Tanto el colector pluvial de Ciudad Textil como el gasoducto del Plan Integral Morelos (PIM) están relacionados pues ambos buscan beneficiar a empresas sin considerar los daños al medio ambiente.

Así lo aseveró Miguel López Vega, integrante del Frente de Pueblos en la Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla, Tlaxcala y Morelos, considerado el primer preso político del gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta.

"Las consecuencias de la represión siguen; las consecuencias de la imposición del proyecto; el desprestigio sigue, la persecución sigue y los encarcelamientos siguen", dijo en entrevista.

Al hacer un recuento de lo ocurrido en el primer año tras el asesinato de Samir Flores Soberanes, opositor al PIM asesinado en Morelos, López Vega  recordó que de ese hecho se han querido aprovechar para hacerlos desistir de la protesta.

Una de esas amenazas se registró a finales de 2019 cuando una de las conductoras de la radio comunitaria recibió mensajes en WhatsApp en donde le advertían que debía frenar su activismo.

"Tenemos las fotos del Whats en donde le dicen que le van a arrancar los dientes, uno por uno, si sigue de chismosa, cerrando carreteras y apoyando al pueblo", detalló.

La segunda amenaza se registró el 20 de septiembre pasado durante una reunión para revisar las afectaciones que un sindicato de transportistas dejó en un ejido de Juan C. Bonilla.

En el lugar, una persona que se identificó como Raúl Morales y representante de las armadoras Volkswagen y Audi,  amenazó a pobladores en el contexto de lo ocurrido con Flores Soberanes.

"Él dijo: pues ya mataron a uno de Morelos, falta uno de Puebla. Y ya va a echarse a andar el gasoducto. Fue así de frente", recordó.

Luego de estas amenazas vino la detención del propio López Vega en enero pasado por su oposición a la construcción del colector y por supuestos daños, así como el inicio de investigaciones contra otros cinco opositores.

En el marco del aniversario del asesinato de Samir Flores, los integrantes del Frente en Puebla y otras organizaciones de México, Latinoamérica y Europa realizaron  actividades simultáneas para exigir justicia.

En una carta pública hicieron  llamaron al gobierno de España y a las empresas de ese país, Abengoa, Elecnor, y Enagas, para que se retiren del proyecto del PIM, debido a las irregularidades que lo rodean.