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Opinión



Revelaciones del sismo 19-S: la retorcida reconstrucción

Jueves, Septiembre 13, 2018 - 21:39
 
 
   

Opacidad, omisiones y falta de información y transparencia de las autoridades.

Bastaron unos segundos para revelar la cruel verdad bajo la que viven muchas personas y su pobreza patrimonial, casas viejas, hechizas, parchadas, sin estructuras que las soporten, de adobe y tapia, sin mantenimiento, desalineadas de las normas de construcción y protección civil.

En un municipio surrealista, allí donde converge lo sacro y profano, allí donde el egoísmo y la envidia están arraigados, allí donde reina la anarquía y el olvido, allí donde no hay alarmas antisísmicas, de esos municipios innombrables que abundan en nuestro Estado y en nuestro país, allí donde el sismo de 1999 dejó una devastadora experiencia de reconstrucción oportunista donde los lugareños a la vista de todos se arrebataban los materiales para la construcción; las autoridades municipales consideraron que las afectaciones provocadas por el sismo 19-S 2017 no eran mayores y por lo tanto no era necesario establecer un albergue municipal, devolvieron los víveres donados y se limitaron a informar la caída de algunas bardas. Las personas de esa jurisdicción no fueron convocadas para informar sus daños a las brigadas de SEDATU o protección civil municipal, todo eran rumores, dimes y diretes, falta de información, orientación y transparencia.

Las autoridades locales de protección civil llegaban a situaciones ridículas como regañar a los habitantes de la demarcación por no acercarse a tiempo a reportar sus daños y argumentaban que no tenían tiempo para revisar las afectaciones o que ya no era posible sumarse al censo de FONDEN o SEDATU pero imperativamente solicitaban copias de credencial de elector, CURPs y escrituras públicas o títulos de propiedad; referían la posibilidad de entrar en un programa de cuarto adicional en caso de que las brigadas de SEDATU no regresaran al municipio bajo la promesa de hacer la devolución de documentos, acudían a los domicilios, tomaban fotografías y solicitaban contestar el CUIS (Cuestionario único de Información Socioeconómica) sin dar ningún acuse o comprobante de solicitud y mucho menos un aviso de privacidad sobre los datos recabados, el uso de las copias de documentos oficiales y las imágenes de las personas y sus domicilios. Una familia de sexagenarios entregó sus documentos, contestó el CUIS y le fueron tomadas diversas fotografías en su domicilio, al percatarse de que no eran llamados por la autoridad local de protección civil decidieron solicitar la devolución de sus documentos y gestionar el censo de SEDATU, las autoridades dijeron que no podían devolver los documentos porque ya habían sido censados por FONDEN y estaban molestos porque a ellos le llamaron la atención de “arriba” y que la casa no debió censarse, altaneros y prepotentes amenazaron con tirar el cuarto de tapia de la familia con una máquina y si no aceptaban tendrían que firmar una responsiva por lo que pudiera suceder (sic).

Un reconocido investigador de la arquitectura de la tierra diría tiempo después: “Es una vergüenza que la gente de protección civil de los municipios no tenga la menor idea sobre los valores patrimoniales de la arquitectura ni sobre las características de los edificios de tapial. Para colmo, muchos de ellos están coludidos con los responsables de obras de SEDATU y se llevan su tajada por la demolición que implica una obra nueva normalmente realizada con materiales totalmente ajenos a los contextos locales y de una pésima calidad. En septiembre y octubre se perdió mucho más patrimonio edificado por las demoliciones institucionalizadas por los gobiernos de los tres niveles que por el propio efecto de los sismos. Además, la gente supone que con los miles de pesos que les otorgan para el financiamiento de la reparación o reconstrucción de sus casas les va a alcanzar para algo. Hay una cadena asociada a los fabricantes y vendedores de productos que encarecen los materiales a niveles inconcebibles”.

Culpar a los ciudadanos por ejercer su derecho a un censo e intimidarlos ante una situación que no provocaron es violencia institucional, en la única reunión realizada en el municipio con personal de SEDATU para entrega de apoyos parciales y totales referían que ellos no solicitaron documentos, a finales de 2017 la familia de sexagenarios acudió a las oficinas de las autoridades locales de protección civil para la devolución de las copias de sus documentos quienes cínicamente les dijeron que ya se los habían devuelto, que buscaran, que quizá no se acordaban de la devolución, ¿qué sucedió con esos documentos?, ¿acaso pueden perderse accidentalmente o deliberadamente en una oficina municipal así de simple?

Fue evidente la falta de coordinación intencional entre Federación y municipios, las autoridades municipales llamaban y citaban a todos los damnificados para reuniones pero no se presentaban, a finales de noviembre 2017 se convocó a una reunión donde estuvieron presentes representantes de SEDESOL, SEDATU, SEP, HÁBITAT PARA EL HOGAR y una constructora, en una lista simple aparecían los nombres de los beneficiarios pero no de todos los censados que incluso ya tenían asignado un número de folio, otras personas se acercaban para ver la posibilidad de ser incluidos en el censo; se presentaron 2 prototipos de casas con planos y renders, se solicitaban copias de credencial de elector, CURP, copia comprobante domicilio, escritura o título de propiedad o constancia de posesión gratuita otorgada por el juzgado municipal. Tiempo después se sabría que los beneficiarios por daño total entregaban las copias de sus documentos y firmaban una carta mandato dirigida a HÁBITAT en la que solicitaban el pago a la constructora con los recursos entregados por BANSEFI para la edificación de una casa. Las autoridades locales seguían convocando a reuniones en las que no se presentaba personal de protección civil municipal o el Presidente municipal y no se informaba con claridad que las reuniones estaban destinadas a los damnificados por daño total dejando en absoluta desinformación a los damnificados parciales quienes se enteraron que fueron catalogados como tal hasta el día de la entrega de tarjetas con los recursos a pesar de que en muchos casos sus daños eran mayores o medios pero no parciales.

Personal de SEDATU hizo la entrega de las tarjetas BANSEFI a mediados de diciembre,  a los damnificados parciales se les otorgó 15 mil pesos y gafetes para las mujeres vigilantes que nunca desempeñaron su cargo, los damnificados totales no verían los dineros porque la constructora les edificaría una acción de vivienda y los damnificados parciales debían retirar el recurso asignado con la promesa de revisarles la aplicación de los mismos en sus casas, debían llevar una bitácora y notas por concepto de compra de materiales; una vez revisada la aplicación de recursos para la reconstrucción parcial les sería otorgada una cantidad adicional por 10 mil pesos a cargo de la entidad federativa, de acuerdo con quienes entregaron las tarjetas la revisión se daría a mediados de enero 2018. A la fecha la revisión nunca aconteció, en mayo 2018 las autoridades de protección civil municipal solicitaron a los damnificados parciales fotografías del antes y después de la reconstrucción y copias de las notas de compra de materiales, a mediados de agosto hicieron la devolución de las copias porque argumentan que desarrollo social en el Estado ya no les hace caso. En la delegación de SEDATU y en SEDESO dicen que los 15 mil pesos es todo lo que se otorgó, a pesar de que en diversas declaraciones a medios de comunicación el gobernador del estado dijo que iba a otorgar 10 mil pesos adicionales. La estrategia parece ser el desentendimiento, el olvido, el aburrimiento y la desesperanza.

Las supuestas facilidades para reposición de documentos extraviados o dañados en el sismo tenían trabas, el beneficio del acta de nacimiento gratuita era celosamente guardado por el Registro del Estado Civil del municipio y a base de preguntar y preguntar accedió a otorgarlo.

La reposición de la credencial de elector sin documentos a pesar del anunciado beneficio era imposible si la credencial extraviada no tenía la CURP y se solicitaba el acta de nacimiento que en algunos casos presentaba errores en nombres o apellidos y obligaba a los damnificados a promover un juicio de rectificación con los consecuentes gastos que genera.

Mientras tanto, los oportunistas de la urbe sin grandes afectaciones pedían a diputado(a)s apoyos pretextando ayudas para su vecinos, convirtieron sus casas en verdaderas sucursales políticas y solicitaban documentos personales oficiales para gestionar supuestos recursos que podían gastarse en lo que se quisiera y que parecen ser de un Fideicomiso al que no fueron convocados los verdaderos damnificados; por otra parte, asociaciones civiles queriendo tener presencia mediática con trasfondos políticos y financieras ofreciendo créditos al punto de pedirles a los damnificados que reunieran a otros o que los contactaran con la autoridad local.

La reconstrucción ha sido lenta, no consideró en el caso de las afectaciones totales la urgencia y el diseño tradicional de las casas que responden a realidades socioculturales muy específicas y en el caso de las afectaciones parciales 15 mil pesos son nada, algunas familias no pueden reparar sus afectaciones porque el cemento no se adhiere con la tapia o porque tuvieron que pagar los servicios de una retroexcavadora para retirar escombros o tuvieron que pagar los servicios de personas para retirar a mano escombros en lugares donde las casas están alejadas de las calles y no es posible llevar maquinaria o porque únicamente les alcanzó para los cimientos y pago de la mano de obra de un pequeño cuarto. El municipio únicamente ayudó a retirar los escombros de quienes fueron catalogados como daños totales, muchos de ellos intencionalmente derribaron partes de sus casas o mintieron sobre sus daños, a principios de agosto comenzó la edificación de sus casas.

Opacidad, omisiones, falta de información, inclusión, transparencia y acciones coordinadas son la experiencia del 19-S 2017. Los ciudadanos fueron solidarios pero las autoridades en sus diversos niveles no, las autoridades municipales no saben en la mayoría de los casos qué hacer ante los efectos de un sismo de grandes magnitudes, sus áreas de protección civil son recién creadas o improvisadas, inexpertas, insensibles, insensatas, autoritarias, desordenadas y los primeros regidores(a)s y sus respectivos Ayuntamientos se inventan soluciones exóticas. Si nos preguntamos si aprendimos algo del 19-S la respuesta es: los ciudadanos sí, las autoridades en turno no y no les importa, el cambio de administración les apremia para perpetuar el olvido.

¿Cuál será el protocolo de actuación de autoridades y ciudadanos en una situación futura? No los vemos realizando un diagnóstico técnico del sismo, transparentando datos, creando comités ciudadanos de protección civil, evaluando riesgos o haciendo ingeniería forense y ni hablar de la elaboración o actualización de atlas de riesgos. Tampoco sabemos con claridad dónde quedaron los fondos donados para los afectados por el sismo en una reconstrucción perversa que trata de borrar a toda prisa las verdades secretas del sismo 19-S.

anateyssi@gmail.com


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Ana Teyssier

Consultora jurídica, emprendedora social e investigadora independiente. Articulista y cronista para diversos medios electrónicos nacionales e internacionales. Recibió el Premio Municipal de la Juventud y el Galardón Poblano Distinguido.

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