Investiga CDH Puebla posible violación a los derechos humanos por caso UDLAP y enfrentamiento en Xoxtla
El organismo conoce de hechos que podrían constituir violaciones a los derechos humanos e inicia una investigación de oficio
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) mantiene abiertas investigaciones de oficio por el presunto retraso en el levantamiento del cuerpo de María Fernanda, estudiante de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) víctima de feminicidio, así como por el enfrentamiento entre habitantes de San Miguel Xoxtla y policías durante una protesta por el resguardo de un pozo.
La presidenta del organismo, Rosa Isela Sánchez Soya confirmó que, en el caso de la universitaria, se inició una queja contra la fiscalía general del Estado (FGE) para investigar posibles omisiones de las autoridades ministeriales durante la atención del caso.
Explicó que, cuando la CDH conoce hechos que podrían constituir violaciones a los derechos humanos, puede iniciar una investigación de oficio y solicitar información tanto a las autoridades involucradas como a los familiares de las víctimas.
En cuanto a los hechos registrados en Xoxtla, la CDH aclaró que se desplegaron observadores durante el desarrollo del conflicto. Posteriormente, el organismo abrió una queja de oficio a partir de la información difundida en medios de comunicación y redes sociales.
Te puede interesar:Perforación del pozo Pavigi eleva tensión en San Miguel Xoxtla›De acuerdo con la CDH, la investigación busca esclarecer cómo ocurrió el enfrentamiento entre pobladores y elementos de seguridad que resguardaban el pozo, así como determinar si el ayuntamiento solicitó la intervención de cuerpos policiales adicionales.
La comisión está a la espera de los informes de las autoridades municipales y de las actas levantadas durante el operativo, documentos que permitirán integrar mayores elementos al expediente y establecer si existieron posibles violaciones a los derechos humanos.
Precisó que, hasta el momento de la declaración, los habitantes que consideraron haber sido agraviados no habían presentado una queja directa ante el organismo, por lo que la investigación se inició a partir de la información pública sobre los hechos.