En el Congreso de Puebla avanzó la reforma para castigar hasta con 6 años de cárcel a los servidores públicos que extorsionen transportistas de productos agropecuarios.

Por iniciativa del gobernador Miguel Barbosa Huerta la pena aplicaría también cuando las víctimas trasladen productos del campo o de primera necesidad.

La Comisión de Procuración y Administración de Justicia aprobó este miércoles la reforma, propuesta por mandatario morenista apenas la semana pasada.

Además de la pena de prisión se aplicarán multas de hasta 17 mil 376 pesos a los servidores públicos infractores.

Para esto se modificó el Código Penal del estado, a fin de que este tipo de extorsión se considere parte del delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal.

La nueva disposición se estableció en el artículo 419, donde actualmente se enlistan las 20 acciones u omisiones que constituyen abuso de autoridad.

La reforma consistió en agregar una fracción XXI que señale que también cometería abuso de autoridad:

“La o el servidor público que detenga y sancione u obtenga algún beneficio de los transportistas y conductores de vehículos que productos del campo, agropecuarios, así como los de primera necesidad”.

Para que la reforma se promulgue y entre en vigor deberá ser ratificada en una votación en el pleno en la sesión ordinaria de la próxima semana.

La semana antepasada Barbosa Huerta emitió un decreto con el cual prohibió a los agentes de Vialidad estatal detener a los transportistas de productos del campo.

Su decreto consistió en modificar el artículo 18 del reglamento interior de la Secretaría de Seguridad Pública, para establecer que los agentes no podrán “detener y sancionar a los vehículos que transporten productos del campo, agropecuarios, así como de primera necesidad”.

“El servidor público que no acate la disposición anterior, será suspendido, investigado y dado de baja por atentar contra las colectividades históricamente excluidas por la situación de pobreza”, sentenciaba el acuerdo.