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Opinión



Guardia Nacional y Grupo de Lima: contradicción

Jueves, Enero 10, 2019 - 14:20
 
 
   

Los gobiernos estatales no han capacitado su policía y no han podido detener su corrupción

Una parte importante de la discusión actual sobre la Guardia Nacional es sobre lo que implica la de facto militarización del país: un desbalance total entre el poder militar y el poder civil, ir en contra de la vocación natural de la fuerza militar (salvaguardar la soberanía nacional), y el peligro sobre los derechos humanos que dicha militarización ha generado en muchas partes del mundo en que se ha utilizado como fuerza del orden público. Como argumento para establecer la Guardia Nacional, el nuevo gobierno ha esgrimido la situación de inseguridad que prevalece en el país y que pareciera que nadie, salvo la fuerza militar, es capaz de detener su avance implacable. Los gobiernos estatales no han capacitado su policía y no han podido detener su corrupción. Incluso algunos gobernadores se han aliado con el crimen organizado. Por tanto, ahora sí, dice el nuevo gobierno, la fuerza militar, dotada de entrenamiento, mejores sueldos y prestaciones, armamento y respaldo social podrá eliminar la corrupción y luchar con efectividad contra la inseguridad. De los impactos sobre los derechos humanos, dicen, no se deben preocupar pues “no serán militares, sino la policía militar.”

Hay evidencia internacional suficiente para afirmar que una sociedad que deja en manos de las fuerzas militares la seguridad pública sufre, invariablemente, de más violaciones a los derechos humanos que una sociedad que tiene a la fuerza civil para cuidar el orden público. En un artículo del New York Times del 26 de mayo de 2016, los periodistas Azam Ahmed y Eric Schmitt señalaban que “Durante la última década, a medida que los marinos y soldados mexicanos han sido enviados a la línea de combate, las violaciones a los derechos humanos se han disparado”.  (https://tinyurl.com/y7o9mzgy) “El Ejército mexicano mata a 8 enemigos por cada uno que hiere. Para su fuerza elite, la Marina, la discrepancia es aún más pronunciada: según sus propios datos, mata a 30 combatientes por cada uno que hiere.” Es decir, la fuerza militar en México es de las más letales del mundo. Eso es una indicación que cuando hay enfrentamientos, hay muy pocos heridos… hay muchos muertos. Es un pésimo indicio de lo que ocurre en el campo e indica, tal como sostienen los expertos y las organizaciones civiles, que instalar la Guardia Nacional en manos militares conducirá a muchas más violaciones de los derechos humanos.

Mientras tanto, hace apenas unos días, el gobierno mexicano se abstuvo de firmar una postura del Grupo de Lima, compuesto por 14 países enfocados desde agosto de 2017 a lograr un entendimiento entre las partes al interior del conflicto político venezolano, en el sentido de no reconocer el nuevo periodo de Nicolás Maduro después de un proceso de cambio institucional plagado de irregularidades y fraude electoral. Un proceso que de facto avaló las graves violaciones a los derechos humanos, y que ha generado una emigración de dos y medio millones de venezolanos desde 2014. La postura del canciller Marcelo Ebrard en la reunión con embajadores y cónsules del cuerpo diplomático el pasado lunes fue respetar el principio de política exterior de la no intervención, y que se debían respetar “los derechos humanos en primer lugar en México y eso es lo que nos va a dar autoridad moral para poder opinar en el ámbito internacional sobre esa materia, valores democráticos, igual”. (https://tinyurl.com/yc24tf5u) .

Es verdad que en México se han violado los derechos humanos, pero también es cierto que el trabajo de muchas organizaciones civiles y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una institución autónoma del Estado mexicano, han peleado fuertemente por corregir esa situación. México, como Estado, tiene instituciones que salvaguardan esos derechos y han jugado un papel importante. Más bien, parece que la razón del gobierno para abstenerse de firmar la postura del Grupo de Lima se debió a lo que fraseó el propio Presidente López Obrador: No queremos intervenir en otros países porque no queremos que nadie se meta con nosotros, palabras más palabras menos.

Esa parece ser la verdad detrás de la decisión en el seno del Grupo de Lima y existe una grave contradicción en los hechos: que el nuevo gobierno quiere ganar autoridad moral a través de una política de respeto efectivo a los derechos humanos es contradictoria con el establecimiento de la Guardia Nacional, que presuntamente los estará violando como nunca antes.

Por combatir el grave problema de la inseguridad se va a crear otro mucho peor de violación a los derechos humanos. Esta decisión es equivocada, sobre todo porque hay alternativas a la vía de la Guardia Nacional sin esas consecuencias tan nefastas. A ver si no ocurre algo semejante a la lucha contra el huachicol: todos estamos de acuerdo en llevarla a cabo, pero la estrategia parece, por decir lo menos, mal planeada y con costos elevadísimos para la sociedad.

Enrique Cárdenas Sánchez

Universidad Iberoamericana de Puebla

Puebla contra la Corrupción y la Impunidad

enrique.cardenas@iberopuebla.mx

@ecardenassan


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