Tras no obtener el registro de partido político, el Movimiento Antorchista Poblano (MAP) anunció que se sumará a una alianza con fuerzas políticas de oposición, con el fin de derrotar a Morena en las elecciones de 2021.

El dirigente estatal Juan Celis Aguirre confirmó este jueves que la alianza se cocina tanto a nivel estatal como nacional, aunque no precisó con qué partidos hay negociaciones.

Acusó que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Miguel Barbosa Huerta intervinieron en la última sentencia del TEPJF, que el miércoles negó de forma definitiva la formación del partido antorchista, por lo cual declaró la guerra electoral contra Morena y sus aliados.

“Antorcha no se quedará cruzada de brazos y desde hace meses ha comenzado a trabajar en una alianza nacional y estatal, para derrotar a Morena el próximo año”, advirtió.

Por el gran número de antorchistas que hay en el estado, presumió que su participación será determinante para ganar la mayoría del Congreso y los ayuntamientos a la coalición Juntos Haremos Historia.

“En Puebla somos 350 mil antorchistas y todos sabemos que nuestra lucha electoral será definitiva para quitarle el poder a los morenistas y hacer del estado un lugar de progreso, porque el gobernador Barbosa solo ha generado desempleo, crisis, hambre, inseguridad y muchos males más, pero con la alianza, eso se acabó”, sentenció.

Acto de represión, sentencia del TEPJF

Celis Aguirre calificó de “represión” el fallo con el que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) negó el registro al MAP.

Insistió que su agrupación cumplió con todos los requisitos de ley, pero que desde el gobierno hubo la instrucción de frenarla.

“El bloqueo al MAP no tiene que ver con violaciones a la ley, se trata de un bloqueo desde el partido que gobierna a Puebla y a México: Morena. Todos, desde el IEE hasta la sala superior del TEPJF, tenían la orden de parar el proceso de formación de un nuevo partido político. Eso afecta el derecho de asociación constitucional y los derechos humanos, por eso es una ilegalidad que, sin estudiar el asunto, lo hayan desechado”, acusó.

El exdiputado federal negó que se hayan cometido ilegalidades o incumplido los requerimientos, como afirmó el tribunal.

“Dicen que no reportamos gastos, que cambiamos de nombre ilegalmente, pero todo eso es falso. Nosotros, ante el Instituto Electoral del Estado (IEE), validamos cada acción, informamos los gastos realizados y la fiscalización, el cambio de nombre se hizo de manera legal y cumplimos con el número de afiliados y de asambleas pedidas”, expresó.

Por lo anterior denunció que el fallo del tribunal es una muestra de que los actuales gobiernos someten a las instituciones “para dictarles lo que deben hacer”.