En Puebla buscan que las sindicaturas municipales puedan otorgar protección a mujeres víctimas de violencia.

En el Congreso del estado se presentó una iniciativa para que todos los municipios puedan liberar órdenes de protección, pues actualmente solo las otorgan la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Judicial.

Con esto se busca que las víctimas de violencia sean resguardadas por la policía de forma inmediata, no hasta que acudan a alguna sede de la FGE o del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

La propuesta impulsada por la diputada Mónica Lara Chávez (del PES) pretende que las órdenes sean liberadas sin necesidad de que la víctima ratifique su denuncia.

Las sindicaturas estarían obligadas a conceder la protección incluso a raíz de un reporte o noticia en medios de comunicación sobre una agresión.

Para eso se propone modificar la fracción XVIII del artículo 100 de la Ley Orgánica Municipal, para que establezca como deber y atribución de los síndicos:

“Decretar órdenes de protección previa denuncia, reporte o noticia de violencia en contra de las mujeres, la cual no obedecerán a formalidades especiales pudiendo ser notificada por cualquier medio y no requerirá ratificación por parte de la mujer violentada. Las órdenes de protección deberán estar debidamente fundadas, motivadas y deberán ser ejecutadas inmediatamente con el auxilio de la Policía Preventiva Municipal”.

La iniciativa de Lara Chávez fue turnada a las comisiones de Igualdad de Género y de Asuntos Municipales.

No prescripción en pornografía

En otra iniciativa se planteó hacer que la pornografía infantil no prescriba y se persiga sin importar el tiempo que transcurra entre la comisión del delito y la denuncia de la víctima.

La propuesta es de la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, quien busca reformar el artículo 128 Bis del Código Penal del estado, para incluir lo referente a la pornografía y diga: 

“La prescripción para cualquiera de sus efectos será improcedente para los delitos de violación, feminicidio, homicidio doloso, desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y pornografía de menores e incapaces”.

Su propuesta se turnó a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y posible aprobación.