Sociedad

Acusan extorsiones y despojo en el ejido de Romero Vargas

Acusan extorsiones y despojo en el ejido de Romero Vargas
Por Efraín Núñez | Lunes, Mayo 8, 2017 |
Jesús Salgado Salazar, párroco titular de la Iglesia de la Santa Cruz del Divino Niño, reveló que la presidenta del comisariado lo ha amenazado con quitarle el terreno donde se ubica este templo católico

Extorsiones, amenazas, despojo y tráfico de influencias supuestamente cometidas por Karla Michelle Vera Báez, presidenta del Comisariado Ejidal de Ignacio Romero Vargas, acusaron poseedores de predios y de negocios en este ejido.

Octavio Osorio Cervantes, hijo de un exejidatario, denunció públicamente que sufrió amenazas de muerte por parte de Vera Báez y del ex presidente del comisariado ejidal, Andrés Vera Sánchez (padre de la hoy presidenta), e incluso sufrió dos atentados en 2008 de los cuales salió ileso.

En tanto, Jesús Salgado Salazar, párroco titular de la Iglesia de la Santa Cruz del Divino Niño, reveló que la presidentalo ha amenazado con quitarle el terreno donde se ubica este templo católico, pese a ser propiedad federal.

El conflicto entre los poseedores y el Comisariado Ejidal está a punto de concluir con el anuncio por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial y Urbano (Sedatu) en el sentido de que el ejido de más de 200 hectáreas será regularizado.

El propio Juan Carlos Lastiri Quirós, subsecretario de la dependencia federal, afirmó que la Sedatu cuenta con toda la información relacionada con el ejido de Romero Vargas, sin embargo anunció que el tema de la expropiación se abordará en otro momento.

Extorsiones y tráfico de influencias

Los inconformes señalaron que la actuación de la presidenta del Comisariado Ejidal de Romero Vargas consiste hacer cobros a los propietarios de negocios ubicados en la avenida Zavaleta y Camino Real a Cholula de hasta el 30 por ciento de sus utilidades mensuales, bajo el argumento que “las tierras del ejido no pueden tener un uso comercial”.

Vecinos de la zona, algunos de los cuales pidieron el anonimato por miedo a represalias por parte de Vera Báez, manifestaron que en caso de que algún comerciante o poseedor de predio se niegue a pagar es demandado por el Comisariado Ejidal ante el Tribunal Unitario Agrario, distrito 37, donde “se jactaba de tener la protección y el apoyo” del exmagistrado, José Juan Cortés Martínez, quien recientemente fue cambiado de adscripción.

Hay confirmadas alrededor de 25 demandas emprendidas por la presidenta. Una vez que llegan ahí Karla Vera ofrece a los demandados terminar con el proceso si le entregan entre 2 y 8 millones de pesos por caso”, subrayaron.

Ejemplos de estas demandas son las 766/2012, 105/2015, 106/2015 y 107/2015 emprendidas por el Comisariado Ejidal en contra de poseedores, los cuales estaban bajo la ponencia del magistrado José Juan Cortés.

A decir de los inconformes entre los negocios demandados por el Comisariado ejidal se encuentran una gasolinera, restaurantes, una llantera e incluso escuelas como el Colegio Ada y el Instituto Mexicano Madero que se ubica sobre Camino Real a Cholula.

“Operadores suyos andan viendo negocios. Les mandan citatorios, llevan su minuta y les dicen nosotros no te dimos el terreno para negocio, sino para casa habitación. Cobran hasta el 30 por ciento de las utilidades, hasta 100 mil pesos por negocio”.

Señalaron que las supuestas extorsiones se realizan también cuando los ejidatarios se acercan al Comisariado con la intención de vender sus propiedades, concepto por el cual la presidenta cobra “sumas estratosféricas” por extender las minutas.

Cobra 100 pesos por metro cuadrado para extender la minuta. Si debes cuotas al Comisariado te cobran 3 pesos el metro cuadrado, multiplicado por los años atrasados. Pero solo dan recibo por una cantidad representativa”.

Ante las “arbitrariedades” que vivieron en su contra en 2016 se conformó una organización encaminada a defender a los propietarios demandados por Vera Báez, a la que se han sumado aproximadamente 600 integrantes.

Amenazas de muerte

Octavio Osorio Cervantes, de profesión médico veterinario, no teme en denunciar públicamente las amenazas que ha sufrido por parte de “Los Vera”. Es propietario de un terreno que heredó de su padre, Enrique Osorio, exejidatario de la zona.

Con un dejo de impotencia en su rostro narra que el pleito con Andrés Vera inició cuando este se quiso apropiar de unos terrenos donde se ubicaban dos jagüeyes que en el pasado se alimentaban con agua proveniente del volcán Popocatépetl y servían para el riego de las tierras ejidales. Posteriormente los ejidatarios le dieron uso de canchas deportivas.

“En 1984 los jagüeyes se secaron. Se volvieron en campos de béisbol y de futbol. Un buen día Andrés Vera arrancó las porterías, rascó zanjas para apropiarse del predio que es de uso común, y nos trabamos en una discusión.

“Ahí me dijo te vas a arrepentir, de esta no sales, sé quién eres y a dónde vives. Levanté una constancia de hechos en Cuautlancingo por amenazas de muerte porque en Puebla se negaron a levantarla y sí la cumplió porque en una asamblea donde nos reuníamos (con otros propietarios), salí a sacar unas copias y un auto Jaguar intentó atropellarme”.

Agregó que este intento de asesinato se registró en 2008, mientras que 15 días después le dispararon con una pistola de diábolos, sin que resultara herido.

Manifestó que en ese entonces había una “colusión” de las autoridades locales con Andrés Vera, por lo que envió escritos a instancias federales para proteger el predio y salvaguardar su integridad.

“Nuestro objetivo es defender un área verde para nosotros. Ese predio no tiene dueño es de todos”.

Manifestó que ya con las hermanas Vera en el Comisariado ejidal recibió amenazas de todo tipo, incluso hasta de quitarle su casa.

“Hace como dos años vino (Karla Vera) a nuestro campo, arrojó viajes de escombro, los detuvimos. Entonces llamó a la policía, vinieron como 30 patrullas. La cosa se puso muy fuerte, me atacó con palabras altisonantes. La población nos ha apoyado sino yo creo que estuviera me hubiera metido a la cárcel”.

Al plantearle al afectado la propuesta de regularizar el ejido por parte de la Sedatu, sostuvo que le daría tranquilidad a los propietarios y se terminaría con las presiones de Vera Báez.

Denuncia por despojo

Karla Michelle Vera fue denunciada en 2016 por despojo, invasión de predio y daño en propiedad ajena, luego de que supuestamente intentara apropiarse de una parcela, argumentando que el dueño de la misma había muerto y en vida se la heredó a su padre Andrés Vera.

Con trascabo ingresó a la propiedad, ubicada en la calle Unión de Santa Cruz Buenavista, sin embargo, el dueño de avanzada edad apareció y se proclamó como legítimo propietario, por lo que su familia denunció los hechos en la carpeta de investigación 5965/2016 ante la Fiscalía General del Estado, misma que se encuentra en curso.

Según documentos a los que tuvo acceso e-consulta la familia impugnó la determinación del exmagistrado número 37, Juan Cortés, de abrir un sobre de sucesión cuando aún vivía el propietario, actos que fueron denunciados ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

A este se suma otro caso en el que el ayuntamiento de Puebla tiró una barda sobre la calle Alborada, en Santa Cruz Buenavista. Dos de los vecinos se quejaron ante la Comuna debido a que otra propietaria levantó una barda en plena calle, con el supuesto contubernio de la presidenta del Comisariado y de sus hermanas Mirna Andrea (apoderada legal del Comisariado) y Paola Jeannette Vera Báez (expresidenta).

“Se apoderaron (las hermanas Vera) de un predio que está detrás de la dueña que levantó la barda. Ellas le exigieron paso a la calle a cambio de permitir que extendiera su predio, lo que tapó la salida de otros vecinos”, acotaron.

Después de dos años el ayuntamiento de Puebla respondió a la queja y envió personal, quienes hicieron la demolición a medias de la estructura que impide el paso de los vecinos.

Karla Vera se ha pretendido apropiar del terreno de la Iglesia

El templo de la Santa Cruz del Divino Niño se ubica a un costado de las oficinas del Comisariado ejidal, sobre la prolongación de la 25 Poniente. El párroco Jesús Salgado reveló que recientemente Karla Vera lo amenazó con quitarle el predio de 3 mil 600 metros cuadrados donde se ubica el templo, a pesar de que está inscrito ante el Instituto Nacional de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales.

Jesús Salgado incluso reveló que en el año 2000 el ex arzobispo, Rosendo Hueca Pacheco, le solicitó al Comisariado ejidal que le cediera el terreno a la Iglesia, debido a que la población fue la que pidió el templo, a lo que el expresidente del comisariado, Andrés Vera se negó.

“Hace 10 años que empezamos a construir (otra parte del templo). Nos intentaron poner cuotas para la escuela y el salón. También ponían una cuota para la iglesia. Ellos pedían cuota para la construcción del templo”.

Ante la negativa del párroco a las peticiones de Karla Vera y sus hermanas se intensificaron las amenazas y agresiones en su contra.

Las tres hermanas Vera se pusieron a agredirme en el atrio de la Iglesia. De eso no solo doy constancia yo sino muchas personas de la comunidad. Así como amenazas de muerte a otros vecinos. Cuando nosotros pretendemos hacer algo ellas vienen y nos agreden con mucha prepotencia”.

Para el religioso la regularización del ejido resolvería la problemática y daría tranquilidad a los pobladores.

Por 23 años Los Vera han tenido la presidencia del Comisariado

Durante 23 años los Vera han tenido la presidencia del Comisariado ejidal. En 1994 llegó el padre, Andrés Vera, quien se reeligió en reiteradas ocasiones, a pesar de que el cargo es solo por tres años, según narraron los afectados.

Tras la salida de Andrés siguió en el poder su descendencia. Primero Paola Jeannette y luego Karla Michelle, mientras que Mirna Andrea fue nombrada apoderada legal del Comisariado ejidal.

“El modus operandi lo heredaron de su padre. Andrés Vera ubicaba los casos de las señoras que enviudaban y se fabricaba una minuta diciendo que el occiso le había dado el poder sobre los terrenos. Ellas, sus hijas, creen que son dueñas del ejido”, expresaron afectados que pidieron anonimato.

El ejido de Ignacio Romero Vargas estaba compuesto por 352 hectáreas, pero ya hubo un proceso de expropiación de 150, las cuáles se ubican sobre avenida Zavaleta, pasando la Recta a Cholula.

Las 202 hectáreas que aún están irregulares se localizan principalmente sobre avenida Zavaleta, avenida 25 Poniente y Camino Real a Cholula, mientras que sus límites naturales son el Río Atoyac al oriente y el Río Zapatero al sur.

De un total de 199 ejidatarios ya fallecieron 52 y quedan 147, la mayoría de los cuales no están al pendiente de las asambleas que preside Vera Báez.

Las quejas contra el Tribunal Unitario

Por su supuesto actuar en 25 denuncias presentadas contra los poseedores, así como por la apertura del sobre de sucesión de un ejidatario aún con vida, fue denunciado el magistrado del Tribunal Unitario Agrario, número 37, José Juan Cortés Martínez.

Para ello los poseedores del ejido de Romero Vargas se unieron a las representaciones jurídicas de los ejidos de Amozoc, Xalmimilulco (Huejotzingo) y Pahuatla (Xochitlán de Vicente Suárez), los cuales en su conjunto denunciaron ante el Tribunal Superior Agrario un manejo “parcial” de los casos por parte del togado, por lo que recientemente fue cambiado de adscripción.

“En las intervenciones que hace el magistrado se excede en sus comentarios, al grado de prejuzgar a quién le va a prosperar la acción y a quién no, si la demanda está bien planteada o no, si las pruebas están bien ofrecidas, ocasionando conflictos entre los asesorados de las partes”, se lee en los argumentos de la demanda presentada en marzo de este año.

En su escrito los quejosos señalan que los argumentos del magistrado llevan a las partes a quererse desistir de sus demandas, por lo que subrayan que su actuar “es contrario a derecho”.

A la par, la denuncia se presentó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y ante la Comisión de la Reforma Agraria del Senado de la República.

Previamente los poseedores de Romero Vargas sostuvieron un careo con el magistrado y dos visitadores del Tribunal Superior Agrario.

La Sedatu regularizará el ejido

Juan Carlos Lastiri, subsecretario de Sedatu, anunció que en su momento dará a conocer los detalles de la regularización del ejido, no obstante reconoció la existencia de un conflicto que ha escalado a instancias federales.

La regularización de este ejido forma parte los 30 mil lotes que serán expropiados en todo el estado, tarea en la que se invertirán 80 millones de pesos.

Ese día, Lastiri Quirós anunció la regularización de un total de 11 mil lotes en Chachapa y San Mateo Mendizábal, pertenecientes al municipio de Amozoc.

Es de subrayar que la última expropiación en el ejido de Romero Vargas data de 1993, después del cual todo intento de regularización fue bloqueado por distintas autoridades.

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