A dos años del asesinato de Antonio Esteban Cruz, dirigente del Comité Regional del Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano y Popular (Miocup) el crimen sigue impune, reclamaron organizaciones de la Sierra Norte de Puebla en el mitin que precedió a la movilización del 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajo.

Manuel Gaspar, dirigente del Miocup CMPA exigió el esclarecimiento de la muerte del  primer opositor a la hidroeléctrica en las inmediaciones del río Apulco, proyecto federal a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, que fue ultimado con 4 balazos a unos metros  de su hogar en Cuauhtapanaloyan, en la junta auxiliar de Santigo Yancuitlalpan, municipio de Cuetzalan del Progreso.

En la Sierra Norte de Puebla está ocurriendo una tragedia que nadie ve. El gobierno estatal, en coordinación con el federal, nos arrebatan la tierra y el agua, quieren entubar el río y estamos aquí para denunciarlo, los proyectos de muerte avanzan y nos avasallan”, dijo Gaspar.

Con pancartas y banderas rojas, comuneros, campesinos y líderes sociales marcharon este día para reclamar las concesiones en miles de hectáreas que han avanzado con amenazas a la población. El dirigente responsabilizó a los gobiernos del estado y federal de la muerte de Esteban Cruz, pues  ambos  -dijo- son responsables de vender  las riquezas naturales locales y detener las investigaciones, alterar declaraciones y fabricar culpables.

“Los que lo mandaron a matar son los mismos que se niegan a investigar el homicidio del líder campesino ocurrido el 4 de junio de 2014”, dijo Gaspar que explicó que el expediente contiene  decenas de irregularidades como la falta traductores de lengua náhuatl y que  el fiscal asignado al caso presionó sus hijos Rodrigo Esteban Mora y Andrés Esteban Mora, a fin de que acusaran y señalaran a un grupo de personas como las responsables del asesinato para cerrar el caso.

“Les obligaron a decir que habían presenciado el asesinato e incluso que  habían identificado a los probables responsables. Las carpetas terminadas les fueron presentadas para que las firmaran, sin permitirles que les fueran leídos por un traductor en lengua náhuatl”, explicó.

A la fecha aunque se ha insistido oficialmente y por escrito que ellos no reconocen las declaraciones que constan en el proceso y que no han identificado al asesino de su padre, este reclamo no se ha atendido  dando carpetazo al caso del asesinato del líder campesino.

“Como organización exigimos que se lleve a cabo una investigación exhaustiva esta petición la repetimos a la víspera de que el asesinato cumpla dos años”.