Atzitzihuacan, Huaquechula y Tochimilco, con recomendaciones de la CEDH

Tres municipios de la región tienen observaciones por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH): se trata de Atzitzihuacan, Huaquechula y Tochimilco. Los tres tienen una omisión acreditada y se encuentran entre los 24 municipios de todo el estado con recomendaciones por parte de la CEDH.

Para el caso de Atzitzihuacan, se trata de una omisión por parte de la autoridad local para activar de manera oportuna el protocolo de actuación vigente en la entidad poblana, durante un intento de linchamiento.

Este se registró en julio de 2026, en la carretera que comunica a la cabecera municipal con la junta auxiliar de San Juan Amecac. Sucedió cuando pobladores agredieron a un hombre acusado de robar llantas.

La víctima fue Juan Felipe, un hombre de entre 32 y 33 años que trabajaba en la recolección de chatarra y fierro viejo junto a un acompañante. Ambos fueron acusados de sustraer neumáticos usados de un domicilio particular, lo que derivó en una agresión tumultuaria. El acompañante logró huir.

En cuanto a Tochimilco, la observación deriva del retiro del tandeo de agua destinado al riego de los terrenos de cultivo. La medida afectó a los puntos de labranza de Papaloxtitla, Teopamila y Teopulco. Además de las afectaciones a sus siembras, el gobierno local no respetó los usos y costumbres de la comunidad indígena local.

Finalmente, en Huaquechula existe una recomendación con número 09/2026, dirigida al Ayuntamiento. Esta resolución se emitió con base en la violación grave de los derechos humanos de un adolescente que perdió la vida al caer de una unidad oficial.

Y aunque fue el menor quien se lanzó desde la patrulla en movimiento, el organismo determinó que el personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal no aplicó los mecanismos especiales de protección obligatorios para detenidos, a fin de salvaguardar durante el trayecto a quien se encontraba bajo resguardo.

Por ello, la CEDH acreditó violaciones directas al derecho a la vida, a la seguridad jurídica, al principio de legalidad y al interés superior de la niñez. Las medidas impuestas fueron que el gobierno local otorgue una compensación económica a la familia por concepto de daños materiales e inmateriales, así como brindar atención psicológica especializada a la madre de la víctima. También se ordenó dar vista a la Contraloría Municipal para deslindar las responsabilidades legales y administrativas del personal involucrado. (AS)