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Opinión



Los dos supuestos del magistrado y la ponencia que se hizo pública

Miércoles, Diciembre 5, 2018 - 13:55
 
 
   

A la contraparte queda dar “patadas de ahogado”

Pueden manejarse dos supuestos de actuación del magistrado. Uno, que la ponencia ya se convirtió en “manifestación pública”, por cuenta propia del magistrado del TEPJF José Luis Vargas, en cuyo caso, en forma por demás curiosa y no menos contradictoria, la Coalición: “Por Puebla al frente” y el Partido acción nacional, ya han tirado el “grito en el cielo” lanzando toda clase de denuestos e improperios en su contra. Tal coalición y partido acostumbrados, “en Puebla”, a tener “bajo su puño” a las autoridades sobre todo “judiciales” o “electorales”, no tolerarían que alguien tenga la “osadía” de ejercer su derecho constitucional a la necesaria <<autonomía jurisdiccional>>, y que en nombre de esa <<autonomía>> este dignatario jurisdiccional “proceda” a dar a conocer públicamente (ojo) “no el fallo”, sino “solo su ponencia” (componente del fallo). En que estimaría según su facultad o capacidad autónoma y decisoria de lo que él cree estricto sentido jurídico de la probable resolución que habría de recaer en ese asunto, el del fraude electoral en Puebla, el 1º de Julio.  Acto seguido, los “leguleyos” de esa coalición y partido “aparentarían”  lanzarse con todo al mencionado jurisconsulto.  “Pretendiendo” hacer creer que “ya falló” “él solito” (¡sic!). “Colosal mentira” desde el punto de vista jurídico formal (sobre ese “dislate” seguramente de ser cierta esta hipótesis provocaría la “risa sonora” de quien aparecería como muy “juicioso” y “perspicaz” magistrado). Pero con esa “fanfarria denostativa” quedaría muy mal parado no el magistrado, sino por supuesto la pedante “coalición” y el partido en cuestión; pues pondría  de manifiesto que “no saben” nada de derecho público ni mucho menos de derecho electoral, que no sólo no entenderían el término claramente “asertivo”: <<justicia amplia>>, que legal y constitucionalmente buscaría el juicioso magistrado, sino mostraría una “manía” claramente distorsionante de la interpretación del derecho público, sobre todo, electoral, pues aplicarían, “como siempre” lo hacen,  criterios “groseramente privatistas” para juzgar “a priori” a un dignatario de derecho público, mientras olvidarían, por completo, la naturaleza y “carácter público” del derecho electoral. Esa “manía” desgraciadamente no sería privativa de esos organismos, hoy en día está muy difundida en las facultades de derecho de nuestro país: resolver conflictos de interés público, mediante criterios burdamente “privados”, incluso “crematísticos”.  Nosotros siguiendo esa aserción diríamos: ya es tiempo que se respete el derecho público y el social, que se comprendan cuáles son  sus <<principios>> y <<grandes>> criterios de resolución de conflictos de interés, y que a ellos se apeguen los juristas. Que no vuelvan al criterio civilista un criterio totalitario, imperialista. La ignorancia de los otros derechos impropiamente la resuelven con lo único que saben; derecho civil y mercantil. ¿Es mucho pedir que se pongan a estudiar esos derechos?    

De otra parte, bajo el mismo primer supuesto, la “confusión” de esos susodichos, sería del todo inaceptable, si tomamos en cuenta el principio de necesaria <<claridad lógica>>.  No olvidemos que de acuerdo a ese principio lo que es claro es diferente, no siendo lo diferentes sino distinto y lo distinto susceptible de individuación, es decir de aplicación concreta. Lo que habría hecho el magistrado, entonces, sería sólo un ejercicio de lógica jurídica impecable.  En modo alguno atraería “para sí” lo que es competencia sólo del colegiado de magistrados, un profesional de su talla, no le sería omiso tal límite, ni tal restricción, razón por la cual en su ejercicio él estrictamente se mantendría dentro de los parámetros y supuestos del derecho público electoral.  Sólo bajo la insolencia de insostenibles “juicios de valor”, incluso claramente “ideológicos” (en el sentido de falsa conciencia de la realidad) podría derivarse, por las “razones que sean”, otra cosa que no fuera un estricto apego a la ley y a la constitución en la publicidad de su ponencia, pues es de interés del público no solo saber lo que hacen los magistrados sino <<lo que hacen>> para no incurrir en corrupción, y éste sería el tema de derecho público, incluso, también sobre el aspecto de la publicación, se trata de una <<constante superación>> del mezquino y limitativo interés privado.  Es claro, entonces que el magistrado, no estaría violentando derechos de nadie, pues esos derechos están a salvo, mientras no se dicte un <<fallo oficial>>, es decir, colegiado por ese órgano jurisdiccional competente (TEPJF).  Querer  aparentar ya “reprimirlo” no sólo sería una desmesura, sino más bien, una clara muestra de una cierta actitud enfermiza, totalitaria, por demás intolerante, que no acepta el derecho de cualquier ciudadano sino incluso no acepta por mayoría de razón lógica la <<necesaria autotomía>> jurisdiccional de un magistrado para elaborar una aserción, más aun para abonar a la administración de justicia, y así incluso para darla a conocer al público, apelando a éste para evitar “corruptelas”, “moches”, pues de eso se trata, del público, de sus esenciales derechos de justicia. La actuación del magistrado estaría ya por sólo esta razón justificada.  Es aquél, al público, a quien se tiene que acudir cuando los “interese privados” que atentan contra los del público, no sólo “presionan” sino “ponen en riesgo” la justicia.  <<La justicia amplia>> mandatada por el art. 17 en relación con el 1 y 2 constitucionales, nada menos; es decir la <<justicia>> que va más allá del “estrecho y mezquino” interés privado.  Así lo que, más bien, le dolería a la probable contraparte del magistrado no sería su supuesto acto de dar a conocer al público el sentido jurídico del fallo, según su especialísimo criterio, sino el rigor lógico en la aplicación de los principios públicos del derecho electoral y constitucional, también, sin duda, la gran fuerza de convicción de sus argumentos absolutamente coherentes y consistentes con la verdad real.  Como es lógico, la contraparte ante “su manifiesta” incapacidad para dar respuesta, sin “galimatías” y sin claras “contradictio in adjecto”, a la contundente  argumentación del magistrado, pretendería, como es su costumbre “retorcer la ley”, y bajo el cobijo de argumentos sólo formales “falaces” y de claro “tono privatista”  pretendería restar credibilidad  al libelum del magistrado (esto ya ocurre en la prensa).  En realidad “defiendería lo indefendible”  o una “causa perdida” de antemano, como dice el refrán popular “estaría dando patadas de ciego”.  Pero en este supuesto esto sólo sería parte del “Show”, pretendiendo dar cuerpo a una chicana, es decir, dilatar el asunto deteniéndose en cuestiones menores recusables (¡sic!).  Un magistrado en desgracia podría prestarse a este juego. Y este podría ser ya el segundo supuesto que aquí se plantea.

Un asunto que la “contraparte panista” de MORENA sabe que va a perder, pretendería enredarlo en chicanas aparentemente irresolubles.  Por un lado “estarían dando línea” al magistrado para que se “ayude” incurriendo en “supuestos” desapegos, infracciones, a la ley, y por el otro lado, éste les ayudaría a “restarle credibilidad” en darles “armas” para debilitar  un fallo que de por sí para esa contraparte está perdido.  Los magistrados deben resolver ya, para evitar esos manejos a destiempo, solo dilatorios e ingenuamente “politiqueros”.  Mientras tanto ya los partidos, entre ellos Morena, debe preparar su candidato a la <<gubernatura interina>>.  Esperamos sea juicioso (a), inteligente y de izquierda.  No es mucho pedir. Las comunidades deben ser consultadas, mucho menos los todólogos de la burocracia “dirigista”, “oficinezca”.  AMLO ya dio una clara directriz: <<la ayuda sólo puede venir de la cercanía con las bases>>,  con <<la gente>>, separarse de ellas es muy riesgoso, casi un suicidio. Se debe dejar a un lado “politiquerías” de otras épocas, “fallidas”, “ingenuas”, Se debe dar paso a la <<política popular>> no “populista”. Sería deseable que también al interino las comunidades dieran el bastón de mando al ungido porque le reconocen prestigio, nivel popular.  El <<reto de MORENA>> consiste en entender esto como principio de política pública, de nuevo cuño.  No entenderlo significa ser iluso, torpe y anti-AMLO.


Semblanza

Samuel Tovar Ruiz

Catedrático de la Maestría en Ciencias Políticas y de la Facultad de Derecho de la BUAP.  Autor del libros: Hume: el Fundamento del Estado y Derecho Moderno, Epistemología de las Ciencias Sociales y Políticas, Configuraciones Jurídico Políticas, la Cuestión Social (libro en prensa), etc.  E- Mail: Coseidad@hotmail.com. 222  2295500 ext. 7712.

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