Debido a que transitar por las carreteras y autopistas del país significa poner en riesgo la seguridad, la integridad y la vida, el senador del PAN, Juan Antonio Martín del Campo, pidió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a que, en conjunto con la Guardia Nacional y los gobiernos de las entidades federativas, garanticen la seguridad y el libre tránsito de las y los ciudadanos a través de estas vías de comunicación, ante el incremento de extorsiones derivado de la toma de casetas. 

Puntualizó, que en por lo menos 10 estados de la República Mexicana existe la presencia ilegal de grupos en carreteras y casetas que reciben el pago de automovilistas y choferes para poder circular, entre los que se encuentran Baja California, Sonora, Nayarit, Ciudad de México, Morelos, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Puebla y Oaxaca. 

El legislador albiazul señaló que según estimaciones de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial (AMCIV), desde 2018 a la fecha, el bloqueo y la toma de casetas en tramos carreteros de peaje ha generado pérdidas cercanas a los 3,500 millones de pesos. 

Sumado a las pérdidas económicas, aseveró, se encuentra otro factor negativo que deriva de esta situación, “que es el riesgo que corren las y los usuarios de los servicios carreteros en su seguridad e integridad física, ya que en ocasiones la cooperación para poder seguir transitando no es optativa, por lo que suelen ponerse agresivos y violentos con los automovilistas al punto de agredirlos verbal y físicamente, tal y como ha sucedido en carreteras del Estado de México, Guerrero, Morelos y Puebla”. 

“Este fenómeno no diferencia tramos administrados por la Federación, por las entidades federativas o por los particulares, es un problema que afecta al Estado mexicano, a los concesionarios y sobre todo a los usuarios de las vías de comunicación, quienes resultan ser los más vulnerables al estar en contacto directo con los grupos que de forma ilegal toman las casetas y exigen un cobro para seguir transitando, poniendo en riesgo su patrimonio y su integridad en caso de no hacerlo”, señaló. 

Martín del Campo, exigió que se necesita cumplir con la ley y fortalecer la vigilancia en estos puntos carreteros, logrando incidir de manera positiva en la confianza de los usuarios para que transiten en dichos tramos y sea mucho más segura la distribución y comercialización de productos, por lo que los beneficios que se tendrían al atender esta problemática irían en favor, tanto de los usuarios, como del propio gobierno, por lo que resulta fundamental atender dicha situación, más aún cuando existe un aumento en la toma de casetas derivado de la crisis económica y sanitaria provocada por el COVID-19”. 

La red carretera de un país, dijo, permite satisfacer las necesidades básicas de educación, trabajo, alimentación y salud; estas necesidades son las principales actividades de un país. Por ello, es estratégico desarrollar un sistema vial a través del cual se logre satisfacer no solo la obligación de viajar, sino también las necesidades esenciales de la población. 

Resaltó, que la infraestructura de transporte, y en especial las carreteras, son de significativa importancia en el crecimiento y desarrollo de un país. “La inversión en infraestructura resulta indispensable para el desarrollo económico y social de un país, ya que eleva la competitividad de la economía al satisfacer las condiciones básicas para el avance de las actividades productivas”, indicó. 

Apuntó, que contribuye a fortalecer a la industria nacional en sus procesos de producción, distribución y comercialización, haciéndola más productiva y competitiva, al crear carreteras, puertos, aeropuertos y telecomunicaciones para el transporte de mercancías, personas e información; al cimentar las instalaciones que suministren energía eléctrica, petróleo y gas, para proveer los energéticos requeridos; al erigir instalaciones turísticas que permitan el acceso de recursos económicos adicionales al país, una de las principales fuentes de ingresos para México, entre muchas otras.