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Opinión



AMLO no debe olvidar el caso Ayotzinapa

Miércoles, Noviembre 7, 2018 - 14:26
 
 
   

El caso de los 43 normalistas refleja los problemas actuales de nuestro país

Uno de los errores más grandes en la administración de Enrique Peña Nieto fue no haber resuelto el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Este hecho quedará en la memoria de los mexicanos como uno de los sucesos más trágicos en la historia de nuestro país.

El caso de los 43 normalistas refleja los problemas actuales de nuestro país: las desapariciones, el narco gobierno, la ineptitud de las autoridades y la corrupción. Los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, se preparaban para ser docentes, eran jóvenes humildes, que estudiaban con mucho esfuerzo, algunos eran hijos de campesinos, otros eran ya padres de familia.

Fue la noche del 26 de septiembre de 2014 cuando ocurrió su desaparición, se dirigían a Iguala en un autobús para recaudar fondos para una protesta que se llevaría a cabo en la CDMX el 2 de octubre, cuando los estudiantes fueron atacados por la policía de Iguala, y hasta la fecha no se sabe de su paradero.

José Luis Abarca quien en el 2014 fungía como presidente municipal de Iguala, es señalado como uno de los culpables de la desaparición de los normalistas. La noche de los hechos (según su secretario particular) estuvo enterado en todo momento de lo que sucedía con los jóvenes, sacó documentos de su oficina, trató de borrar evidencias e hizo lo posible por salir a la ciudad de México, actualmente se le vincula con la banda criminal “Guerreros Unidos”, por estos hechos se encuentra preso al igual que su esposa María de los Ángeles Pineda (Animal Político, 2018).

La policía local, los ejecutores de la desaparición de los jóvenes, estaban coludidos con la banda criminal “Guerreros Unidos”, responsables de la desaparición de los 43 (Vice, 2014).

Jesús Murillo Karam y la Procuraduría General de la República llegaron a un veredicto el cual es conocido como “La verdad histórica” en el cual se concluye que los policías de Iguala entregaron a los estudiantes al grupo “Guerreros Unidos”, quienes los mataron e incineraron en el basurero de Cocula, Guerrero. Pero los investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazaron esta conclusión, ya que un perito aseveró que para quemar a los 43 se hubiese necesitado de 60 toneladas de madera y neumáticos y no había evidencia de fuego en el basurero.

Sin embargo el estado mexicano sigue insistiendo y respaldando la versión de que los normalistas fueron incinerados en el basurero.

No sólo no hay tal “verdad histórica” sino que las investigaciones por parte de las autoridades mexicanas han llevado a cabo detenciones injustas y abuso de poder. Basado en el testimonio de 63 detenidos de 129, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) dice que hay elementos que respaldan que hubo tortura, detenciones arbitrarias y otras irregularidades. El documento: “Doble injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa” se basa en expedientes judiciales, fichas médicas y entrevistas a funcionarios y detenidos (Sur Acapulco, 2018).

La agencia estadunidense: DEA pudo haber ayudado mucho más ya que le seguía la pista a “Guerreros Unidos” desde 2013, monitoreaba los mensajes y llamadas de este grupo y tal vez pudo haber alertado al gobierno mexicano sobre los planes hacia los estudiantes, quienes presuntamente los habían confundido con el grupo contrario “Los Rojos”. Sin embargo el gobierno mexicano, el principal responsable de la seguridad de nuestro país,  no tenía actualizada información sobre “Guerreros Unidos” ni de los 10 municipios que tenían controlados (Eje Central, 2018).

Al poco tiempo que ocurriera la desaparición de los 43 normalistas, Jesús Murillo Karam, procurador en ese entonces, dijo durante una conferencia de prensa: “Ya me cansé”, lo cual demostró su falta de capacidad y vocación para el cargo que tenía.

El caso Ayotzinapa es la gran omisión de la presidencia de EPN porque hasta la fecha no hay respuesta del paradero de los normalistas. Refleja la crisis de gobernabilidad y la corrupción tan grande de las autoridades de algunos municipios de nuestro país, quienes gobiernan de la mano de los criminales. La gente no confía en la policía por hechos como este, quienes lejos de proteger a la ciudadanía están a servicio de los delincuentes. Y qué decir de las autoridades quienes son parte del problema.

Este caso fue conocido a nivel internacional, sigue conmocionando a nuestro país, porque se trata de jóvenes estudiantes. Así como ellos hay miles de desapariciones, cientos de fosas encontradas, hay mucha tristeza y mucho enojo por la falta de justicia y la corrupción de la burocracia mexicana.

La estrategia de seguridad ha hundido al país en una crisis de derechos humanos, las cifras de desapariciones y feminicidios siguen aumentando. México es un país que será difícil de reconstruir dadas las condiciones dejadas por los anteriores gobiernos y de sus políticas de seguridad fallidas, pero que si puede ser transformado si hay cambios de raíz en el sistema judicial y, sobre todo, en la restauración del tejido social, que sólo podrá ser cambiado a base de valores, trabajo y cultura.

Aunque el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha dejado claro en varias ocasiones que no habrá persecución política, seguramente el Poder Legislativo se hará cargo de llamar a cuentas por este caso al propio Peña Nieto y a las autoridades en su administración. Este suceso no debe pasar desapercibido para el próximo presidente, quien ha prometido ser y hacer el cambio.


Semblanza

Laura Carreto Tirado

Licenciada en Relaciones Internacionales, Maestra en Ciencias Políticas ambos grados estudiados en la BUAP. Especializada en temas migratorios y en la Relación México-Estados Unidos. Se ha desarrollado en la investigación y ha escrito respecto estos temas en libros y revistas. 

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