Aunque no se junten las 14 firmas para impugnar la Ley de Educación, diputados del PAN promoverán la acción de inconstitucionalidad en la SCJN de manera simbólica, como un mensaje de protesta.

Así lo adelantó este martes Oswaldo Jiménez López, al reconocer que solo 13 diputados apoyaron el recurso que se presentará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en las próximas horas.

En rueda de prensa por internet aseguró que el plazo para impugnar no venció el pasado 18 de junio, ya que el máximo tribunal extendió los plazos debido al Covid-19.

Aunque admitió que aún no se concreta otra firma, anunció que el juicio se promoverá, incluso sin el aval necesario, solo para dar muestra de que hay una “oposición organizada” en el Congreso local.

El legislador reclamó que la norma fue aprobada “al vapor” por la coalición Juntos Haremos Historia y tiene muchos aspectos que se deben invalidar.

Reprochó que no se tomó en cuenta la opinión de las escuelas y universidades, lo cual dio como resultado una legislación ambigua y excesiva.

No es conspiración

Jiménez López enfatizó que promover la acción de inconstitucionalidad no es una “conspiración” contra el gobierno estatal, sino un derecho de los diputados para mostrar su desacuerdo con la Ley de Educación.

Ante la posibilidad de no reunir las 14 firmas, agradeció el apoyo de las bancadas del PAN, PRI, MC y CPP por sumarse a la impugnación, además de que afirmó que aún se busca la adhesión de otros legisladores.

De acuerdo con la Constitución Mexicana, para la presentación de una acción de inconstitucionalidad se requiere el aval de al menos el 33 por ciento de una Legislatura local, es decir, 14 de los 41 diputados en el caso de Puebla.

Sin precisar el motivo por el que la fracción del PRD rechazó adherirse al recurso, Jiménez López negó que hayan existido presiones o un intento de coacción para obligarlos, como trascendió.

Confirmó que hubo varias reuniones con los legisladores para cabildear el apoyo, por eso en el documento ya estaban los nombres de Liliana Luna Aguirre y Armando García Avendaño, aunque al final se echaron para atrás.

A pesar de esto insistió en que se enviará el documento a la Corte aunque falte una firma, ya que con esto se mostrará que hay un contrapeso al gobierno de Barbosa Huerta, a Morena y a sus leyes.