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Permiso a la ilegalidad

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 Domingo, Abril 21, 2019

   

JUEGO DE ESPEJOS Por: Federico Berrueto 

 

No guarda precedente el memorando del Presidente en el que instruye públicamente a su gabinete desentenderse de lo que ordena la Constitución. Queda claro que el gobierno hace uso selectivo de la ley; a sus adversarios, palo; a sus aliados, obsequiosa complacencia. La situación se vuelve pesadilla porque deja al descubierto una forma de gobernar que debe preocupar a propios y extraños. Excesos de autoridad al adversario político y legalidad ausente frente a los demás. Eso se llama ejercicio faccioso del poder. La situación revela que el Presidente actúa por propia cuenta. En su hacer se desconocen los límites del ejercicio de la investidura que ostenta. Es un problema del conjunto, no de una oficina.

 

El problema habrá de trasladarse al Poder Judicial federal por la vía del juicio de amparo o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por una eventual controversia constitucional al despojar al Poder Legislativo de sus atribuciones. De no poner freno, las leyes se aplicarán a la medida del muy particular criterio de justicia del Presidente. La legalidad tiene expresiones globales, así, el acuerdo comercial establece procedimientos en el caso de que uno de los suscriptores no atienda el contenido del tratado y la legalidad implícita. También está la salvaguarda de los derechos humanos, que son tutelados por instancias multilaterales. Hacia allá habrán de trasladarse muchas de las controversias si el sistema de justicia nacional no es eficaz para contener la ilegalidad y el abuso del poder.

 

La 4T revela la inexistencia de contrapesos sociales e institucionales. Los medios de comunicación no pueden contener los excesos, en algunos hay cobertura veraz y una postura editorial que muestra pluralidad e independencia, pero estos casos son los menos. Las comparecencias mañaneras ante los medios es un procedimiento inédito, que mucho valdría si se remitiera a informar con objetividad, veracidad y sin juicios u opiniones; en realidad, lo que tenemos es un despliegue de ostensible propaganda, agresión a medios independientes y violación recurrente a derechos de particulares, como la presunción de inocencia o salvaguarda del debido proceso. En muchos sectores, especialmente el empresarial persiste el miedo, incluso para proceder a su propia defensa.

 

Existen casos encomiables como el de Gustavo de Hoyos, de la Coparmex, quien alza la voz frente a lo que para ellos son actos indebidos de la autoridad. Pero sus expresiones se pierden y se vuelven confusas e irrelevantes ante la magnitud de información oficial que se produce desde la Presidencia.

 

El Congreso y la oposición no pueden. Su desprestigio es la medida de su incapacidad. La Corte actúa en función de los casos que se le presenten. Los órganos autónomos están arrinconados y a punto de ser colonizados. La Fiscalía General de la República tiene un titular con autoridad y carácter, pero su ocupación es enmendar lo que heredó y eso le resta, al menos por el momento, presencia y eficacia. Los mandatarios estatales son articuladores de la voluntad presidencial y no quieren ver comprometida su de por sí difícil situación financiera y política a través de los enviados presidenciales que han anulado el sentido del pacto federal y la precaria dignidad de las entidades de la República.

 

El tema de fondo es acabar con la corrupción y el oprobio de la desigualdad y en eso están muchos mexicanos.

 

Para lo primero se requiere abatir la impunidad y esto es un tema de legalidad no de discrecionalidad presidencial; para lo segundo es necesario que el país crezca a tasas tres veces superiores a lo que este gobierno perfila. Ni forma ni fondo avalan los casi cinco meses de la 4T, un gobierno que se da permiso para violar la Constitución en aras de un muy discutible sentido de la justicia

 

   


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