México. D.F.- El pleno de la Cámara baja determinó, por mayoría de legisladores del PAN y PRI, que no era urgente abordar desde la máxima tribuna legislativa del país el tema de  la pretendida privatización del servicio de agua potable en el estado de Puebla, como lo advirtió la diputada poblana del PRD, Roxana Luna Porquillo.

La legisladora perredista presentó el 7 de noviembre en el Palacio Legislativo de San Lázaro un punto de acuerdo “de urgente y obvia resolución”, al que dio lectura con la previa advertencia de que, de atenderse este asunto, se corre el riesgo de un estallido social en la entidad poblana.

Luna Porquillo recalcó que la nueva ley de aguas en la entidad poblana y que aprobó la Cámara de Diputados local, contraviene disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, pues atenta contra el derecho humano que tiene toda persona de acceder al consumo del vital líquido tanto para uso personal, como doméstico, al pretender privatizar el servicio de agua potable.

“La reforma es verdaderamente ambiciosa; ya que pretende convocar a empresas privadas de carácter nacional e internacional, para que los organismos operadores de los municipios den en concesión la prestación de este servicio público; obviamente con la anuencia de los cabildos municipales, esto es con el apoyo directo de los presidentes municipales, síndicos y regidores”, dijo.

Pero advirtió que “eso no es todo; a este proceso de privatización también es probable que se sumen otros servicios conexos al de agua potable, como drenaje, alcantarillado, saneamiento, reúso de aguas y suministro del vital líquido en pipas; además de que estas empresas privadas establecerán las tarifas con la autorización del Congreso del estado y los ayuntamientos”, advirtió.

Por ello, la diputada Roxana Luna planteó la necesidad de que la Cámara de Diputados federal haga un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que inicie un proceso de acción de inconstitucionalidad a fin de derogar las disposiciones de la nueva Ley de Aguas para el Estado de Puebla, debido a que viola derechos constitucionales.

También pidió que se exhorte al gobernador, Rafael Moreno Valle y a los diputados locales del Estado de Puebla a que presenten ante la legislatura estatal un decreto encaminado a derogar las fracciones IV y IX del artículo 31 de la mencionada ley.

Sin embargo, por mayoría el pleno de la Cámara de Diputados –con votos del PAN y el PRI- se negó a abordar el tema como de urgente y obvia resolución, por lo que no se discutió en el salón de sesiones  y fue remitido para su discusión y votación a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, así como a diversas comisiones que solicitaron conocer del asunto para emitir una opinión al respecto.