Dirigente panista defiende al edil de Tlaola por investigación de granja de Criptomonedas
Samuel Ortega pidió revisar quién instaló los transformadores, contrató el suministro eléctrico y operaba la infraestructura.
La polémica por la granja de criptomonedas localizada en Tlaola continúa y ahora el presidente del Comité Municipal del PAN en Huauchinango, Samuel Ortega Hernández, cuestionó el manejo político que, desde su perspectiva, se ha dado al caso y el señalamiento inicial contra el alcalde panista Simón Garrido Morgado.
Ortega Hernández sostuvo que deben revisarse las responsabilidades de cada autoridad, pues consideró que el presidente municipal no tiene facultades para ingresar por cuenta propia a un rancho particular ni realizar diligencias que corresponden a una Fiscalía y a un juez.
El dirigente panista aseguró que, de acuerdo con la información que conoce, el Ayuntamiento de Tlaola habría reportado previamente sospechas relacionadas con movimientos inusuales en el inmueble, por lo que cuestionó que ahora se pretenda responsabilizar al gobierno municipal de no haber detectado una instalación que, según las autoridades, contaba con una importante infraestructura eléctrica.
La postura surge en medio del enfrentamiento político alrededor del caso. Autoridades estatales han señalado que corresponde a la Fiscalía investigar al alcalde y a quienes resulten responsables, mientras que el secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, ha dicho que hasta ahora no existen indicios que vinculen al diputado local Miguel Márquez Ríos con la granja.
Te puede interesar:Marina y FGR contabilizan mil 32 equipos asegurados en cateo con…›“¿Por qué van a investigar al presidente si él no tiene influencia sobre la CFE ni sobre la Fiscalía?”, cuestionó Ortega Hernández, quien pidió revisar quién instaló los transformadores, quién contrató el suministro eléctrico, quién rentaba el predio y quién operaba la infraestructura.
También cuestionó cómo una instalación de esa magnitud pudo operar en la junta auxiliar de Xaltepuxtla, perteneciente a Tlaola, sin que las corporaciones estatales detectaran el movimiento.
Durante los cateos realizados en Tlaola fueron contabilizados 1,032 equipos especializados para criptominería, además de transformadores, switches, antenas y otros equipos. Las autoridades han señalado que uno de los principales elementos bajo investigación es el presunto robo de energía eléctrica.
Ortega Hernández también cuestionó los señalamientos que intentaron relacionar al diputado Miguel Márquez Ríos con la granja. El legislador ha negado cualquier vínculo con la instalación y ha atribuido las acusaciones a una campaña de difamación política.
El dirigente panista planteó que, si existen documentos, contratos, recibos o cualquier otro elemento que permita establecer quién rentó el inmueble y quién estaba a cargo de la operación, deben utilizarse para deslindar o fincar responsabilidades.
La dirigencia estatal del PAN ya había exigido que las investigaciones sobre las granjas de criptomonedas se realicen sin sesgos políticos y cuestionó que se pretenda llamar a comparecer al alcalde de Tlaola sin ampliar el escrutinio hacia otros actores.
Mientras la investigación continúa, el PAN sostiene que el caso no debe utilizarse para afectar a un gobierno municipal de oposición y pide que se investigue a todos los involucrados, sin importar partido o cargo. (AS)