Juzgados de Puebla operan sin internet, telefonía y papelería básica
Por La Jornada de Oriente | Lunes, Septiembre 18, 2017
Hace unos días, los 62 jueces que hay en la entidad recibieron un oficio –de la Secretaría de Finanzas y Administración estatal (SFA)– que los dejó helados, pues les comunican que por el cierre del ejercicio fiscal desde este mes ya no es posible hacer ninguna contratación para cubrir suplencias, una situación que viene a agravar las precarias condiciones que atraviesan los juzgados en donde casi no hay papelería ni insumos de cómputo, y en la mayoría se carece con regularidad de líneas telefónicas, de internet y hasta de agua potable.
Es un secreto a voces que, desde hace algunos meses, en los juzgados poblanos aparte de sufrirse una crisis por excesivas cargas de trabajo también se padece una terrible carencia de insumos materiales, la cual llega al extremo que son los jueces y el personal, con recursos propios, los que deben comprar papelería o tinta para impresoras.
El oficio que hace unos días recibieron los jueces de parte de la SFA los mete en un brete, porque faltan cuatro meses para que acabe el año y si en este periodo sufren un faltante de personal, por alguna situación imprevista, no habrá manera de contratar sustitutos, sin importar que ello dañe la eficiencia y productividad del Poder Judicial estatal.
Tal situación plantea un cierre de año tortuoso, complicado, amargo para el aparato de administración de la justicia en Puebla, ya que tan sólo los tres jueces de control que se tiene en la capital –que son los encargados del nuevo sistema penal acusatorio– en promedio cada uno tienen que desahogar a diario entre 20 y 25 audiencias, y en algunos fines de semana esa cifra se incrementa hasta 50 audiencias.
El culpable de esta crisis tiene nombre y apellido: Roberto Flores Toledano, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), quien hace tres años permitió el debilitamiento del Poder Judicial el solapar que éste perdiera su autonomía presupuestal frente al Poder Ejecutivo, o mejor dicho, frente al dominio de Rafael Moreno Valle Rosas.
Flores Toledano ha cobrado notoriedad porque muchos asuntos del Tribunal Superior de Justicia los trata en la Casa Club del lujoso fraccionamiento La Vista, mientras el grueso de los jueces sufren la falta de insumos básicos en sus oficinas.
Hace tres años Roberto Flores Toledano permitió que el presupuesto del Poder Judicial, que es de unos 400 millones de pesos anuales en promedio, pasara a control de la SFA, como parte de la centralización de fondos que ordenó el entonces gobernador Rafael Moreno Valle.
Desde entonces, se rompió la división de poderes y ahora si el Tribunal Superior de Justicia quiere comprar insumos, contratar personal o servicios, o mandar a hacer construcciones, tiene que solicitar los recursos a la SFA, y esta dependencia le puede negar los fondos argumentando que no hay dinero o que los gastos que se pretenden no son procedentes.
Durante el sexenio de Melquiades Morales Flores, siendo presidente del TSJ Guillermo Pacheco Pulido, se aprobó que el Poder Judicial recibiera directamente su presupuesto, luego de que fuera aprobado por el Congreso local. Tal cambio significó la autonomía presupuestal del Tribunal Superior de Justicia.
Esa autonomía se respetó hasta la mitad del sexenio morenovallista, cuando Flores Toledano aprovechando que ya habían sido sustituidos la mayoría de los magistrados del pleno del TSJ y la mayoría habían sido puestos por decisión de Rafael Moreno Valle Rosas, se tomó un acuerdo para que el presupuesto volviera a ser controlado por la SFA, sin tomar en cuenta las implicaciones negativas que habría para el aparato encargado de hacer justicia en Puebla.
El único que se atrevió a hacer una protesta airada y justificada fue el juez José Montiel, a quien finalmente habrían obligado a serenarse. Actualmente este personaje es el jefe de los defensores de oficio.
Durante los sexenios de Melquiades Morales Flores y Mario Marín Torres el TSJ tenía recursos económicos para atender necesidades materiales y de personal, además de contar con un Fondo para el Mejoramiento de la Administración de la Justicia, el cual era una cuenta bancaria cuyos intereses se utilizaban para hacer compras extraordinarias de insumos y mobiliario.
Ahora la carencia de recursos se traduce en estas realidades concretas:
La mayoría de los juzgados registran continuas fallas o corte en el servicio de internet, lo cual es muy grave pues se supone que se echó a andar un programa de ahorro de papelería y para evitar la impresión de miles de oficios se crearon cuentas oficiales del TSJ, mismas que los jueces y su personal no pueden consultar por la falta de red. Ello lleva a que los funcionaros judiciales sufran retardos de días, semanas o meses en conocer disposiciones de sus superiores.
A cada juzgado les dan al mes un promedio de 30 guías de correo pagado, pero resulta que los jueces tienen necesidades de enviar más o menos entre 150 y 200 correspondencias al mes.
Las mujeres que ganan pensiones alimenticias tienen que esperar largas temporadas para cobrar el dinero que aportan los padres de sus hijos, pues dicho dinero ya no llega a las cuentas bancarias del TSJ, tal como antes ocurría, sino ahora los fondos se mandan a la SFA y ahí se liberan hasta que a algún burócrata se le ocurre, sin tomar en cuenta el daño que provoca ese atraso y sobre todo, que es un bien ajeno al gobierno del estado y por tanto no tiene que retenerse.
En general todas las necesidades materiales, de servicios y de personal en los juzgados se resuelven bajo la discrecionalidad, lentitud y contentillo de funcionarios de la SFA. O de plano las carencias son ignoradas, sin justificación alguna. Todo eso ocurre mientras a Flores Toledano lo que más le importa es mejorar su juego de golf en La Vista.