Autoridades federales revocaron el aseguramiento de una residencia en IxtapaGuerrero, que es propiedad de Emilio Lozoya.

El juez indicó que las autoridades dijeron que habían asegurado el inmueble porque era producto de operaciones con recursos ilícitos, pero no aportaron pruebas.

“La autoridad responsable consideró al inmueble asegurado como instrumento, objeto o producto del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa; sin embargo, la debida motivación del acto reclamado consiste en que la autoridad responsable justifique de manera precisa qué datos de prueba son los que lo llevan a establecer dicha circunstancia en forma presuntiva”.

El juez federal afirmó que como no se aportaron pruebas para justificar el aseguramiento del inmueble, no puede estudiar a fondo el asunto.

“Se debieron indicar los datos de prueba de los que se desprendían tales cuestiones, debiendo explicar los indicios que se desprenden de los mismos; por tanto, como el acto reclamado carece de la debida motivación, dicha circunstancia impide el estudio del fondo del mismo”.

Indicó que para entrar al inmueble y realizar un inventario es necesario que se presente una orden de cateo.

“Se requiere de autorización judicial (orden de cateo), para ingresar al inmueble y realizar el inventario de los muebles que se encuentran en su interior; cuyas actas deben ser notificadas a la persona moral quejosa”.