Con la devolución voluntaria de sus patentes y la posterior anulación de las mismas, el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta exoneró de consecuencias legales a 18 ex notarios que fueron beneficiados durante el sexenio de Rafael Moreno Valle.

A los 18 ex fedatarios que ya no enfrentarán acusaciones penales hay que sumar dos casos que no presentan irregularidades en sus nombramientos, por lo que en total serán 20 los ex notarios a quienes no se fincarán responsabilidades penales.

En octubre de 2019, el gobierno de Barbosa inició una investigación sobre la creación y asignación de las 29 notarías, al asegurar que eran operadas por prestanombres y que algunos titulares incurrieron en los delitos de uso indebido de documentos, falsedad de declaraciones y asociación delictuosa.

Perdonan a morenovallistas

Este lunes, el gobernador indicó que se eximirá de consecuencias legales a quienes entregaron de forma voluntaria los nombramientos de notarios que recibieron durante el morenovallismo.

En entrevista posterior a la visita que realizó en el municipio de Nealtican, Barbosa recordó que esos nombramientos ya fueron revocados, lo que se hizo oficial a través de publicaciones en el Periódico Oficial del Estado.

Explicó que son 18 los casos en los que los ex notarios decidieron entregar de forma voluntaria sus patentes, por lo que aún faltan siete decretos por emitir pero los ahora ex titulares pidieron plazos de gracia para que ello ocurriera.

Por otra parte, fue cuestionado sobre la aseveración que hizo hace 15 días, en el sentido de que en “uno o dos casos” de los 29 en revisión, se trataba de notarías que fueron creadas sin anomalías, pero no reveló quiénes son los titulares de las mismas.

Los 11 nombramientos revocados

Los 11 nombramientos que ya fueron revocados y cuyos titulares fueron exculpados de consecuencias legales, son los siguientes:

Luis Antonio Nava Garzón como titular de la notaría pública número siete de Tepeaca, que el gobierno de Barbosa acusó en octubre que era operada por el exdiputado local y hoy alcalde de Tepeaca, Sergio Salomón Céspedes.

El 14 de agosto en el Periódico Oficial del Estado fueron publicados los decretos para revocar los nombramientos de Patricia Leal Islas y Manuel Pozos Cruz, como titulares de las notarías 7 de San Andrés Cholula y 2 del municipio de Libres.

Leal Islas fue una de las principales colaboradoras y operadoras políticas de Moreno Valle, pues durante su sexenio se desempeñó como contralora estatal. Posteriormente, en 2015 fue diputada local y en febrero de 2017 rindió protesta como senadora. En ambos cargos fue postulada por el PAN.

Por su parte, Pozos Cruz se desempeñaba como diputado local por Movimiento Ciudadano, cuando en 2017 el entonces gobernador Rafael Moreno Valle le otorgó la patente de una notaría.

Las otras patentes que ya fueron revocadas de forma oficial, son las de la notaría pública número 6 del distrito Judicial de Cholula que estaba a cargo de Alejandra Maupomé Cagigal, quien es esposa del ex secretario de Finanzas, Roberto Moya Clemente.

Otro caso es el de la notaría pública número 10, del distrito judicial de Tehuacán, expedida a nombre de Alejandro Julián Rosas Moro.

Lo mismo ocurre con la notaría pública número 12, del distrito judicial de Tehuacán, a nombre de Flor de Naranjo Tirado Alejo. Aunque de acuerdo con el gobierno del estado, la fedataria en realidad era operada por ex diputado local por Nueva Alianza Cupertino Alejo Domínguez.

La patente de la notaría pública número dos de Tepexi, expedida a nombre de Gabriela Montoya del Río, también fue revocada. Según la administración estatal, la oficina en realidad estaba a cargo de Aurelio Hoyos Flores.

Además revocó la patente de la notaría pública número cinco del distrito judicial de Tepeaca, expedida a nombre de María Dolores Martínez Barradas, así como la de la notaría número 8 del mismo municipio, que estaba a cargo de Beatriz del Rosario Triana González pero que según el gobierno del estado era operada por el exdiputado Mario Rincón González.

Otro caso es el Yesenia Bonilla Pérez que era titular de la notaría pública número 2 de Tetela, pero según refirió el gobierno del estado era operada por Noé Ronquillo Cuevas.

Así como la notaría pública número cuatro de Tecamachalco que fue entregada a Juan Carlos Tapia Santander pero que presuntamente estaba a cargo de la ex diputada federal Lilia Arminda García Escobar.