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Opinión



La dimensión del principio de división de poderes.

Lunes, Noviembre 5, 2018 - 18:50
 
 
   

En la Constitución están inmersas las instituciones supremas que regulan las formas de organización

LA DIMENSIÓN DEL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES.

Si se reconoce la necesaria vinculación de los tres elementos fundamentales de la Constitución (Política, Normatividad e instituciones), es posible que puedan tener cabida ideas que puedan ser buenas y favorables, pero que a veces no se entienden, se pierden o resultan inacabadas, en virtud de que la voluntad o clamor popular, como expresión política, no se conduce a través de los medios adecuados que la Constitución establece.

Desde luego que ello también ocurre, cuando las propuestas tampoco se sujetan al contenido actual de las normas (legalidad) y, mucho menos se compromete a las instituciones que tienen el deber de actuar e involucrarse conforme al ámbito de sus atribuciones y responsabilidades consignadas en la Constitución.

De ahí la necesidad de reconocer, identificar y vincular a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sólo como un instrumento político o cuerpo normativo, sino también como el documento supremo que contiene las instituciones necesarias para asegurar el cumplimiento de la voluntad emanada del pueblo, como expresión de soberanía y poder.

Actualmente está en boga y surge la pregunta recurrente de si es posible abolir el contenido de la Constitución en particular los aspectos fundamentales que el pueblo eligió y determinó.

Sin embargo, el problema más serio se presenta en este punto: ¿Hasta dónde llega la facultad que para reformar la Constitución tiene el constituyente permanente? ¿podría con ella reformar cualquier precepto de la Constitución, o habrá algunos entre ellos que escapen a dicha facultad? ¿podrá mediante reformas sucesivas o simultáneas derogar de hecho la Constitución vigente?. Cuestiones éstas de notoria trascendencia y de ardua resolución.

Decir que la Constitución avala su desaparición, es totalmente incorrecto y sería tanto como pretender que negara su propia supremacía, inviolabilidad y permanencia.

En efecto, en el ámbito de la protección política, el instrumento político más significativo ha sido la llamada división de poderes, que actualmente se encuentra en crisis.

Al respecto el artículo 49 del Ordenamiento Supremo, señala:

“El supremo poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al ejecutivo de la unión conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar”.

Del citado artículo se desprende, que en nuestro sistema político existen tres poderes supremos, pero a su vez no debe olvidarse lo que consigna la segunda parte del artículo 39 de la propia Carta Magna, en el sentido de que “…Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste…”.

De lo hasta aquí expuesto se puede percibir en concreto que existe un principio de división de poderes, de una conveniencia trascendental, pues para que el Estado no pueda ejercer un poder sin límites sobre los individuos, es preciso que se encuentre circunscrito por un sistema de competencias. Es decir, para evitar el abuso del poder, es fundamental que el Estado cuente con una división de poderes.

Esta idea surgió de algunos pensadores como John Locke, en Inglaterra, y el barón de Montesquieu, en Francia, durante los siglos XVII y XVIII, respectivamente, quienes advirtieron la necesidad de fraccionar el poder público para limitarlo y evitar su abuso, por lo que promovieron la idea de que el poder no debía concentrarse en una persona. Sostuvieron que para fortalecer a una Nación era necesario que existieran diversos órganos del Estado que tuviesen funciones distintas: Unos elaborarían las leyes, otros las aplicarían y unos terceros resolverían los conflictos derivados de su aplicación. Los mencionados pensadores vieron en la limitación del poder público una verdadera garantía de la libertad individual.

John Locke, en su obra “Ensayo Sobre el Gobierno Civil” hablaba ya del Poder Legislativo, Ejecutivo y el Federal (Ejecutivo Externo) Montesquieu, en su obra “El Espíritu de las Leyes”, quien dio el trazo que como trilogía han seguido las Constituciones contemporáneas: Legislativo, Ejecutivo o Administrativo y Judicial. Como se insiste, ambos pensaron en la conveniencia de limitar el poder para evitar su abuso y, en consecuencia, en la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de mil setecientos ochenta y nueve, se estableció: “Toda sociedad en la cual no esté asegurada la garantía de los derechos ni determinada la separación de poderes, carece de constitución”.

Es importante establecer, que no es propiamente el Poder Estatal lo que se divide, sino que se trata de funciones y, más propiamente, de diferenciación de órganos en que se deposita su realización, primordialmente, para evitar que se concentren en uno sólo, que las absorba totalmente.

Entendida así la división, queda claro que no se trata de separación de poderes sino de interdependencia, manteniéndose con ello la unidad del poder, la unidad del Estado, la unidad de la soberanía, la unidad en fin del gobierno de la comunidad estatal para el logro del bien público.

Tomando en cuenta esta concepción, se puede arribar a la conclusión que dentro de nuestro sistema, la división de poderes, así como la independencia que existe entre éstos, constituye la base de nuestro actual estado democrático.

Al respecto cabe decir, que nuestra Constitución establece que el supremo poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial y que como regla general, no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, lo que sustenta el principio complementario de autonomía de cada uno de ellos. Lo anterior no significa que los señalados poderes tengan que actuar siempre y necesariamente separados, pues si bien cada uno de ellos tiene indicadas sus atribuciones, en diversos caso se presenta una concurrencia de poderes, como acontece por ejemplo en la designación de los Ministros del más Alto Tribunal del País, en que participan el Poder Legislativo mediante la Cámara de Senadores que efectúa la designación y el Titular Ejecutivo que presenta ternas para que de ellas se elija a quien se va a designar.

En una breve reseña de la conformación, competencia y funcionamiento de cada uno de los Poderes de la Unión, se puede apuntar lo siguiente: Que el Poder Legislativo Federal se deposita en un congreso general, dividido en dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores. Este poder tiene la facultad de reformar, con la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para adecuarla a la cambiante realidad social de nuestro país. Además, es el encargado de elaborar y modificar las leyes que tienen aplicación en él. Estas funciones están encomendadas a los Diputados y Senadores, los cuales son electos mediante el voto de los ciudadanos mexicanos mayores de dieciocho años.

En cambio el Poder Ejecutivo Federal lo ejerce el Presidente de la República, que es elegido mediante el voto popular y se encarga entre otras cuestiones de promulgar y hacer cumplir las leyes expedidas por el Congreso de la Unión,

Pero también es la propia Constitución la que creo al Poder Judicial de la Federación, al que confirió la defensa del orden constitucional. La referida función ha hecho que dicho poder se revele como un factor de equilibrio entre los Poderes de la Unión. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la misión fundamental de salvaguardar el respeto al orden constitucional y para ello debe vigilar como tribunal terminal que las normas de carácter general, los Tratados Internacionales y los actos de autoridades administrativas se ajusten a la Constitución.

Asimismo debe hacer la interpretación directa de la misma cuando sea necesario en los casos que se someten a su conocimiento. Por ello, a partir de mil novecientos ochenta y ocho tiene la naturaleza de TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

Vale la pena recalcar, que es el poder que cuenta con las atribuciones necesarias para impartir justicia de manera cumplida y para mantener el equilibrio entre los demás poderes.

 Los integrantes de este poder son los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los Magistrados de los Tribunales del Circuito (Colegiados y Unitarios) y los Jueces de Distrito. Ellos son responsables, entre otras cuestiones, de interpretar las leyes. Resolver las controversias que surjan entre particulares cuando se trate de asuntos de competencia federal; intervenir en las controversias que se susciten cuando una ley o acto de autoridad viole los derechos humanos y fundamentales; y, resolver conflictos entre autoridades, por ejemplo, cuando aleguen una invasión en su ámbito de atribuciones. Además forma parte de este poder el Consejo de la Judicatura Federal que cumple con importantes funciones de carácter administrativo, de disciplina y vigilancia y tiene bajo su responsabilidad al Instituto de la Judicatura Federal que se preocupa de la formación de Magistrados, Jueces, Secretarios y Actuarios, a fin de que posean los atributos constitucionales de independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia que deben regir la carrera judicial; dichos servidores públicos son electos a través de exámenes rigurosos.

En concreto, una de las funciones más importantes del Poder Judicial de la Federación es proteger el orden constitucional.

Por último cabe decir que la Constitución incorpora las instituciones necesarias para realizar y perfeccionar el régimen que establece. Ello se logra con el aseguramiento de los derechos humanos; seguridad económica; que las funciones sean ejercidas por diversos órganos, a fin de evitar concentrar el poder en una persona o en un grupo; con la regulación de un sistema de partidos, congruente con la pluralidad ideológica; vigorizando la designación o nombramiento de las autoridades a través de un sistema transparente, que permita lograr en cada titular la independencia y la autonomía en las funciones.

Es decir, en la Constitución están inmersas las instituciones supremas que regulan las formas o estructuras de organización que giran alrededor de los fines e ideas del pacto político-social establecido.

En otro orden de ideas, las instituciones funcionan como “autoritas superioris” con clara tendencia a perdurar y a hacer viable el poder y el gobierno, a través del respeto de los derechos que la Carta Magna concede, así como de la distribución de competencias, límites, definición de gobierno, división de poderes etcétera. Sin soslayar, que al ser dinámica la sociedad y, el entorno nacional e internacional cambiante, es posible, de ser necesario, adecuarlas al contexto, con la condición de que impere la voluntad política de la mayoría.

Por lo pronto, las instituciones supremas hacen posible el ejercicio y resguardan el respeto y acatamiento de los designios contenidos en la Constitución, así como su permanencia e inviolabilidad, a través de diversos medios de control, a fin de someter a todos, gobernados y gobernantes, a la voluntad soberana (pueblo), prohibiendo cualquier pretensión caprichosa de cambio; sin que tampoco impida esa posibilidad, la cual, en todo caso, está condicionada a ciertos requisitos que la propia Constitución establece.


Semblanza

Francisco Cilia López

Magistrado Federal. Cursó la Licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, de 1974 a 1978, obteniendo el título el 29 de julio de 1981 con la tesis "El Amparo en Materia Agraria". Se ha desempeñado como: Secretario de Acuerdos y Audiencias en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en la Ciudad de México; Secretario-Agente del Ministerio Público en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; Dictaminador del Cuerpo Consultivo Agrario; Auxiliar de Trámite en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; Dictaminador en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en el Distrito Federal; Consignador en la Procuraduría General de Justicia en el Distrito Federal; y Jefe de Departamento en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

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