Las cuentas públicas de exalcaldes que por más de diez años no se han dictaminado fueron rezagadas de forma intencional, para darles un uso político, acusó el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Romero Serrano.

Tras conocerse que hay estados financieros desde 2007 que no han sido resueltos, el auditor denunció que sus antecesores retuvieron en su momento las sentencias, para después usarlas para presionar o extorsionar a alcaldes, rectores de universidades o titulares de órganos.

En entrevista señaló que detectó este rezago tras su arribo a la ASE en noviembre de 2019, pero sostuvo que ya lo atiende para que por fin tengan resolución las cuentas públicas.

En muchas de ellas —afirmó— no hay antecedentes de fiscalización, es decir, que de plano ni se hizo un intento por auditarlas desde que fueron enviadas por los sujetos de revisión.

Se dijo desconcertado por esta situación y por ello anunció que la ASE comenzará a analizarlas desde cero, incluso las más antiguas, como si apenas se hubieran recibido.

Como esto representará más trabajo para el organismo que encabeza, sostuvo que se abrirán 60 plazas eventuales solo para atender el rezago, pues insistió que ya estaba en planes solventarlo.

Pese a que algunas cuentas públicas son de 2007, 2008 o 2009, afirmó que aún no vence “la caducidad” para dictaminarlas, por lo que descartó algún incumplimiento legal por parte de la ASE.

Sin precisar el tiempo que tomará la fiscalización, desdeñó que le pandemia de Covid-19 obstaculice la labor, pues dijo que el personal labora desde su casa.

Sin retrasos para auditar

Por lo mismo negó que las auditorías de las cuentas públicas 2018 y 2019 sufran afectaciones, ya que garantizó estar “en tiempo y forma”, gracias a que el Congreso del estado otorgó una prórroga.

Recordó que la ASE solicitó la extensión incluso antes de la contingencia sanitaria, tomando en cuenta el rezago que había.

Con la ampliación, los dictámenes que tenían que entregarse en marzo de 2020 se podrán entregar en septiembre, e insistió que hasta ahora la fiscalización transcurre sin contratiempos.

e-consulta informó el domingo que al menos 154 exfuncionarios de Puebla esperan que la Auditoría Superior del Estado (ASE) emita una resolución de sus cuentas públicas, en las que incluso se imputan daños patrimoniales de hace 13 años.

Entre los acusados se encuentran exfuncionarios que ya hasta murieron, mientras que otros ejercen un cargo actualmente aunque enfrentan procesos por presuntas irregularidades.