El aumento en la carga de trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la contingencia sanitaria del Covid-19 derivó en que se pospusiera una resolución programada para este miércoles que podría afectar los derechos de población indígena de Cuetzalan que desde 2015 se opone a la operación de una mina.

De acuerdo con lo determinado este miércoles por los magistrados de la Segunda Sala, ese y otros procesos agendados para hoy serán resueltos de forma tentativa el 20 de mayo en que se prevé, vuelvan a sesionar.

El proceso es el 928/2019 y deriva de recursos legales que en 2015 promovieron integrantes de Consejo Maseual Altepetajpianij, contra permisos autorizados por la Secretaría de Economía para que la Minera Autlán explore y explote minas en Cuetzalan.

Entre los argumentos de los quejosos destaca que los trabajos de exploración ya habían avanzado al momento de entregar los permisos y que se violó el derecho de la población indígena a la consulta previa, libre e informada.

La resolución pendiente en la SCJN fue propuesta por el ministro Javier Laynez Potisek y defiende que el contenido de la ley minera que favoreció los permisos, no se vincula directamente con los intereses y los derechos de los grupos indígenas.

La defensa del magistrado a la actividad minera y sin considerar afectaciones a la población ha generado que académicos y organizaciones como Fundar, Amnistía Internacional Capítulo Puebla y el Consejo Tiyat Tlali encabecen campañas para evidenciar el sesgo de Laynez Potisek.

Los activistas argumentan que de aprobarse la resolución del magistrado, no sólo se verían afectados los habitantes de Cuetzalan a los que se les violaría los derechos de una comunidad indígena, sin que se abre la posibilidad de que los mismos criterios se apliquen para otras minas en México.