La Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del estado de Puebla se negó a investigar las denuncias de corrupción y una presunta donación de 228.8 millones de dólares por parte de la Fundación Mary Street Jenkins en 2015, lo que prácticamente la dejó sin patrimonio.

Cabe señalar que el pasado 25 de noviembre, Guillermo Jenkins de Landa, patrono en la institución hasta hace dos años, presentó ante la Junta una demanda al advertir este hecho, a fin de que investigara el destino de los recursos, toda vez que la fundación cuenta con registro en la entidad.

En conferencia de prensa, el abogado Carlos Serna Rodríguez reveló que Gustavo Garmendia Domínguez, titular de este órgano público, informó de su negativa el 13 de enero, al filo del plazo que le impuso el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito para dar respuesta a la denuncia y declararse sobre el conflicto, ya que se había negado en una primera instancia.

En el documento en poder de este medio, Garmendia, ex consejero del Instituto Electoral del Estado, insistió que la Junta no está facultada para investigar y actuar en el caso, ya que “excede” las obligaciones y atribuciones del organismo.

Serna aseguró que la aparente donación de los 228.8 millones de dólares, cuyo destino no se ha aclarado, representa el 98 por ciento del total de los activos de la Fundación Jenkins, que llegaban a 233.4 millones de dólares.

Indicó que ello viola los propios estatutos de la Fundación, pues en el artículo 4 se decreta que no puede disponerse del capital y los rendimientos de las inversiones que son para la beneficencia pública, según se concibió desde su creación.

Esta información consta además en los informes del Servicio de Recaudación Interna de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés).

Cabe señalar que actualmente la Fundación está impedida por el Sistema de Administración Tributaria para recibir donativos, por supuesto incumplimiento de obligaciones, aunque sus actuales titulares aseguran que todo está en orden.

La Fundación Jenkins ha destinado recursos para becas estudiantiles, para centros escolares, deportivos y ciudades universitarias,así como clínicas rurales y dispensarios; hospitales y centros médicos nacionales; obras de agua potable y servicios públicos en Puebla, la capital del país, Baja California, Chiapas, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Morelos, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz.

Hay un segundo proceso

La denuncia por la donación se sumó a una previa que fue interpuesta el 11 marzo de 2015, en la que Guillermo Jenkins acusó a sus padres y hermanos de usar la Fundación en su propio beneficio para triangular dinero para inversiones inmobiliarias, ajenas a su objeto social, pero la Junta para el Cuidado de las IAP ignoró el hecho.

Ante la omisión de respuesta, el ex patrono solicitó un amparo para señalar la omisión del organismo y solicitar que se iniciara “de oficio” un procedimiento administrativo de investigación, sanción y restitución de bienes a la fundación.

Pide que en caso de que los responsables se nieguen a restituir en forma voluntaria los recursos, el organismo que preside Garmendiainicie acciones civiles y penales, según lo refiere el artículo 87 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el estado de Puebla.

Señalan inversión en destinos turísticos

Entre otras acciones expuestas por Guillermo Jenkins está una operación realizada a través de la empresa Desarrollos FAM de S.A. de C. V, de 14 millones 226 mil dólares, así como la inversión de los recursos de la Fundación en el desarrollo turístico “Cabo Rivera Marina y Resort.

Pide revisar el contrato de prestación de servicios legales del despacho de abogados Rincón, Mayorga, Momán Illanes Soto y CIA,cuyos honorarios alcanzarían 2 millones de dólares, de los cuales ya se han pagado 1 millón 218 mil dólares.

Así como las transacciones para contratos de tercerización o “outsourcing”, realizados con sociedades mercantiles, entre ellas Proyectos Nuevo Siglo, S.A de C.V, Reforma Bicentenario y Professional Services, S.C.

Especialmente pide atención en las operaciones que provocaron que la Fundación haya adquirido altos pasivos y obtuviera muy bajos ingresos al cierre del ejercicio 2013.

No es un pleito familiar: Serna

Carlos Serna consideró que este litigio no es familiar, pues no se trata de una herencia, sino de un fondo para poblanos que tendría un “destino noble”, según la voluntad del creador de la Fundación, William Oscar Jenkins.

Guillermo Jenkins de Landa fue expulsado del patronato en 2012 e inició un proceso para lograr su restitución, enfrentando a su hermano Roberto y a su padre Guillermo Jenkins Anstead.