Puebla: Riesgos y oportunidades

Por Mario Patrón Sánchez

PUEBLA (Proceso).- La llegada del morenista Luis Miguel Barbosa Huerta a la gubernatura de Puebla pone fin a un periodo conflictivo, y abre la posibilidad de que el primer gobierno que se autodenomina progresista en la entidad, encabece un proceso de democratización e impulse políticas públicas para combatir los rezagos sociales, la marginación y la profunda desigualdad que ubican a Puebla como el cuarto estado más pobre del país, sólo por debajo de Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

Las controvertidas elecciones de 2018, así como el largo y difícil proceso poselectoral y, más tarde, el fallecimiento de Martha Erika Alonso y de su esposo el senador Rafael Moreno Valle, sólo 10 días después de que ella asumiera la gubernatura, generó un clima de incertidumbre y polarización en Puebla. El escenario, de suyo complicado, se ha tornado aún más complejo en los últimos meses debido al incremento de la inseguridad y de la violencia vinculadas con la presencia del crimen organizado en el territorio estatal, así como con la afectación de la actividad económica por distintos factores tanto internos como externos.

En ese contexto Barbosa Huerta asumió, el pasado 1 de agosto, la titularidad del Ejecutivo y ofreció un gobierno democrático, respetuoso de la división de poderes y de los derechos fundamentales, a través del cual –dijo– buscará la reconciliación de los poblanos. En el acto también anunció que se auditarán las gestiones del finado Rafael Moreno Valle Rosas, así como de Antonio Gali Fayad y del interino, Guillermo Pacheco Pulido, al revelar que la deuda pública estatal asciende a 40 mil millones de pesos y que existen sospechas de corrupción en obras y proyectos.

En esta coyuntura, la Universidad Iberoamericana Puebla presenta la Agenda institucional: de la reflexión a la acción, que hace una “radiografía” de la entidad y señala los principales problemas existentes, así como, en consecuencia, los retos que enfrenta el nuevo gobierno emanado de Morena. El documento, elaborado por académicos de la institución, plantea propuestas puntuales para hacer frente a cada una de las problemáticas abordadas, entre las que se encuentran: pobreza y desigualdad; política económica y economía social; democracia; violencia e inseguridad; medio ambiente; combate a la corrupción; educación; envejecimiento poblacional; derechos humanos; género e igualdad; migración; derecho a la información y cultura.

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