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Caso de espionaje, tema de seguridad nacional: Vázquez Rossainz

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María Pineda  |
 Viernes, Mayo 20, 2016

Detrás de las grabaciones ilegales hay una estructura criminal, señala Eduardo Vázquez Rossainz

El escándalo de espionaje en el que se involucra a personajes de la vida política de Puebla, se convirtió en un tema de seguridad  nacional debido a que entre  las grabaciones filtradas a dos medios de comunicación se encuentran integrantes del gabinete presidencial y la esposa de Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México, señaló Eduardo Vázquez Rossainz.

En entrevista para e-consulta, el consultor en temas de seguridad e inteligencia señaló que las conversaciones intervenidas son un daño a los derechos humanos, debido a que el interceptar llamadas telefónicas supone una pérdida de la privacidad.

“El espionaje es un asunto que afecta a los derechos humanos, es un tema de pérdida de la privacidad. El espionaje es una acción ilegal, desestabilizadora. Quien filtra este tipo de información y quien opera este tipo de estructura es una organización criminal, no tiene mecanismos de control, no hay lealtad; es la deslealtad a la nación(...) . Quien genera ese tipo de información, fuera de un organismo de inteligencia legal, es una organización criminal”.

“Entre las personas grabadas hay funcionarios federales. Más allá de que exista una grabación generalizada, cuando grabas a ciertos actores de la vida institucional de un país, una secretaría de estado, un subsecretario, un comisionado u otros, ya es un asunto de seguridad nacional. Quien está detrás de esto está transgrediendo temas de seguridad nacional”, aseveró.

Esta semana el diario Reforma publicó que en la capital poblana existe un centro de espionaje operado por el diputado federal, Eukid Castañón, cuestión que éste ha rechazado, y el periodista Alejandro Mondragón difundió una serie de audios que involucran a líderes partidistas, excandidatos, periodistas, secretarios de Estado y la ex primera dama, grabados ilegalmente.

Entre los políticos afectados se encuentran Ana Isabel Allende Cano y Rafael Micalco Méndez, exdirigentes del PRI y PAN, así como los secretarios federales Rosario Robles y Juan Carlos Lastiri Quirós, además de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México.

A decir del especialista, el espionaje no puede tratarse como asunto de inteligencia, acción encaminada a que la información obtenida se lleve a un grado de certidumbre para la toma de decisiones en materia de seguridad y gobernabilidad.

En la conversación, el profesor de Inteligencia, del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), apuntó que la filtración al periódico Reforma y al periodista Alejandro Mondragón sobre una red de espionaje, genera un indicio de una organización criminal, pero también de la capacidad técnica que hay en el estado para intervenir líneas telefónicas.

“Atrás de estas grabaciones ilegales hay una estructura criminal que es peligrosa, organizada, que cuenta con recursos humanos y tecnológicos, aparte de recursos económicos muy poderosos; es un agente desestabilizador que debe ser buscado, localizado, investigado, neutralizado y sancionado”.

Al enfatizar que no se puede señalar que el gobierno del estado es el responsable de operar un centro de espionaje, Vázquez Rossainz manifestó  que los afectados deben presentar las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de la República (PGR), pero también ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Como consultor de seguridad, comentó que la manera para deslindar de responsabilidades al gobierno de Rafael Moreno Valle, es que los equipos de intervención con los que cuenta la Fiscalía General del Estado (FGE) sean sometidos a una investigación pericial forense tecnológica por parte de los peritos de la PGR.

Agregó que la revelación sobre el espionaje a figuras de la política local y nacional debe ser investigado y no abandonarse, por lo que consideró que los integrantes de los partidos políticos deberían exigir a la Fiscalía General del Estado que demuestre el correcto uso de sus equipos de intercepción, y que los diputados y senadores que integran las Comisiones de Seguridad conformen un grupo para inspeccionar, junto con peritos de la PGR, los mecanismos que se utilizan para una labor de inteligencia.

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