humanos de las víctimas.
 
La iniciativa de García Olmedo fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género (que ella encabeza) para su análisis y posible aprobación.
 
Se van 11 diputados
 
En la sesión también se otorgó licencia por tiempo indefinido a los diputados Raymundo Atanacio Luna, del PT; Emilio Maurer Espinosa y María del Carmen Saavedra Fernández, ambos de Morena.
 
Con ellos suman 11 legisladores que dejan el Congreso del estado con el fin de buscar otros cargos en la elección del 6 de junio.
 
Por otro lado, se aprobaron reformas a la Constitución Mexicana enviadas por la Cámara de Diputados para garantizar la nacionalidad mexicana a los infantes nacidos en el extranjero de padres mexicanos.
 
Otra reforma constitucional federal que se aprobó tiene como objetivo profesionalizar a los servidores públicos del Poder Judicial.