La nueva Ley de Educación que impulsa el gobernador Miguel Barbosa Huerta busca obligar a las universidades públicas como la BUAP a ceder a las auditorías de la ASE y que la Secretaría de Educación regule las cuotas de escuelas privadas.

La iniciativa enviada por el mandatario de Morena señala en su artículo 121 que el Ejecutivo propondrá la asignación de recursos para cada uno de los niveles de educación a cargo del estado, pero advierte que las universidades públicas ahora deberán cooperar en su fiscalización y, si hay alguna anomalía, se fincarán responsabilidades.

“Las instituciones públicas de educación superior colaborarán, de conformidad con la ley en la materia, con las instancias fiscalizadoras para verificar la aplicación de los recursos que se le destinen derivados de este artículo.

En el caso de que tales recursos se utilicen para fines distintos, se estará a lo previsto en la legislación aplicable sobre las responsabilidades administrativas, civiles y penales que procedan”, señala el artículo.

Bajo la premisa de que esto podría usarse con fines políticos, el PRI buscará eliminar del dictamen los dos párrafos citados.

De acuerdo con el proyecto de correcciones que se elaboró tras una mesa de trabajo, el diputado Javier Casique Zárate (único priísta en la comisión), exigirá cambiar el artículo para que establezca que el gobernador tendrá la obligación de asignar el presupuesto, pero excluir lo referente a la fiscalización de las universidades públicas.

Lo anterior tras el reciente conflicto entre la BUAP y la Auditoría Superior del Estado (ASE), ya que el órgano que encabeza Francisco Romero Serrano pretendía fiscalizar recursos federales y la institución se negó.

Barbosa Huerta envió su nueva Ley de Educación apenas el lunes y sería aprobada por la Comisión de Educación este miércoles a las 6 de la tarde, pero de última hora la sesión se pospuso para el jueves a las 9 de la mañana.

Quieren injerencia en cuotas

El artículo 146 del proyecto de ley también faculta a la Secretaría de Educación del estado para tener injerencia en las cuotas de las instituciones privadas, pues señala que, a petición de los propios alumnos o tutores, la dependencia podrá investigar si los cobros son excesivos o injustificados.

“Derivado de las acciones de vigilancia, si las autoridades respectivas identifican que los particulares han aumentado los costos en la prestación de los servicios educativos sin apego a las disposiciones aplicables en la materia, darán aviso a las autoridades competentes para los efectos a los que haya lugar”.

De hallarse irregularidades, las escuelas podrían ser sancionadas con multas de hasta 1 millón de pesos, la cancelación de sus permisos para impartir determinadas carreras o incluso con la clausura definitiva.

El PRI advirtió que esto generaría una sobre regulación e incluso una invasión de atribuciones, ya que los costos son regulados actualmente por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Por ello Casique Zárate también pedirá suprimir esta facultad, por considerar que podría generar conflictos jurídicos y confusión.

Exigen desechar injerencia en inmuebles

El proyecto de correcciones de la comisión también incluye la petición de eliminar de los artículos 12 y 105 que los bienes muebles e inmuebles de las escuelas particulares sean declarados parte del Sistema Educativo Estatal.

Esto bajo la advertencia de que daría lugar a una injerencia del gobierno del estado en propiedad privada.

Quieren transporte para discapacitados

Otra propuesta es que el gobierno del estado habilite un sistema de transporte para menores discapacitados.

Para ello la diputada Cristina Tello Rosas (de Morena), plantea agregar una fracción VII al artículo 55, que diga:

“En las medidas y posibilidades de la SEP, brindar apoyo con transporte escolar para los niños con discapacidad”.