Seguridad

Despojo a monja revela red de corrupción en Cholula con apoyo de notario

Despojo a monja revela red de corrupción en Cholula con apoyo de notario
Por Diana Jiménez | Jueves, Noviembre 14, 2013 |
Guillermina Coyopotl Xicale, monja de la Orden de San Jerónimo, denunció que la despojaron de un terreno con documentos falsos

Una red de corrupción, en la que implican al titular de la notaría número 6, Pablo Daniel González Aragón, y al ex registrador público Jean Pavón Flores, operó el despojo de predios a pobladores del municipio de San Andrés Cholula.

Lo anterior fue dado a conocer este jueves, luego que la ciudadana Guillermina Coyopotl Xicale, monja de la Orden de San Jerónimo, reveló que fue despojada de su terreno por un hombre identificado como Luis Javier Hernández Blanco –propietario de una taquería en la Recta a Cholula-, que adquirió el inmueble con documentos presuntamente falsos.

Es importante señalar que Jean Pavón Flores fue separado de su cargo el 8 de noviembre, al igual que el registrador Arturo Muñoz Adauta y la directora general adjunta del Registro Público de la Propiedad, Marisol Buendía Cisneros, acusados por la sustracción de documentación del Registro Público de la Propiedad.

De acuerdo con el abogado de la agraviada, David Maldonado, la documentación falsa del predio fue expedida en la notaría 6, ubicada en la colonia La Paz, de la cual se emitieron —entre otros— las escrituras de la propiedad y las actas de defunción apócrifas de los padres de la afectada, quienes le heredaron el predio.

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Después que la religiosa fue despojada, en 2011, acudió con el notario González Aragón para hablar sobre el problema y él se comprometió a no realizar el registro del terreno. Sin embargo, el registrador público Jean Pavón realizó el trámite “manipulando” los folios del lote para validar la venta.

Guillermina Coyopotl confió en el fedatario y nunca se percató de las irregularidades hasta que el pasado 6 de noviembre llegó el señor José Abel Velázquez Díaz, el “nuevo” dueño, a tomar posesión del inmueble, ya que el primer comprador, Luis Javier Hernández, se lo había vendido.

De estos hechos ya existe una denuncia en contra de Hernández Blanco y del notario referido por los delitos de falsificación de documentos y usurpación de identidad, además de que la afectada y sus abogados recurrirán a acciones civiles para anular la compra-venta y de esta manera el terreno le sea devuelto.

La religiosa solicitó la intervención de las autoridades para que se haga justicia y se proceda contra estas personas que participaron en el despojo de su terreno, sin embargo esto no pudo ser ya que el alcalde se encontraba en una reunión en Casa Aguayo. La secretaria particular del edil aseguró que recibirán apoyo moral y jurídico, y en caso de ser necesario, contarán con el respaldo de la fuerza pública.

Así mismo, hizo un llamado al gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, para que intervenga en contra de las redes de corrupción no sólo en San Andrés, sino en todo Puebla, y que de ese modo pueda recuperar el terreno que, refirió, es producto del sacrificio de sus padres.

“Que se haga justicia, que no quede impune todo esto, para que no continúe la corrupción que se ve anda en el municipio y en el estado. La petición que le hago al señor gobernador del estado, Rafael Moreno Valle y al presidente municipal, Andrés Coyotl Coyotl, es que se me devuelva mi terreno”, externó la hermana Coyopol Xicale.

Cabe mencionar que también se dio a conocer que otras personas han sido afectadas por la expropiación de sus bienes por el mismo registrador público y otros trabajadores de la Notaría 6.

El miércoles, la Secretaría de la Contraloría informó que Jean Pavón Flores, Arturo Muñoz Adauta y Marisol Buendía Cisneros fueron suspendidos provisionalmente de sus cargos, sin goce de sueldo, hasta que se dicte una resolución definitiva sobre la investigación que se les sigue.

Estos funcionarios fueron señalados por arrancar partidas originales de un libro del Registro Público de la Propiedad para solicitar las reposiciones de partida en donde insertaron contratos privados de compra-venta, a fin de despojar a sus legítimos propietarios de inmuebles y dejarlos sin seguridad jurídica.

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