Con el mes de junio como plazo para impugnar la Ley de Educación de Puebla, la Federación para la Defensa de Escuelas Particulares (FEDEP) anunció que interpondrá un juicio de amparo ante los juzgados de distrito del Poder Judicial de la Federación con la finalidad de que se declare como inconstitucional, esto en beneficio de las más de 25 escuelas afiliadas en Puebla.

En entrevista con este medio, el coordinador jurídico de FEDEP, Jesús González, indicó que se tiene un plazo de 30 días para impugnar la nueva Ley de Educación en Puebla que fue aprobada el pasado 15 de mayo y que entró en vigor el día de ayer, por tanto se encuentra en el día uno, sin embargo derivado de pandemia los tribunales federales se encuentran cerrados.

"El plazo de 30 días a partir de que la ley entra en vigor la ley entró en vigor a partir del 19 (de mayo), por tanto el día uno es a partir del día de hoy y normalmente lo que hacemos es preparar todas las demandas y las estaremos presentando, yo calculo en un par de semanas, también estamos un poco sujetos a que reabran los tribunales, como usted sabe con motivo de la pandemia se encuentran suspendidos y únicamente están emitiendo juicios que el Poder Judicial Federal estima urgente", precisó.

Señaló que no hay fecha definida para abrir los tribunales, sin embargo se tiene previsto que inicien actividades el 1 de junio, pero como todavía no es oficial, los plazos para presentar estas demandas variarán pero se estima que se tiene todo el mes de junio para iniciar el juicio de amparo para que se declare la ley como inconstitucional y se deje de aplicar.

"Yo creo que de la segunda o tercera semana estaremos presentando las demandas. Necesitamos recopilar algunos documentos, recabar firmas de los representantes y presentar las demandas ya que hay varias modalidades de hacerlo, se puede presentar en físico o internet, pero ya en su momento lo valoraremos de cuál es la mejor manera y ya procederemos, pero debemos esperar el lapso", explicó.

Jesús Gutiérrez indicó que la FEDEP es una organización con presencia nacional desde hace más de una década. Es una asociación que se dedica a brindar servicios a escuelas particulares de toda la república y actualmente tiene más de 500 afiliadas en todo el país y más de 25 corresponden al estado de Puebla, aunque se suman más buscando asesoría ante la nueva ley.

Precisó que la Federación brinda diversos servicios a las escuelas particulares, principalmente de representación legal, en este sentido explicó que la FEDEP es la única asociación que lleva a cabo esta función, pues aunque hay otras agrupaciones que simplemente dan asesoría y capacitación, pero no como a defender legalmente a los colegios.

El abogado detalló que la Federación está monitoreando todas las reformas legislativas locales, el año pasado se publicó la nueva Ley General de Educación y lo que se previó es que la legislatura de los estados iba a tener que actualizar su legislación educativa para armonizarla con la Ley General y se le dio un plazo para que lo llevaran a cabo, que es un plazo de 180 días, y es por eso que ahora todos los congresos locales están llevando a cabo su proceso de adecuación.

Impugnación se centrará en modificaciones patrimoniales

Respecto a la Ley de Educación en Puebla, explicó que se emitió en el contexto de cumplir con el mandato de la Ley General, por lo que la FEDEP otorga la representación de todos los colegios de la república agremiados desde que salió de la ley que se publicó el 30 de septiembre del año pasado, por lo que la analizaron y determinaron que jurídicamente hablando tiene una cantidad importante irrelevante de violaciones a la constitución.

"Los colegios asociados a la Federación pueden defenderse e interpusimos juicios de amparo en contra de la Ley General. Ya sabíamos que por mandato se iban a hacer adecuaciones a las leyes locales y estamos justamente trabajando en la parte correspondiente. En ese sentido, cuando viene la ley de Puebla, desde que estaban las iniciativas se presentaron al menos dos y desde que estaban ahí, las estudiamos y ahora que la ley ha sido publicada y que está en vigor, tiene diferentes problemas en nuestro nicho que son las escuelas particulares y en ese sentido ya estamos prácticamente con la demanda lista", explicó.

Agregó que es una ley bastante  descuidada y el que la lea, no siendo abogado, tiene errores hasta de redacción, palabras que están fuera de lugar, pero más allá del descuido en término de materia educativa, que evidentemente es un servicio público a cargo del estado, lo que la ley tendría que hacer es coordinar un sistema educativo nacional y estatal.

Asimismo explicó que en esta nueva ley no solo se incorporan las instituciones sino sus bienes al sistema educativo, y eso implica su patrimonio. Explicó que las leyes hablan de que incorpora los bienes muebles e inmuebles pero cuando se hablan de bienes inmuebles, precisó que no hay justificación para que el estado incorpore el patrimonio de las escuelas privadas al sistema educativo de Puebla.

"Están hablando de todo y ¿para qué? ¿Qué sentido tiene incorporar el patrimonio al sistema? No lo sabemos, el problema con la ley es que siempre están sujetas a interpretación, tenemos una ley que dice algo ambiguo. No hay ninguna justificación para incorporar el patrimonio de las escualos privadas al sistema educativo del estado de Puebla, esto creo que es tema que llama mucho la atención y amerita una defensa judicial y trae algunos temas que nos parecen interesantes, como que no se pueden usar libros distintos a los que proporciona la SEP y trae una prohibición o impone el uso obligatorio de uniforme u otros tipo de materiales", expuso.

Agregó que en el tema de las becas siempre ha existido, pero ahora lo sacan a colación porque es algo que las escuelas no están acostumbradas a visualizar como un problema y en el caso de la ley, genera obligación de dar el 5 por ciento de becas, únicamente a escuelas particulares les imponen esta obligación que es ilegal pues deja fuera los ingresos de cada colegio.

El abogado explicó que una parte importante es que trae atribuciones a que los padres de familia para que puedan inconformarse ante la Secretaría de Educación por el aumento de cuotas, que ellos consideren abusivos, a lo que dijo que esa función tampoco existía y en ese punto en particular, en la Ley General, se incluyó un apartado de atribuciones de verificación que no existía.

"Hay otras que llama la atención pero no nos repercute tanto como el hecho de establecer  los colores de la instalaciones educativas y algunos otros detalles que no son tanto de nuestro interés. Las que nos parecen relevantes son las patrimoniales y que permiten una incidencia, no solo en el manejo de bienes inmuebles sino en su manutención, o en el hecho que los padres de familia se puedan quejar por el aumento de colegiatura", explicó.

Finalmente indicó con las leyes deben saber qué es lo qué puedes y no puedes hacer y entonces tan pronto se emitió una ley se tiene un periodo de tiempo muy breve para que se diriman conflictos de si está bien o no está bien hecha, y en caso de que no sea así deben impugnarse a partir de su entrada en vigor.