El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, consideró preocupante la situación que se vive en Puebla en materia de libertad de expresión, donde “periodistas han sido sometidos a demandas civiles desproporcionadas o estratégicas con un efecto que posiblemente sea silenciar la crítica y el rol del periodismo.”

Organizaciones de la sociedad civil, periodistas y representantes de la UNESCO y de ONU-Derechos Humanos han llamado su atención sobre la persecución gubernamental de la que han sido objeto medios de comunicación poblanos, así como por la propuesta de “algunos dirigentes como el propio presidente del Congreso del Estado (Gabriel Biestro Medinilla) que han ingresado algunas normas penales para sancionar la desinformación o las noticias falsas y es algo con lo que debemos tener mucho cuidado.”

Así lo expuso en alusión al acoso judicial del que es objeto el portal digital e-consulta y su director Rodolfo Ruiz Rodríguez por parte del diputado local y funcionarios estatales, así como la iniciativa para castigar con cárcel la difusión de noticias falsas que presentaron los legisladores Biestro Medinilla y Nora Merino Escamilla.

En su participación dentro del seminario digital “Pandemia, democracia y derechos humanos: Proteger la libertad de expresión e informar en tiempos de pandemia” organizado por la Oficina de la UNESCO en México, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información (INAI),  el relator advirtió el riesgo que implica confundir la desinformación deliberada con la información periodística que genera el debate público y la crítica.

“Si hay un periodista que publica algo falso sabiendo que lo es, la respuesta civil ya está prevista en un ordenamiento jurídico, pero cuando nos referimos a desinformación deliberada, hablamos de insertar por intereses económicos o políticos de personas que no se identifican, información que notoriamente es un bulo, es falsa o no guarda ninguna relación con el debate público y con la verdad.”

En ese sentido, garantizó que la mejor respuesta del Estado es más información pública, de mayor calidad y mucho más accesible, además “los funcionarios públicos tienen un deber de garantía y de respeto y no es que no tengan libertad de expresión, tienen el derecho a expresarse y a criticar a los medios, pero al hacerlo deben guardar determinada rigurosidad y fijarse en su discurso porque puede generar un efecto mayor.”

Cabe agregar que apenas el 6 de mayo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) demandó al Congreso de Puebla rechazar la iniciativa para castigar con cárcel la difusión de “noticias falsas” y derogar la ley vigente sobre los medios de comunicación. 

Sin embargo el presidente del Poder Legislativo advirtió que sigue en pie su reforma a pesar del rechazo del organismo internacional y sólo accedió a corregir el proyecto de ley.

Situación de violencia contra periodistas en México

Al analizar la situación que viven los periodistas en nuestro país, Edison Lanza, reconoció que se deberá dar seguimiento al reporte que presentó al gobierno de México junto con el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, David Kaye, ya que es una hoja de ruta para abordar los” desafíos que antes de la pandemia México enfrenta en materia de libertad de expresión, libertad de prensaacceso a la información acceso a internet. 

El relator especial de la CIDH afirmó que México tiene que avanzar en el fortalecimiento del Programa de Protección para Periodistas y brindarle recursos suficientes, generar mecanismos de prevención y alerta temprana en algunos estados que tienen mayor grado de violencia con la coordinación a nivel local; y con la necesidad de promover un discurso que fortalezca el rol del periodismo y de la democracia mexicana.

Al respecto, condenó las amenazas contra el diario Reforma y lanzó un llamado a reforzar la prevención y la protección de medios nacionales. Agregó que en los últimos meses  diferentes autoridades han criticado la actuación de la revista Proceso, y puso sobre la mesa el caso de Notimex, la persecución que han enfrentado periodistas como Carmen Aristegui y condenó también el homicidio del periodista Jorge Armenta y de una persona asignada a su custodia.

Pandemia y cobertura informativa

Edison Lanza advirtió el reto que viven las y los periodistas en la cobertura de la pandemia por COVID-19. “Hemos tenido que lamentar el fallecimiento de periodistas que contrajeron el coronavirus en Perú y en Ecuador, y por tanto es un tema que hay que prestarle atención en materia de prevención”.

Asimismo señaló que la emergencia de la pandemia ha generado nuevos desafíos en todos los países sobre la situación de la libertad de expresión, sin embargo en materia de acceso a la información pública mencionó que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información (INAI) ha jugado un papel muy importante dando prioridad a los pedidos de información relativos a la situación de pandemia, al uso de recursos públicos y los mecanismos de transparencia activa.

“El derecho de acceso a la información pública es otro de los asuntos que ha surgido nuevamente como un tema no sólo del derecho de cada persona a estar informada sino con el vínculo central de la salud humana. Sin información completa y fidedigna es muy difícil que las personas tomen decisiones y calmen sus propias ansiedades por estar aisladas, y  que se pueda seguir la evolución de la respuesta estatal a esta enfermedad.”

Una de las amenazas que el relator sugirió fue que los diferentes gobiernos han reaccionado y tomado medidas muchas veces excepcionales, por lo que se debe evitar perder las libertades, que son fundamentales en este momento. El rol del periodismo va orientado a informar sobre la situación, sobre la evolución de la enfermedad,  la respuesta del Estado y la actuación de los funcionarios públicos.

Desafíos de la libertad de expresión en México

El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que nunca ha sido fácil el vínculo entre las autoridades de gobierno a nivel federal o local y el periodismo en México.

“Se debe dar pasos hacia una madurez en ese tipo de relación que implica diferentes aspectos: El discurso oficial frente a los medios y la regulación de la publicidad oficial de manera clara y transparente para que haya un periodismo que pueda ser independiente y que no sufra represalias.”