El Senado de la República aprobó en lo particular y lo general la ley de austeridad que le permitirá al gobierno destinar los ahorros a programas sociales o a donde el presidente lo determine.

En el texto de la ley se indica que los recursos que ahorren se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o a donde el titular del Ejecutivo quiera enviarlos.

“Los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas deberán destinarse, en los términos, de las disposiciones generales aplicables a los programas del ejecutor del gasto que los genere. Por cuanto hace al Poder Ejecutivo, dichos ahorros se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que por decreto determine el titular”.

En la ley de austeridad se incluye el artículo que indica que los funcionarios con información privilegiada que terminen sus cargos no podrán trabajar en el sector privado hasta que transcurran 10 años

El PANPRDPRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra de la ley de austeridad y la calificaron de corrupción republicana.

Cecilia Márquez, senadora panista, afirmó que la ley de austeridad sólo tiene buenas intenciones, pero con corrupción, porque faculta al presidente para utilizar como se le dé la gana una partida de 90 mil millones de pesos.

“Este recurso público de los ahorros que dejan en manos del presidente puede ser utilizado (de manera) político electoral, como dádiva, a cambio de votos, porque la ley no contempla mecanismos claros y transparentes en las que se utilizará el recurso. Nosotros estamos para ser contrapeso, es lamentable que no lo entienden, y que de lo que tanto se quejaron lo estén magnificando”.

Antonio García Conejo, senador del PRD, aseguró que la ley de austeridad es una imposición que no cumple con las promesas que hizo Andrés Manuel López Obrador durante su campaña.

“Se exhiben tres inconsistencias. La primera, la imposición que realizará la mayoría sobre un proyecto de ley que vulnere los derechos humanos y criterios emitidos por la Suprema Corte. Dos, el desprecio que se hace en la esfera de los derechos del funcionario público al prohibir su contratación de empresas respecto de las cuales hayan tenido información en ejercicio de su cargo público. Tres, las inconsistencias legales, invasión de facultades y falta de técnica legislativa. Esta ley no cumple las promesas de campaña del ejecutivo”.

Crédito de la foto @martibatres