En el Congreso de Puebla presentarán la Ley de Imagen Institucional del estado, para prohibir que futuros gobiernos cambien a capricho los colores de edificios, obras, vehículos oficiales o mobiliario urbano.

La norma busca establecer el blanco, el negro y el gris en sus diversas tonalidades como los únicos colores oficiales, a fin de que ninguna autoridad estatal o municipal utilice colores o emblemas de partidos políticos.

A la vez se contempla imponer sanciones administrativas, que irían desde la amonestación hasta la inhabilitación para ejercer otro cargo público, para castigar a los funcionarios que infrinjan dicha prohibición.

La iniciativa será impulsada por el PAN, en medio de las críticas al gobernador Miguel Barbosa Huerta (de Morena), que en el arranque de su gestión se ha empeñado en eliminar la imagen de los gobiernos panistas de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad.

De acuerdo con diversas solicitudes de información, al cierre de diciembre de 2019 la administración estatal había gastado más de 1 millón de pesos en el cambio de imagen.

No obstante, la propuesta incluye también a los poderes Legislativo y Judicial, a fin de que tampoco destinen recursos públicos en el cambio de colores.

 

La iniciativa

El proyecto de ley señala en su artículo 5 que: “la imagen institucional debe ser acorde a la pluralidad ideológica, política, económica, social, histórica y cultural, así como a los valores, usos y costumbres que distinguen a la sociedad del Estado de Puebla; por lo que en la misma se debe omitir, cualquier alusión a persona alguna, partido político, nacional o estatal, asociación o agrupación política o social, cuyo objeto sea diferente al ejercicio gubernamental. Por tanto, bajo ninguna circunstancia el color relativo a algún partido político podrá ser utilizado predominantemente en la imagen institucional.

En el artículo 10 se precisa que solo podrán cambiarse colores a: “los bienes que, por cuestiones de ubicación, seguridad o por su propia naturaleza y uso, requieran de imagen o colores específicos; las señales o dispositivos viales o para el control de tránsito; y los demás casos establecidos en la legislación aplicable”.

El artículo 15 a la vez indica que la documentación oficial ya no tendrá que ser membretada con los logos de los gobiernos o para conmemorar “el año” de algún personaje ilustre, a fin de que con los cambios de gobierno no se gaste en papelería y se ocupe el material sobrante de las administraciones pasadas.

“Como parte de la difusión institucional, los documentos administrativos oficiales de las dependencias y entidades, podrán llevar impreso como parte del contenido del texto, el año, mes o día conmemorativo que corresponda, de acuerdo a los Decretos que sean aprobados por el Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, lo anterior con el objetivo de que no se procese en imprenta dicha mención a las hojas membretadas, con el fin de que al término del año no exista desperdicio de papel y se logre uno de los objetivos de la presente Ley, que es el ahorro económico por este concepto”, indica la iniciativa.

 

Las sanciones

El incumplimiento de esta ley derivaría en sanciones administrativas, que podrían se amonestaciones públicas o privadas; multas; suspensión del cargo o inhabilitación para ejercer otro puesto en la administración pública.

De manera particular se castigaría al servidor público que: “desarrolle y utilice un escudo oficial, eslogan, imagen institucional y/o un logotipo que contenga eslóganes, ideas, expresiones, imágenes, colores o cualquier otro elemento visual que se vincule con persona alguna, partido político, nacional o estatal, u asociación o agrupación política o social; con excepción de los informes anuales de labores o gestión de las y los servidores públicos”.

Para investigar cada caso, el artículo 16 indica que “cualquier ciudadana o ciudadano podrá denunciar las infracciones” ante el órgano interno de control respectivo de cada dependencia o entidad o ante la Secretaría de la Función Pública del estado.

La iniciativa será presentada el martes por el diputado panista Raúl Espinosa Martínez y se turnará a comisiones para su análisis y discusión.

Foto: Especial