La Auditoría Superior del Estado (ASE) cerró la auditoría que practicaba a la BUAP, pero desde el Congreso advirtieron otra, así que senadores y diputados pidieron diálogo en vez de extender el pleito.

La conclusión de la revisión preventiva se dio luego de que la universidad anunció que asesorará una batalla legal contra el gobierno del estado por el reemplacamiento vehicular que ordenó el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

A través de sus redes sociales, el órgano de fiscalización anunció que cerró el proceso de revisión el pasado 20 de enero debido a que la institución se negó a entregar la información requerida.

“Ante la negativa por parte de la Tesorería de la @BUAPoficial de entregar información, se ha cerrado la Revisión Preventiva 2019 el día 20 de Enero del año en curso”, señaló de manera breve la ASE.

La auditoría comenzó en diciembre, solo unos días después de que Francisco Romero Serrano fue nombrado auditor por el Congreso a pesar de su afinidad con el gobernador.

El cierre de la revisión preventiva se dio a conocer apenas unas horas después de que la BUAP anunció que su Bufete Jurídico ofrecerá asesorías gratuitas a todos los ciudadanos que quieran evitar el cambio de placas vehiculares anunciado por el gobierno estatal.

Viene otra auditoría

Al cerrarse la auditoría preventiva, la BUAP será sometida a la ordinaria de cada año, anunció el presidente del poder Legislativo, Gabriel Biestro Medinilla.

En entrevista criticó la campaña contra el reemplacamiento y reclamó que con ella la universidad pretende presionar a la ASE para librar la revisión de recursos.

Sin embargo, recordó que por ley la institución debe ser fiscalizada en la auditoría anual, así que descartó una negociación con el rector Alfonso Esparza Ortiz, ya que será auditado de todos modos.

PAN se sumaría a amparos

El PAN se sumaría a los amparos contra el canje de placas por considerar que la medida es injusta y excesiva.

La diputada Nancy Jiménez Morales anunció en entrevista que se pondrán en contacto con su dirigencia y la BUAP para delinear una estrategia.

El diputado del PT, José Juan Espinosa Torres, también apoyó la defensa legal y acusó que el gobierno estatal recaudará más de 2 mil millones de pesos por el canje de metales, no los 500 millones que anunció el lunes la Secretaría de Planeación y Finanzas.

Insistió en que la medida es innecesaria y exigió que se cancele o sea gratuita.

Sugieren diálogo

El senador Ricardo Monreal Ávila sugirió a la ASE, al gobierno del estado y la BUAP dialogar para distender el conflicto en lugar de alargarlo.

En entrevista luego de presentar su libro “Péndulo Político”, el coordinador de los senadores de Morena dijo desconocer si la auditoría local está facultada para fiscalizar recursos federales, sin embargo, se pronunció a favor de respetar a la academia y la autonomía universitaria.

El legislador evadió las críticas contra el reemplacamiento, el alza a impuestos y al pasaje (incluidas las emanadas del PT), ya que solo pidió a los sectores inconformes dialogar con las autoridades.

Reemplacamiento es por seguridad

La diputada María del Carmen Cabrera Camacho (del PT), señaló que la BUAP y cualquier ciudadano están en derecho de ampararse contra el reemplacamiento, pero defendió en que es una medida de seguridad.

En entrevista retomó la justificación del gobierno del estado al señalar que con el cambio de placas habrá un nuevo padrón vehicular debido a que el actual no es confiable, además de que los metales tendrán medidas de seguridad que impedirán su falsificación.