Puebla, reprobada en desarrollo democrático: Fundación Konrad y Coparmex

Puebla se ubica entre las cuatro entidades del país con el menor Índice de Desarrollo Democrático (IDD), con sólo 2,828 puntos de 10,000 posibles, según el reporte elaborado por la Fundación Konrad Adenauer, la consultora Polilat y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

La entidad sólo es superada por tres estados menos democráticos: Tamaulipas, Guerrero y Chihuahua, en ese orden; aunque estos tres obtienen bajas puntuaciones por la inseguridad que causa el crimen organizado.

Puebla presentó un deterioro respecto al año anterior y descendió al puesto 29 de 32 entidades. Su descenso de ocho escalones, con respecto a la medición del año pasado, es consistente con su peor desempeño en la dimensión que mide derechos y libertades y en calidad institucional, donde quedó en los lugares 13 y 30 respectivamente.

Nota relacionada:

Puebla, tercer lugar nacional en niños que viven en la pobreza: Unicef

La entidad poblana tampoco logra superar sus dificultades en desarrollo social (lugar 30) y en desarrollo económico, en el que se ubica en la posición 31 de 32 entidades.

Entre las variables medidas por el IDD están: el desarrollo democrático a nivel de los derechos y libertades de los que gozan los ciudadanos; el de las instituciones y del sistema político en cada entidad, además de los resultados de la gestión democrática a nivel social y económico.

Los poblanos desconfían de sus instituciones

El reporte destaca que la ciudadanía en Puebla desconfía del desempeño de las instituciones, además de que existen restricciones a las libertades civiles, como la libertad de prensa.

Puebla es una de las 10 entidades con mayores casos de funcionarios que amenazan a periodistas", destaca en el reporte.

La entidad con 5.7 millones de habitantes, es gobernada por Rafael Moreno Valle, que ha presentado demandas contra periodistas a los que ha acusado de "abuso a la libertad de expresión". A finales de 2012, por ejemplo, demandó por difamación a dos comunicadores locales, aunque semanas después retiró el recurso.

Moreno Valle llegó al cargo tras las elecciones de 2010, en las que fue postulado por una alianza que conformaron el Partido Acción Nacional (PAN), el PRD y Nueva Alianza (Panal).

Puebla reprobada en derechos políticos

En la Dimensión Derechos políticos y libertades civiles, que mide el desarrollo democrático desde la óptica de los ciudadanos, la entidad tiene una puntuación de 4,606 puntos, es decir, que en una escala del uno al diez, la entidad reprobó con 4.6.

Entre las variables medidas están: el desarrollo democrático a nivel de los derechos y libertades de los que gozan los ciudadanos; el de las instituciones y del sistema político en cada entidad, además de los resultados de la gestión democrática a nivel social y económico.

Y es que en esta dimensión existen debilidades como: selección de autoridades, exclusión de derechos indígenas, violencia de género e inseguridad.

La Comisión de Derechos Humanos (CNDH) de Puebla recibió mil 664 solicitudes de intervención por presuntas violaciones a los derechos humanos; esto es, un 9.6 más que en el año anterior.

Según explicó Adolfo López Badillo, presidente de la CEDH de Puebla, las quejas recibidas sobre violación de derechos humanos fueron principalmente sobre seguridad jurídica, legalidad y seguridad personal; de estás, las instituciones que recibieron más quejas fueron el Ministerio Público, la Policía Ministerial y la Policía Estatal.

En total, explicó Adolfo López, la CEDH de Puebla emitió 24 recomendaciones, 46 conciliaciones y resolvió 438 expedientes

Poca capacidad para generar políticas que aseguren bienestar

Por altos nivele de desempleo, hogares bajo la línea de la pobreza, mal desempeño en salud y en educación, Puebla se posiciona en el lugar más bajo de la tabla.

Esta sub-dimensión permite evaluar en qué medida las expectativas de los ciudadanos están satisfechas respecto a lo que esperan del ejercicio del poder de sus gobernantes.

También asigna valores positivos o negativos en relación con las capacidades políticas para generar programas que aseguren bienestar

El diagnóstico, indica que el gobierno estatal no ha cumplido con las expectativas ciudadanas en puntos que son sensibles para garantizar condiciones de vida digna a la población, como son la distribución de los ingresos, la inversión y la competitividad.

La inseguridad pega a los indicadores

De acuerdo al IDD-2013, el total de denuncias por delitos durante el 2012 fue de 99 mil 589; esto es, alrededor de un 16,4 por ciento más de denuncias que en 2011, cuando se registraron 83 mil 225.

De la misma manera, el total de robos aumentó un 26,2 por ciento y, específicamente, los robos con violencia disminuyeron un 67,5 por ciento. Además, el total de homicidios cometidos durante el 2012 (mil 527) aumentó un 10,3 por ciento en relación al año anterior.

Por esta razón, el Sistema Nacional de Seguridad Pública identificó a Puebla como una de las ocho entidades en donde aumentó en mayor proporción la inseguridad durante el 2012. La tasa de prevalencia delictiva de Puebla −número de delitos cometidos por cada 100 mil habitantes− durante el 2012 fue de 21 mil 053, un 3 por ciento menos que en 2011.

El número de víctimas total fue de 868 mil 791, que representa un aumento de 11,2 por ciento, respecto a 2011, en el que se registraron 781 mil 522 víctimas. En relación a la percepción sobre seguridad, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2012, el 37,6 por ciento de los habitantes de Puebla percibió que la entidad era segura, mientras que el 57,8 por ciento afirmaba lo contrario.

Empresarios se quejan de inseguridad

Ante el incremento de los índices de violencia, empresarios de la entidad manifestaron su preocupación y, después del asesinato del empresario Antonio Haces, el Consejo de Organismos Empresariales culpó a la falta de coordinación de las instituciones de seguridad pública municipales y estatales, y exigió a las autoridades reforzarla para garantizar el bienestar de la población y permitir el desarrollo empresarial.

Desde inicios del año, empresarios y periodistas de la entidad solicitaron al gobierno estatal incrementar los operativos de seguridad, particularmente en la zona metropolitana, donde se registraron los mayores incrementos. De la misma manera, diputados del Congreso local manifestaron su preocupación por el incremento de los índices delictivos en el estado y, durante una comparecencia del secretario de Seguridad Pública de Puebla, atribuyeron el aumento a la descoordinación de las policías estatales y municipales.

En respuesta a las acusaciones tanto de los legisladores como de la iniciativa privada, el entonces secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas Fosado, afirmó que la inseguridad no había aumentado drásticamente durante el 2012 y que las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública eran contradictorias, pues ubicaban a Puebla entre los estados más peligrosos del país, incluso más que entidades como Michoacán, donde la expansión del crimen organizado ha sido evidente en los últimos años.

A finales de 2012, Vargas Fosado aseguró que el gobierno estatal analizó la estrategia de seguridad pública para adaptarla a las nuevas condiciones de la entidad y reforzar la coordinación con las instituciones de seguridad pública federales. Sin embargo, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Puebla, Francisco Rodríguez, denunció que, a pesar de la voluntad, la estrategia ha fracaso en el combate a la delincuencia y la entidad concluyó el año sin disminuir los índices de criminalidad

Las recomendaciones

El reporte entrega una serie de recomendaciones para que Puebla mejore en desarrollo democrático con 13 puntos que se enumeran a continuación:

1. Fortalecer el respeto de los derechos políticos y las libertades civiles.

2. Promover la democratización de los partidos políticos, especialmente en la selección de sus candidatos.

3. Lograr una mayor inclusión de la población de lengua indígena.

4. Profundizar la lucha contra la delincuencia común.

5. Transparentar las acciones de gobierno.

6. Instrumentar mayor eficiencia en los mecanismos de control legal y social.

7. Desarrollar canales de diálogo y de contención a grupos sociales excluidos y lograr una mayor satisfacción de sus demandas.

8. Profundizar la lucha contra la pobreza y la inequidad.

9. Optimizar la asignación y el uso de los recursos en educación y en salud.

10. Promover políticas que incrementen el pib per cápita.

11. Desarrollar una mejor complementariedad entre Estado y sociedad.

12. Optimizar la recaudación fiscal para lograr una mayor autonomía.

13. Promover políticas de inversión y de formación de capital fijo del Estado