En Puebla se busca castigar con castración química a los responsables de violación, y prohibir que en un empleo se obligue a las mujeres a usar vestimenta que las sexualice.

En el Congreso del estado se planteó que la castración sea una pena adicional a las sanciones existentes de hasta 20 años de cárcel y multas de hasta 50 mil pesos.

La diputada María del Carmen Saavedra Fernández (de Morena) propuso este martes una iniciativa para reformar el Código Penal del estado.

Su intención es reformar los artículos 267, 268 y 272, en los cuales se establezca como castigo el tratamiento químico, que consistiría en aplicar mensualmente una inyección al sentenciado hasta casi desaparecer su producción de testosterona.

Con esto se inhibe el deseo sexual del paciente y se evita que en un futuro pueda reincidir en un ataque sexual.

Al exponer su reforma la legisladora del distrito 6 de Teziutlán enfatizó que esta medida ya se aplica como castigo en Estados Unidos, España y Corea del Sur, mientras que en Perú se planea aprobarla próximamente.

Su iniciativa se turnó a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para sus análisis y posible aprobación.

Buscan prohibir sexualización laboral

En otra iniciativa se planteó considerar como violencia laboral que en un empleo se obligue a las mujeres a utilizar vestimenta que las sexualice.

El diputado Miguel Trujillo de Ita, del PES, señaló que es común que en algunos empleos se exige a las mujeres utilizar vestidos, zapatillas o determinadas prendas de vestir como estrategia para atraer clientes.

Sin embargo, enfatizó que estas prácticas sexualizan a las mujeres, violentan sus derechos, replican estereotipos de género e incluso propician el acoso sexual, así que deben erradicarse.

Para esto planteó reformar el artículo 14 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de que dicha práctica se consideren violencia laboral, pueda denunciarse y sancionarse.

Chocan diputados por vacunas

Otra propuesta derivó en una discusión entre diputados, pues plantaba demandar al gobierno federal que permita la adquisición de la vacuna contra la Covid-19, a fin de que puedan acceder a ella quienes cuenten con los recursos necesarios.

El diputado sin partido Carlos Morales Álvarez refirió que con esta medida se salvarían más vidas, pues quienes puedan comprar la vacuna podrían hacerlo a la brevedad sin esperar que el gobierno los apoye.

Además, remarcó que mientras un sector pueda vacunarse por su cuenta, las autoridades podrán concentrarse únicamente en la población de escasos recursos, que a la vez se encuentra en mayor vulnerabilidad ante la pandemia.

Diputados de Juntos Haremos Historia rechazaron aprobar de inmediato su propuesta y la turnaron a comisiones, lo cual generó reclamos de la oposición, que denunció indolencia, omisión e incapacidad del gobierno federal y estatal para combatir el virus, así como la crisis económica.

Legisladores de Morena y PT defendieron la contención de la pandemia y rechazaron las acusaciones, además de que criticaron que las deficiencias del sistema de salud, la pobreza y la desigualdad social son resultado de los gobierno panistas y priistas.