El PAN y el PRI acusaron posibles actos de corrupción y sobrecosto en el contrato de fotomultas, ya que el gobierno de Puebla pagará 773.6 millones de pesos a la empresa Intecproof por operar solo tres años, mientras que los gobiernos panistas pagaron 180 millones por seis años.

Las dirigencias de ambos partidos coincidieron en que el proceso de licitación se realizó con opacidad y pudo haber tenido “dedicatoria” para beneficiar a una empresa en especial.

La panista Genoveva Huerta Villegas señaló en entrevista que el monto contratado por la gestión de Miguel Barbosa Huerta es 4.3 veces más que el pagado por los exgobernadores Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad, lo cual a todas luces parece un acto de corrupción.

El priísta Lorenzo Rivera Sosa denunció que de principio suena “ilógico” que por la mitad de tiempo el gobierno estatal vaya a pagar el cuádruple que las dos administraciones pasadas.

En entrevista por separado señaló que las reglas de la licitación además fueron muy restrictivas, lo cual pone en duda la equidad del concurso, que además fue realizado en la época decembrina.

Critican continuidad de fotomultas

Los dos líderes criticaron además la continuidad de las fotomultas, pues en campaña el gobernador Miguel Barbosa Huerta prometió cancelarlas.

Huerta Villegas calificó de incongruente que el gobierno estatal conserve lo que en el pasado criticó, mientras que Rivera Sosa reclamó que los ciudadanos están en contra de esta medida y “votaron” por eliminarla.

Por ello ambos celebraron las críticas que el domingo lanzó el Partido del Trabajo (PT) al gobierno de Barbosa Huerta, pues consideraron que es una muestra del “desencanto” en el que se encuentran los votantes de la “cuarta transformación”.

Cabe señalar que la licitación para la operación de fotomultas se publicó el 10 de diciembre pasado, la compra de las bases sólo se permitió el día 11 hasta las 16 horas, y a las 17 horas terminaba el periodo para enviar dudas.

Mientras que del 13 al 20 de diciembre se programó la junta de aclaraciones, la presentación de propuestas técnicas, la apertura de propuestas económicas y la comunicación del fallo.

Según la convocatoria, el servicio debía empezar su operación a partir del 1 de enero con 157 radares que deberán aplicar unas 380 mil infracciones al mes. 

Critican inseguridad

Los dirigentes de los partidos de oposición también reprobaron al gobierno municipal de Claudia Rivera Vivanco debido a que la capital del estado es la ciudad con la percepción de inseguridad más alta del país.

El PRI consideró que este fue “el primer logro” de la administración morenista en el año y tres meses que va de su gestión, en tanto que el PAN aseveró que esto se debe a que la edil carece de una estrategia de seguridad y solo improvisa.

Por lo anterior Huerta Villegas convocó a una “mesa de diálogo” a todos los partidos políticos y los gobiernos estatal y municipal, a fin de elaborar un plan en conjunto.

Rivera Sosa aceptó y se dijo dispuesto a aportar propuestas, tras presumir que en los gobiernos priistas Puebla fue uno de los estados más seguros del país.