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Opinión



Anular la elección de gobernador, un acto de justicia electoral

Lunes, Diciembre 3, 2018 - 08:07
 
 
   

Se concluye que la certeza en la elección se ve gravemente afectada

El magistrado José Luis Vargas, integrante del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), concluye en su propuesta de proyecto que someterá al pleno del alto Tribunal Electoral del país, anular la elección de gobernador en Puebla, la cual se vio opacada por una serie de anomalías el pasado primero de julio, que van desde una violencia extendida a distintos puntos donde se vulnero el derecho al libre sufragio, así como el robo de urnas y material electoral usado el día de la elección, compra de votos antes y el día de la elección, en un acto desesperado por parte de la coalición “Por Puebla al Frente” por mantenerse en el poder aún por encima de la legalidad y voluntad de los electores que en esa jornada estaban decidiendo algo distinto a lo representado por el PAN y sus aliados, quienes posteriormente a la jornada del primero de julio y operando en el Hotel MM, fueron descubiertos por integrantes de MORENA, dando cuenta de diversas irregularidades, de las cuales una de ellas es contundente para fundar la anulación de la elección de gobernador, y es el hecho de que se acredito el uso de un automóvil del gobierno municipal de Cuetzalan del Progreso, para transportar documentación electoral lícita, como son, actas de la elección federal y listados nominales, en beneficio del PAN, por lo que quedó probado la utilización de recursos públicos en favor de un partido, además de otros señalamientos que atentan en contra del principio de seguridad jurídica, mismo que se basa en la certeza del Derecho, tanto en el ámbito de publicidad como de su aplicación, y vale la pena decir que el significado de esa seguridad, se refiere a conocer lo previsto u ordenado o permitido por un poder público.  

Es sobresaliente señalar que en cuanto a la “Vulneración a la cadena de custodia”, la serie de anomalías reveladas si afectaron de manera grave el “Principio de Certeza” al demostrarse que se dejó de informar a los representantes de los partidos políticos el desarrollo de las cincuenta diligencias de apertura de la bodega, donde se almacenaban los paquetes electorales. Se demostró que  personal perteneciente a la autoridad local abrió paquetes electorales; por otro lado la bodega central no atendía las disposiciones en materia de seguridad, pues ésta contaba con más de un acceso principal, en cuanto a la bitácora y las actas circunstanciadas levantadas por la Oficialía Electoral para dar fe de las diligencias de apertura y cierre contienen inconsistencias que impiden considerar que fueron medios efectivos para el registro y control de la documentación de los accesos al área de resguardo, sumándose que se pudo corroborar que no existe registro de las cámaras de video de seguridad que permita probar el debido resguardo de los paquetes. En base a estas fundamentaciones y otras más, es que se concluye que la certeza en la elección se ve gravemente afectada, porque las irregularidades suscitadas en la etapa de resguardo de los paquetes impiden conocer de manera real, si el contenido de los paquetes es el fiel reflejo de la voluntad ciudadana; por lo que, ante tal falta de certeza, se procede decretar la anulación de la elección a la gubernatura de Puebla. De concretarse la anulación de dicha elección, estaríamos constatando un hecho histórico y jurídico de fortalecimiento de nuestras Instituciones de Justicia Electoral en México, y por lo tanto de poner un “Alto contundente” a los grupos hegemónicos que pensaron que el Estado como garante de las relaciones sociales y jurídicas de los ciudadanos podían utilizarse para conservar sus privilegios por encima de los derechos de todo el pueblo, lo que tenemos en puerta es que la Justicia como valor superior es una aliada natural de la cuarta transformación de la Republica.  


Semblanza

Raymundo Alfaro Pérez

Originario: Puebla, Pue. Estado Civil: Casado y padre de cuatro varones. Estudios: Abogado, Notario y Actuario. Egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP. Maestría: En Ciencias Políticas. Realizada en la misma facultad de derecho BUAP. Doctorado en Derecho, por la Facultad de Derecho de la BUAP. 

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