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IFAI: el Presidente no está obligado a entregar datos

Sin Embargo   /   
 Domingo, Febrero 15, 2015

   

Ciudad de México (SinEmbargo).– La comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos está “prestada” –como ella misma dice– del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde fungía como investigadora de tiempo completo, al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (Ifai), desde el 14 de mayo de 2014.

Ese día fue nombrada, junto con el resto de sus compañeros, como una de los siete funcionarios que integran el órgano garante de la transparencia a nivel federal en el país, cuyos alcances en sus funciones se encuentran estos días sometidos a discusión en el Senado de la República, como parte del proceso de elaboración de la Ley General de Transparencia.

La iniciativa de Ley, cuyas modificaciones se encuentran actualmente en discusión, es resultado de un trabajo conjunto del Senado de la República y organizaciones de la sociedad civil, que presentaron una propuesta el pasado 2 de diciembre de 2014.

Sin embargo, los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) propusieron un cumulo de 80 nuevas modificaciones a la iniciativa inicial, entre las que se encuentran propuestas como argüir a la estabilidad económica como causal para reservar información, eliminar límites a los tiempos de reserva o abrir la posibilidad a que se niegue información sin tener que argumentar la razón de la negativa.

Organizaciones como la Red por la Defensa de los Derechos Digitales se han pronunciado al respecto, calificando las nuevas propuestas de modificación como regresivas. Algunos medios han identificado que dichas propuestas provienen de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.

En este contexto y con el trabajo de los Senadores a contrarreloj –pues la normativa tiene que estar lista este mes–, la comisionada Kurczyn se excusa de hablar de más sobre el tema, pues ni ella ni sus compañeros forman parte del proceso de revisión de la iniciativa de ley.

Sin embargo, es innegable la repercusión que tendrá en el trabajo y atribuciones de los comisionados, y quizá por eso Kurczyn concede hablar de su postura y la de sus compañeros cuando se le pregunta sobre algunos de esos cambios propuestos.

La comisionada, cuyo encargo acabará hasta iniciado el siguiente sexenio –en 2020–, habla también de la resolución del Ifai sobre el Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, que a ella le tocó analizar.

El pasado 2 de febrero, el Ifai ordenó a Presidencia de la República dar a conocer el documento que da cuenta de la instrucción que Enrique Peña Nieto dio para la cancelación de la licitación del Tren de Alta Velocidad y el fundamento legal de dicha acción.

El Ifai revocó la respuesta otorgada por Presidencia a un ciudadano al remitirlo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que días después contestó que no había tal documento, escenario que no es sorpresivo para la comisionada, ya que el Presidente no está obligado a firmar como tal un documento que avale su orden, “porque es el Presidente”.

En un momento en que no sólo la discusión de la Ley General de Transparencia está en el centro, sino también asuntos relacionados con la corrupción de los funcionarios públicos y los conflictos de interés y los mecanismos para combatirlos, las preguntas a la  comisionada sobre la efectividad y alcances de esos hechos son inevitables. Kurczyn los ataja todos.

Una reciente resolución, relativa a otra de las áreas que atienden los comisionados del Ifai -el de la protección de datos personales- ha generado alarma entre organizaciones como la Red por la Defensa de los Derechos Digitales, por las implicaciones que podría tener para el acceso a la información y la censura en internet.

Emitida el pasado 26 de enero, falló a favor de un ciudadano que solicitó a Google retirar de su buscador enlaces a publicaciones donde se le mencionaba.

Una de esos enlaces llevaba a una investigación periodística de la revista Fortuna. Negocios y Finanzas, publicada en 2007, que daba cuenta de la relación de amistad y negocios entre la familia Sánchez Alcántara, que controla la compañía de autobuses Grupo Estrella Blanca, y la familia Fox-Sahagún; los donativos que los empresarios dieron a la fundación Vamos México, encabezada por la esposa del entonces presidente Vicente Fox, Marta Sahagún, y los contratos que su empresa había obtenido en el gobierno federal en ese sexenio. La revista también informaba sobre una acusación de fraude contra los Sánchez Alcántara, hecha por otros socios de Estrella Blanca.

Quien solicitó cancelar, bloquear y suprimir la información del motor de búsqueda de Google fue Carlos Sánchez de la Peña, miembro de la familia Sánchez Alcántara, como dio a conocer la revista Contralínea en su edición del pasado 8 de febrero. El peticionario señaló que la información contenida afectaba su “esfera más íntima (honor y vida privada)”, así como sus “relaciones comerciales y financieras actuales”, detalló el semanario.

La resolución del Ifai avaló el derecho del ciudadano a resguardar sus datos personales, pero la publicación ha advertido el riesgo de que esa resolución limite en el futuro el trabajo periodístico y se coarte el derecho a la libertad de expresión, pues bajo este precepto cualquier ciudadano puede solicitar que se retire de internet información que considera que le afecta.

Eso podría incluir, por ejemplo, a la esposa del Presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera Hurtado, o al empresario Juan Hinojosa Cantú, ambos involucrados en el caso de la llamada “casa blanca”. Con base en esta resolución que el Ifai avaló unánimemente, ellos también tendrían la posibilidad de apelar al llameo “derecho al olvido”, si consideran que la información que se ha divulgado de ellos les afecta en su honor.

Para Kurzcyn, no hay en esa decisión de ella y sus compañeros una limitación a la libertad de expresión ni al derecho a la información. ¿Si favorecería la impunidad? Eso no se puede saber por ahora, dice la funcionaria.

–El del Tren Rápido, es un tema con bastantes problemas, ¿cómo llegó este tema a usted?

–El Ifai no tiene facultades de investigación o de averiguación como tal, sino que sólo está atento del derecho al acceso de información como un derecho humano y protegido por el artículo primero y segundo de la constitución.

Lo que el Ifai hace en este caso, además de la protección de datos personales, es el de atender a aquellas personas que no han sido satisfechas en su derecho a la información, así que no podemos tener la idea de un asunto ni traerlo a la mesa porque nos llame la atención o queramos saberlo. Quizá la Ley General pueda traernos derecho de atracción de algunos asuntos, pero no sabemos porque es una Ley que está terminándose de discutir en el Senado y ya veremos. A nosotros nos toca resolver a diario asuntos tan disímbolos y tan distantes, como peticiones de personas que solicitan información de sus datos personales, de la industria, animales que están en extinción y que las personas buscan saber qué acciones se están realizando para preservarlas; cuando la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se niega a dar una información determinada, asuntos de la Presidencia de la República y hasta asuntos del Ifai.

El Tren es un asunto que se va turnando y me toca resolverlo. Una persona particular solicitó a la Presidencia de la República que se le dé el documento que avala la orden del presidente para la  cancelación del proyecto del tren ligero [rápido]. Es una obra de 37 mil millones de pesos, en el cual teníamos una expectativa muy grande sobre todo para las personas de la región que les iba a ser de una gran utilidad por las mejoras económicas.

El Presidente de la República tiene facultades para determinar la cancelación de una obra y estoy completamente segura que al hacerlo fue por condiciones, a lo mejor, financieras y podríamos agregar más, que no sabemos, quizá que se utilizarían muchas áreas cultivables por donde pasara el tren, a lo mejor el impacto ambiental, la cuestión financiera. No podemos saberlo. La cuestión fue finalmente una decisión que se tomó y que se dieron las instrucciones al Secretario de Comunicaciones y Transportes [Gerardo Ruíz Esparza] para decir que se cancelaba la obra. Lo que haya pasado antes no lo sabemos, se hace el proyecto, se hace la licitación, resulta que se empiezan a manejar unos temas como que había algunos intereses o conflictos de interés, se cancela la licitación, se vuelve a hacer y luego se cancela definitivamente.

Me toca resolver el documento en el que se avala. Nosotros revisamos los reglamentos internos de las dependencias, en este caso, de la oficina de la Presidencia de la República, en la que encontramos que el Presidente en ningún lado está obligado a firmar como tal un documento que avale su orden. ¿Por qué? Porque es el Presidente. Él llama a su gabinete y da instrucciones, como en este caso, fue con el secretario de Comunicaciones.

Seguramente la decisión está súper fundamentada. Yo no puedo decir si bien o mal, sólo puedo decir que fundamentada. El tema es cómo se comprueba que el Presidente dio la orden, es complicado saber cómo, pero el Presidente no firmó ningún documento al respecto y la oficina de la Presidencia de la República no tiene el documento. Aquí hubo un error por parte de ellos en la forma en cómo lo dijeron, si a la persona que hace la solicitud se le dice, “no tenemos el documento”, declaran la inexistencia y se le notifica y te oriento con la SCT, que seguramente tendrá documentación que avale el seguimiento de la instrucción que el Presidente dio. La Oficina de Presidencia, la encargada de la unidad de enlace, seguramente dijo que no estaba el documento y se les pasó hacer la notificación de la inexistencia.

Esa es la realidad, es lo que está pasando en este momento. No hay un documento. Nosotros no podemos saber si lo hay o no, porque nos basamos en lo que nos dice el sujeto obligado, en este caso, la oficina de la Presidencia.

De lo que sí estamos completamente seguros es que no hubo una orientación para ir a la SCT y  ésta seguramente va a ser solicitada en información al respecto y seguramente la Secretaría tendrá que decir en qué se basa, qué acuerdos tiene para proceder y cuál es el seguimiento que se le haya dado a la instrucción del Presidente. El Presidente cuando da una instrucción determinada, lo que firman son acuerdos y estos tienen que publicarse y en este caso, hasta ahora, no sabemos que haya un acuerdo.

–En un entorno en el que el sistema de transparencia se está apenas cimentando en el país, ¿fue el modo correcto de Presidencia para tomar la decisión?, y en este sentido, ¿cómo ha sido el desempeño de Presidencia en respuesta a las solicitudes de información?

–Por los casos que nos han tocado, de mayo [de 2014] a esta fecha, Presidencia ha tenido respuesta en la mayor parte de las veces favorable. Hay algunas ocasiones en las que ha tenido alguna duda y se ha votado en el pleno. Por ejemplo, apenas hubo un caso en el que hubo seis votos, tres a favor y tres en contra y la Presidenta del Instituto ejerció la primera vez su derecho de voto de calidad y votó porque la información fuera reservada. En estos casos, con Presidencia que no da información, los comisionados a la hora de votar el asunto que no conocemos analizamos y vemos. Tres estaban a favor de que se abriera la información, tres a favor  de confirmar a la oficina de presidencia de que no la diera.

–¿De qué era la solicitud?

–La solicitud era de unas encuestas, recuerdo que eran de temas de seguridad pública. Si la pregunta es, si Presidencia cumple, sí. No deja sin responder nada y viene la unidad de enlace y hace gestiones, hace sus trámites como los hacen en otras dependencias. Muchas con una gran diligencia.

–¿Cuáles son los mecanismos para determinar que información será reservada, por ejemplo, las declaraciones patrimoniales?

–La ley misma ya tiene sus apartados, la ley es la que señala cuál debe quedarse reservada. Es fácil: temas de seguridad nacional y seguridad pública. Son temas que afectan a las fuerzas armadas, que afectan a la PGR, a los consejos de seguridad nacional, la que se encuentra en un proceso de averiguación previa y que no ha habido un pronunciamiento de un juez, entonces no se puede abrir la información, ya que podría alterar la información.Todos los servidores públicos tenemos la obligación  de dar una declaración patrimonial a nuestro ingreso al trabajo, pero hay la opción de hacerla pública o no, entonces algunos optamos por no hacerla pública, otros sí.

Eso no quiere decir que nos libremos de la obligación de entregarla. Existe y consta en la oficina de la Secretaría de la Función Pública (SFP), ahí están, para que en caso de las que son cerradas, si hay alguna complicación, algún conflicto, averiguación, duda o aclaración, ahí está. Se pueden aclarar en cualquier momento. En muchas ocasiones, algunos no quieren dar cuenta de su patrimonio, no por temor a que el día de mañana se le vaya a reclamar sobre sus ingresos, las personas honestas, perdón que me incluya, que no tenemos nada que ocultar, pero a veces preferimos no dar la información porque no sabemos si haya conflictos familiares, por ejemplo, que se puedan pelear por una herencia. Esa es una opción del funcionario.

–Dadas las condiciones actuales, con todas las dudas que se han generado…

–Aquí en el Instituto, los siete comisionados, cuatro no tenemos una declaración patrimonial abierta, la tenemos entregada y la tiene la SFP, pero no quisimos hacerla pública. Tres comisionados sí accedieron.

–¿Y los miembros del Gabinete?

–Tenemos una división de opiniones aquí mismo. Cuatro opinamos que no y tres que si. Hasta este momento somos mayoría. Ya veremos lo que dice la ley. Yo creo que no tenemos porqué exhibir el patrimonio de una persona, salvo en el momento en el que haya una aclaración.

–El tema de las declaraciones se ha puesto en el centro por el posible conflicto de interés en el caso de la “casa blanca”, las propiedades de Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray. En esos casos donde de alguna forma serviría para aclarar este tipo de situaciones a priori…

–Le vuelvo a repetir que en este caso, es una opción del funcionario el hacerla abierta o no. El hecho de abrir la información o no, no significa que haya corrupción o deje de haberla, yo puedo ser de lo más abierta y dar toda la información de mi patrimonio, pero puedo hacer 20 cosas indebidas y a lo mejor aparento más con la apertura de mi declaración y oculto lo que estoy haciendo por atrás. No lo podemos saber.

La honestidad es un valor, es una parte de la moral de la persona. Lo que debemos hacer los mexicanos, todos, es comportarnos todos con mayor honestidad y ser realmente más solidarios con la sociedad y con el país mismo. Responder todos desde que el que me vende un periódico de fecha atrasada, desde a los pobres niños que mandan a vender chocolates que son caducos, les enseñan desde entonces a actuar mal.

Desde los médicos que llegan a la institución de seguridad social y niegan la atención argumentando que hay mucha gente, pero que ofrecen atenderlos en una clínica enfrente. Todo. Hay tantas formas de ser corrupto, tantas formas de actuar con deshonestidad que lo que tenemos que hacer es cambiar nuestros patrones de educación y enseñarles a los niños a no mentir, a ser honestos y seguir. Tenemos que hacer una campaña muy, muy fuerte, para que todos los mexicanos sean honestos.

–Digamos que ese es el ideal, pero cuando se habla de un sistema de fiscalización y de rendición de cuentas que buscan someter a los funcionarios al escrutinio, por  el cargo que tienen…

–La opinión está dividida. Hay unos que pensamos que no deben hacerse abiertas otros, sí. Vamos a ver qué dice la ley, que si dice que todos tenemos que hacerla abierta, así será.

–¿El Presidente y el Gabinete tendrían que poner el ejemplo?

–Claro, por supuesto. Todos los servidores públicos.

–Por lo que usted menciona de reformar todo este sistema de corrupción, ¿que Presidencia abriera todas las declaraciones patrimoniales sería un gran paso?

–Sería un paso que naturalmente que un funcionario de un alto nivel pudiera decir que su patrimonio fuera público. De todas maneras será criticado. Se una u otra manera lo van a criticar con toda seguridad. No están obligados en este momento, si la ley lo determina, los primeros en cumplir somos precisamente los que tenemos los niveles más altos en el gobierno o en los órganos autónomos como nosotros.

Haciendo referencia a la ley que se discute en el Senado y que tiene que ser aprobada en estos días, hay cambios que están impulsando senadores del PRI y del PVEM, que vienen desde la Consejería Jurídica de Presidencia y que modifican la propuesta original. Es algo que viene del poder legislativo y como tal nosotros no podemos intervenir más que cuando nos piden una opinión o asesoría. En este caso, el Senado ha sido muy receptivo, ha escuchado las opiniones de la sociedad civil, de los comisionados del Ifai, y por ese motivo, durante la Semana Nacional de Transparencia, entregamos unas propuestas de leyes, era lo que nosotros opinamos para que los legisladores tuvieran la oportunidad de hacerse de más información, entonces sobre esa base, los Senadores han sido muy receptivos.

Hay temas en los que no se han puesto de acuerdo o temas que ya los tenían más o menos convenidos, más o menos concatenados entre ellos, avalados entre sí, y en las últimas revisiones que hicieron aparecieron, a mí no me consta, 80 temas diferentes. Según lo que leí hoy, quedan solamente 20. ¿Cuáles son? No lo sé, no se ha hecho público. Es un tema de análisis y de decisión en el Senado, pero ha habido receptividad. Lo mismo por senadores del PVRM que del PRI y del PAN y PRD.

–De estas propuestas que se han reducido, algunas se han difundido. Tienen que ver con la eliminación de un sistema de sanciones, que se reserve información de forma ilimitada y poner “Estabilidad económica” como una causal para reserva de la información. ¿Qué piensa sobre esto?

–El sistema de sanciones. La opinión de cinco comisionados de este Instituto, es en el sentido de que no debemos tener facultades para sancionar. La opinión de tres que sí debe haber sanción. El Ifai es un organismo autónomo y si nosotros vamos a ejercer nuestra autoridad como órgano autónomo, tenemos que tener la facultad de poder sancionar. Hasta ahora, cuando un sujeto obligado no cumple, se da parte al Órgano Interno de Contraloría que sigue todo un procedimiento de acuerdo con la Ley de Responsabilidades y van a la SFP. Para mi gusto, se convierte en un procedimiento burocrático, que sí llega a sancionar, pero es un proceso largo.

Creemos que debemos sancionar para poder tener más eficacia el apuntalamiento de la ley, es decir, yo te ordeno abrir una información, no la cumples, estás violando la ley y como tal te impongo una sanción. En este caso estamos hablando de no sólo sujetos del derecho público, sino también de otras entidades como dice el artículo 6 de la Constitución, también tendríamos que ser muy cautelosos. Sanciones: cuatro comisionados dicen, no. Tres decimos, si. Vamos a ver qué decide el Senado.

¿Reservas ilimitadas? En el sentido, por ejemplo, del Estado Mayor Presidencial, de la Sedena, del Banco de México, se señala que no van a tener una unidad de enlace, sino que será el  titular el responsable de dar la información.

En el otro tema, relacionado con la apertura de la información en el sector energético, yo creo que deben tener el mismo tratamiento que todos los sujetos obligados, y por lo tanto puede abrirse y debe abrirse la información y reservarse toda aquella que represente parte de la seguridad. En cuanto a la estabiliza económica y la estabiliza monetaria, por supuesto que tiene que haber reservas cuando en algún momento pudiera presumirse, y entonces se habla de la prueba del daño público. Es decir, si de verdad creemos que puede haber un daño público, hay que hacer la ponderación y hay que reservar la información.

–¿De qué manera se podría ponderar un daño público? Sobre todo porque en este aspecto lo que se cuestiona es que (es una), como está propuesto, es muy ambiguo, entonces que podría interpretarse discrecionalmente.

–Es que la prueba del daño público no es como que revolver agua y aceite para ver si se juntan o no se juntan. es un poquito más complicado: hay que ver cuál es el momento político, cuál es el momento financiero, si el petróleo subió, si el petróleo bajó, las bolsas de valores cómo estén, ya es un problema inclusiva de globalización. Entonces es muy complicado poderlo determinar con anticipación sino viendo en el momento cómo se está manejando la economía mexicana dentro de la globalización y luego ver qué clase de información es la que solicitan, porque ya ve que eso es amplísimo ¿verdad? Igual nos pueden solicitar información sobre las reservas, igual nos pueden solicitar información sobre los créditos de endeudamiento que tenga el gobierno a nivel internacional, que son datos que sí se deben de dar, pero a lo mejor hay información que en algún momento nos puede perjudicar a la economía nacional, porque nos vaya a mover las balanzas de pago, por ejemplo. Entonces yo creo que hay tendríamos que estar muy atentos a que no se nos vaya a disparar la moneda, que no vayamos a tener un golpe de inflación y todo. Eso a mí me parece que es muy importante porque es el bolsillo de los mexicanos.

–Frente a este señalamiento de que como está planteado es muy ambiguo, ¿habría forma…? Entiendo esto que menciona de que es muy difícil, digamos, predisponerse o establecer una serie anticipada…

-Una prueba de daño público no podemos tener aquí unas cajitas para ver, sacamos aquñi y vemos con esto que puede pasar. No se puede.

–Pero, ¿habría alguna forma de establecer algunos lineamientos básicos, un poco también para responder a esta inquietud de la sociedad civil, que es quienes están apuntando, o advirtiendo, de un riesgo de que quede tan ambiguo cómo se está proponiendo?

–Sí, eso dependerá de qué se entienda por interés público, y el interés público pues es la estabilidad, en general, social, política, económica de toda la sociedad.

–¿Y eso, así como lo acaba de definir, no es demasiado ambiguo todavía? O sea, ¿qué lineamientos serían necesarios o suficientes…?

–No hay reglas determinadas que las pudiéramos usar en ese momento. De verdad, de verdad tiene que ser casuística y tiene que analizarse muy bien el tema y en el contexto que está ocurriendo.

–Hay un aspecto de estos que se están discutiendo que afecta directamente al Ifai como órgano garante de la información, que es esta posibilidad de que los sujetos obligados denuncien a los funcionarios de los órganos garantes cuando entregan información que ellos consideren que les afecta. Como parte de uno de estos organismos garantes, y además el más importante a nivel federal, ¿qué piensa sobre esto?

–Mira, yo creo que quienes trabajamos en estas actividades de transparencia y rendición de cuentas somos los más obligados a ser transparentes de nuestras ciertas en todos los sentidos, entonces si en algún momento nos sancionan, que no s sancionen. De cualquier manera si algún sujeto que trabaja para un órgano garante, o algún comisionado o alguno del personal que trabaja comete algún error, hay una ley de todas maneras que se aplica, inclusive puede llegar a cometerse un delito y entonces nada queda exento de que sea sancionado conforme a las leyes.

–Pero el hecho de que algunos consideran que puede suponer un tipo de mordaza el decirles a los funcionarios que están dentro de los órganos garantes: ‘Bueno, si das esta información…’ y él después se siente afectado por la información que tú le obligaste a dar…

 

–No, yo no creo que eso pueda pasar, porque finalmente el Ifai es un órgano constitucionalmente autónomo, entonces realmente eso seria como una especie de chantaje, sería un poquito difícil [decir]: ‘O resuelves de tal manera o te acuso y digo que tal. No se podría, eh, ya no estamos en esa época.

–Un poco parece, así como está planteado pareciera que es eso, por eso le pregunto.

–No, yo más bien creo que va por el rumbo de obligar a que los propios órganos garantes se conduzcan de verdad con mucha transparencia y que también cumplan con la rendición de cuentas. Nosotros somos sujeto obligado también, entonces a nosotros, en las preguntas, nos toca resolver, y resolvemos, y nos sancionamos, y estamos muy pendientes con nuestra Unidad de Enlace de ver qué temas vienen y nos están solicitando. Usted no tiene idea la cantidad de solicitudes que tenemos, hay veces que nos piden el correo electrónico o que nos piden…es terrible, es terrible porque se entrega todo, por supuesto, ahí están las bandejas completas. Y luego ¿sabe qué pasa? Luego no vienen a recoger la información, así nos llega a pasar. No sabemos a veces si es una petición hecha con un fundamento o fue una petición nada más para hacerla y ya, y nosotros de todas maneras, en todos los casos, la tenemos que tomar con toda la seriedad del caso.

–Ahora que hablábamos con el tema del tren: el hecho de que estas propuestas o estos últimos cambios, que ahorita se están discutiendo en el Senado, provengan justamente de la Consejería Jurídica de la Presidencia, que en el caso del tren es…

–Bueno, yo le quiero decir una cosa: a nosotros no nos consta que vengan de la Consejería Jurídica. Lo que sabemos es que los Senadores están, ahorita, los del PRI y los del Verde están confrontados con los del PAN y los del PRD; o al contrario, PAN y PRD están confrontados con el PRI y el Partido Verde porque los criterios son diferentes. Pero, mire, esa es precisamente la función de los partidos políticos. Cada partido político tiene su línea de acción y se confrontan en este tipo de temas y justamente tienen que llegar a los consensos en donde valoren qué es lo que más conviene para la sociedad mexicana. En este caso, están considerando que no conviene o que si conviene pero yo no creo que la Consejería Jurídica pudiera determinar, vamos, a lo mejor si, pudiera, por tratarse de una oficina del Presidente, el Presidente es del Partido revolucionario Institucional podría pensarse, pero yo no le puedo confirmar esto porque son temas que solamente han salido en la prensa, entonces no podemos saber la certeza de la fuente.

–Déjeme replanteárselo: en esta confrontación que está ocurriendo en el Senado, entre los partidos, lo que [se] está dirimiendo a fin de cuentas es el sistema de transparencia que va a haber. En estos últimos meses que hemos visto casos, investigaciones periodísticas además, que se basaron justamente en el acceso que tuvieron a información pública y que han abonado a los mecanismos de rendición de cuentas, a la transparencia, un poco todo va situado hacia el mismo tema. ¿Cuál es su opinión sobre que en este contexto de que se han producido…?

–Mire, yo estoy completamente convencida que quienes on cabeza de un gobierno a nivel federal o a nivel estatal, en esta época o en la época que venga, sea del partido que sea, quien sea el funcionario que encabece y que tenga en honor de ser Presidente o Presidenta de México [o] como Gobernador o Gobernadora de alguno de los estados, estoy convencida que van con la mejor intención de ayudar al país y de ayudar a la sociedad, frente a la cual están gobernando. Y estoy convencida de que ellos son los primeros en querer que las cosas se transparenten, para conocer que todo el personal y todos los funcionarios, que son su apoyo para gobierno, están realmente siguiendo las instrucciones que se deben de dar. Entonces quienes más interesados deben de estar en que se abra y haya transparencia son justamente los gobernantes.

–Pero de pronto pareciera que no. Le voy a mencionar sólo un ejemplo: el caso de Tlatlaya, que ocurre un poco en la misma temporalidad, y después viene este asunto que también se solicita, por el sistema de transparencia, el informe de la Comisión [Nacional] de [los] Derechos Humanos, y la Sedena impugna para que no se entregue esa información…

–Yo creo que Sedena no lo hace con el ánimo de ocultar, sino yo creo que lo hace porque en este momento continúan en averiguación, es decir todo está todavía sujeto a una investigación. En el momento en que la investigación esté cerrada yo no creo que haya ningún pretexto para abrir la información, y de hecho nosotros hemos estado aquí resolviendo algunos recursos [de revisión] y nos han dado respuestas.

Hace unos pocos días, tal vez no esta semana sino la semana pasada, se resolvió un recurso en el que nos pidieron los nombres de los militares que habían participado en algunas jornadas, en lo que ellos llaman la orden de fatiga, y nos dieron los nombres de quienes habían estado en la orden de fatiga. Ahora, nosotros no vamos a dar los nombres de esas personas, porque sería revelar datos personales, pero sí sabemos y sí tenemos acceso a los expedientes: nos los muestran, sabemos que ahí están, pero no se negaron a darnos información. Hay a lo mejor partes que todavía no la dan porque ellos nos dicen que están todavía en averiguaciones.

–También a raíz de estas investigaciones periodísticas, una consecuencia, de alguna manera, fue el nombramiento del actual Secretario de la Función Pública, que se dio a conocer junto con una serie de acciones ejecutivas con la intención de prevenir la corrupción y conflictos de interés. En su opinión ¿le parecen estas medidas que anunció el Presidente suficientes, sobre todo pensando en un sistema anticorrupción, si no hay transparencia con la información?

–Ahora sí no le entendí muy bien su pregunta…

–Me refiero [a que] cuando se habla de un sistema anticorrupción, estas medidas que anunció el Presidente ¿son suficientes cuando no hay transparencia en la información?

–Yo creo que para combatir la corrupción nada es suficiente. cada vez hay más y más y más que tenemos que preguntar y tenemos que pedir. Lamentablemente la mente humana, los intereses humanos, el egoísmo humano a veces puede ser desbocado, y yo creo que todas las medidas que se puedan señalar para combatir la corrupción, todas, son magníficas. Nada más hay que cuidar, en un momento determinado, lo que es la dignidad de la persona y lo que es la protección de la vida personal, eso yo creo que necesitamos también dimensionarlo.

–Respecto a eso, aprovecho para preguntarle de un caso también reciente: una resolución del Ifai del 26 de enero, un poco se dirimió la protección de datos personales -en el caso de Google- contra lo que tiene que ver con el interés público, porque parte de la información que estaba dirimiéndose era una investigación periodística…

–Yo no puedo dar los nombres de quienes estén involucrados ahí…

–No, pero ya se publicó esa información.

–¿Del nombre de la persona? ¿Del particular? De cualquier manera yo no estoy autorizada para darles el nombre. Yo le puedo platicar lo que pasó. Una persona se inconforma y va con Google y le dice ‘Quiero que borres mis datos que tienes ahí. Es una persona de la vida privada, particular, no es funcionario público. Google no borra los datos y le dice ‘No los puedo borrar’ o ‘No los quiero borrar’, o lo que usted quiera. La persona viene con nosotros y dice ‘Pedí que borren mis datos, no los quieren borrar’. Por lo tanto iniciamos un proceso de verificación, lo cual quiere decir que constatamos que efectivamente los datos de la persona están en Google y que él hizo una petición y que no tuvo una respuesta, o que le dijeron que no. Por lo tanto se hace un llamado a Google, se le dice ‘Hay una demanda de protección de datos personales y Google tiene varios días para apersonarse, para plantear sus problemas, sus condiciones, y en un momento se le ofrece también la posibilidad de conciliar con la persona que se queja o que presenta la queja. Si no lo concilian, como fue el caso, entonces nosotros terminamos ese proceso de verificación y entramos a la etapa de sanciones. Google tiene hasta el día de hoy [jueves 12 de febrero] como plazo límite para poder presentar un alcance, es decir para poder señalar ‘Los voy a borrar’.

Pero Google desde un principio manifestó que ellos no tenían los motores de búsqueda y que no eran una empresa mexicana. Sí es empresa mexicana, tiene un acta constitutiva en México, sí tiene domicilio en México, sí es socio de las empresas de Google International Incorporated, sí es socio de otro Google que tiene sus domicilios en otro país, pero finalmente Google México sí tiene una oficina en México y sí tiene una personalidad acordada de acuerdo a derecho mexicano, por lo tanto es un sujeto con responsabilidades, y al no querer cumplir con esa obligatoriedad de tapar, de cubrir, de quitar los datos nosotros pasamos a un procedimiento en el que vamos a ver si Google tiene alguna prueba que nos aporte, para demostrar que no cometió la falta; de lo contrario, nosotros vamos a imponer una sanción. Hay un periodo de pruebas, que se terminará creo, si la memoria no me falla, creo que termina el veintitantos de febrero. Es decir, a partir de ahora que termina este plazo, viene un plazo de 15 días, y entonces si Google en estos 15 días no nos presenta pruebas y no busca la manera de resolver el problema, entonces nosotros tendremos que aprobar que se imponga una sanción.

–¿Pruebas de que efectivamente ya quitó la información de sus buscadores?

–Bien podría ser eso. No le puedo dar exactamente los temas porque todavía está este procedimiento vivo. Estamos esperando, entonces no le puedo dar tips a la contraparte.

–Acá el asunto es que por una parte, uno de los enlaces que el solicitante, el ciudadano solicitó que se removieran era una liga a una investigación periodística de años atrás, donde a él se le vincula con funcionarios públicos. Eso por una parte, digamos en el caso específico. Y de manera general, la pregunta sería ¿de qué manera afecta esta resolución que ustedes tomaron a los medios de información respecto a la información que publicamos, y de los ciudadanos?

–Qué bueno que me pregunta esto, porque de ninguna manera se coarta el derecho de información pública, de ninguna manera se coarta la libertad de expresión, para nada. La libertad de expresión es un derecho humano, tan preciado como todos los demás, y la protección de los datos personales es también un derecho humano. Los derechos humanos no son absolutos, ningún derecho es absoluto. ¿Cuándo termina el derecho a la libertad de expresión? En el momento en que lastima otro derecho humano, que es la protección de datos personales. ¿Cuándo termina el derecho a la protección de datos personales? Cuando ya se está excediendo para limitar el derecho a la libertad de expresión. ¿Qué tiene que pasar con esto? La ponderación para llegar al equilibrio en lo que veamos cuál es lo que debe convenir más. Y en este caso hay que valorar que [en] la interpretación de los derechos humanos, tenemos que apegarnos a las normas que nos da el artículo 1º de la Constitución, que nos dice que todos los derechos humanos tienen que ser aplicados de acuerdo con las normas nacionales, las normas internacionales, es decir todos los tratados internacionales de los que México forma parte, y en caso de duda lo que se tiene que aplicar es el principio pro persona, esto es le doy el beneficio a la persona, fundamentalmente. Estamos en esa condición.

Vamos a esperar a ver qué pasa con Google pero no hay, de ninguna manera, una limitación a la libertad de expresión, al contrario. Y les vamos a invitar a ustedes, dentro de unos días vamos a hacer un foro, precisamente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que es mi casa, porque ego aquí estoy prestada, donde vamos a poder escuchar y dilucidar a los expertos y que nos hablen de la libertad al derecho a expresión y el derecho a al protección de datos personales. Vamos a escuchar sus opiniones. Hemos tomado mucho interés en hacer esto, porque precisamente se ha creado esta suspicacia, y pueden ustedes tener completa garantía que de ninguna manera se coartará el derecho a la libertad de expresión.

–Entendemos que esta resolución que ustedes emitieron, de forma unánime ahí sí, significa, si entendemos bien, si el día de mañana, por ejemplo, Angélica Rivera viniera y dijera “Quiero que se retire toda la información que se publicó sobre la ‘casa blanca’”, ¿estaría en el derecho de que se removiera?

–Angélica Rivera no es funcionario público, es una persona particular, y en este caso los funcionarios públicos sí, inmediatamente se abre al información, tan es así que usted abre la página de cualquier dependencia y se encuentra que los funcionarios aparecen ahí con su domicilio electrónico, con su número de teléfono, con el monto de sueldo que tiene, con las prestaciones que tiene, con las actividades que desarrolla y demás, el grado que tiene de estudios, etcétera. Esta es una información pública porque son funcionarios públicos.

–Por ejemplo Peña Nieto, en 20 años o cinco años, cuando acabara su cargo, ¿no podría venir a usar este mismo argumento de este ciudadano y pedir que se borren sus datos, aunque ya no esté en un cargo público?

–No, un funcionario público y más de la talla que ha sido el Presidente de la República pues evidentemente no…

–Pero Angélica Rivera, que no es funcionaria ¿ella sí podría pedir que se quite la información?

–Hay lagunas en la ley en ese sentido, hay lagunas. Pero por el momento ella no forma parte de los funcionarios públicos y por lo tanto ella no está obligada a abrir una información. Le recuerdo: las declaraciones patrimoniales se nos pide a nosotros que demos las propiedades que tiene nuestro cónyuge o nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros familiares en línea directa. Entonces en ese sentido habría que analizar las declaraciones patrimoniales cómo fueron dadas.

–No, no nos referimos a que se abra la información de Angélica Rivera, sino a que ella pidiera que se removiera la información que la mencionó por el tema de la “casa blanca”, ¿se tendría que quitar, entonces?

–Claro, claro.

–¿Y no cree que, poniendo ese ejemplo pero pensando en otros ejemplos como los hijos de Marta Sahagún, los hijos de José Murat ahora, pues que podría favorecer la impunidad también?

–El hijo de…

–Bueno, la hija [de Murat], porque el hijo sí es funcionario público. La hija, que también se ha ventilado que tiene propiedades a su nombre [en Estados Unidos].

–Sí, tiene todo el derecho para pedir que se borren sus datos, porque nosotros no tenemos derecho a lastimar la dignidad de una persona, en primer lugar son informaciones que han llegado pero que no tenemos la veracidad, y aún así tendría que seguirse todo un procedimiento para saber que esos bienes, esas propiedades fueron adquiridos de una manera irregular o con recursos públicos, y hasta que no tuviéramos nosotros una decisión de una autoridad competente que nos dijera ‘Son delincuentes porque usaron recursos públicos, desviaron fondos públicos y tal’, podríamos entonces pensar en eso. Mientras tanto tenemos que dar la presunción justamente de inocencia, que es como nuestro sistema lo indica.

–¿Y cómo se dirime ahí, entiendo el derecho de las personas a la protección de sus datos, pero también el derecho de las audiencias a tener acceso a esta información? Imaginemos un caso hipotético: que Angélica Rivera pidiera que se quitara su información y el día de mañana alguien quisiera consultar qué ocurrió con la “casa blanca” y el nombre de Angélica Rivera no va a aparecer porque pidió esto. ¿No se afecta ahí también el derecho de los ciudadanos a la información?

–Pues le voy a decir una cosa: el Registro Público de la Propiedad es público y ahí aparecen exactamente todas las propiedades…

–No, pero no aparecen de la manera en cómo se presentó periodísticamente, o en estas investigaciones periodísticas.

–Ah sí, eso sí no le sabría decir en realidad. No sabría. No tengo ni idea porque ella no es funcionario público, ella seguramente rindió una declaración patrimonial, no ella sino su esposo tuvo que haber rendido una declaración patrimonial en la que incluya el patrimonio de su cónyuge. La verdad en este caso ella era una mujer que tenía su trabajo por separado, es una pareja recientemente unida, no tienen muchos años, entonces no sabemos en realidad el patrimonio que ella tenia y que haya aportado y demás y el que haya adquirido posteriormente y cómo lo haya adquirido, no lo sabemos. Es decir, esta parte de averiguación no le corresponde al Ifai, el Ifai lo único que pide es darle respuesta a la persona que te hizo una pregunta y que te pidió un acceso a la información.

Eso es lo que el Ifai tiene que hacer: cuidar la protección a la información, el derecho a ser informado, el derecho a saber en qué se gastan los recursos públicos, a saber cómo se utilizaron, si no hubo un desvío, si no los utilizaste con derroche, si no te lo dieron para comprar manzanas y compraste peras, porque eso es muy claro: hay un presupuesto para comprar tabletas para los niños de las escuelas, por ejemplo, y en vez de eso les compran bicicletas porque se van a divertir más, y resulta que pues está mal porque no era así la orden que se había dado, ni el dinero estaba destinado a esto, estaba destinado a dar unas tabletas. Pero el Ifai no puede hacer investigaciones como Procuraduría…

–No, claro. Pero nos referimos a los alcances que va a tener esta resolución.

–La resolución está solamente en que las oficinas a las que se les haga la pregunta, den la respuestas que corresponden.

–En su opinión ¿esto no va a favorecer tampoco la impunidad en el largo plazo?

–No, yo no digo que no. No, no, no, yo no digo eso. No podemos saber.

–¿Pero hay riesgo? ¿Cree que puede haber riesgo?

–Es que no tengo ni dea, vamos. Yo no puedo hacer juicios a priori. Yo no puedo pensar en este momento que hay acciones indebidas porque no tengo los elementos para emitir un juicio en ese sentido.

http://www.sinembargo.mx/15-02-2015/1249845

   


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