El Ayuntamiento de Puebla se negó a atender la solicitud de recursos públicos de La Resurrección e impugnó en el TEPJF la resolución que lo obligaba a emitir una respuesta a la junta auxiliar.

El síndico municipal, Gonzalo Castillo Pérez, promovió un recurso de revisión para exigir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que revoque la sentencia que ordenó al municipio atender la petición de recursos.

Con esto la Comuna busca librarse de entregar una respuesta a la junta auxiliar, que desde julio de 2019 ha pedido a la administración de Claudia Rivera Vivanco dinero para obra pública.

El recurso del ayuntamiento fue admitido por la Sala Superior y se radicó en el expediente SUP-REC-020/2020, a cargo del magistrado Felipe de la Mata Pizaña.

Con el juicio se intentará revertir la resolución de la sala regional Ciudad de México, que a la vez confirmó el fallo del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP).

“Sentencia emitida por la Sala Regional Ciudad de México en el juicio electoral SCM-JE-1/2020, que modificó la diversa dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla en el expediente TEEP-A-159/2019, que ordenó al referido Ayuntamiento de Puebla, Puebla, dar respuesta a la petición relacionada con la transferencia directa de recursos a la Junta Auxiliar de la Resurrección, perteneciente al citado municipio”, es el acto denunciado.

La sala regional y el TEEP concluyeron que la demanda de La Resurrección es legítima, por lo tanto debe ser atendida, tras señalarse que el gobierno de Rivera Vivanco ha sido omiso en admitir y dar trámite a las peticiones de las juntas auxiliares.

Reclaman por invasión de facultades

El ayuntamiento se niega a acatar la instrucción con el argumento de que los tribunales invaden facultades del municipio porque no es facultad suya conocer de los conflictos por recursos municipales.

Con tal afirmación la Comuna sustenta su recurso ante la sala superior, aunque no le funcionó en su juicio en la sala regional.

La solicitud original de La Resurrección consiste en que el ayuntamiento “transfiera directamente recursos económicos en un porcentaje de 0.57 por los 9 mil 68 habitantes de la comunidad, y que dicho porcentaje debía ser de la totalidad de los ingresos del municipio, para ser administrados por la comunidad conforme a derecho. Así como la entrega inmediata y directa —de la anualidad inmediata pasada— de la parte proporcional de los recursos económicos que ingresaran a la tesorería municipal, concretamente de las aportaciones y participaciones federales, ingresos estatales, así como fondos especiales”.