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Opinión



Trasparencia: requisito para un país en paz

Jueves, Agosto 16, 2018 - 08:59
 
 
   

Desde el 2006 la violencia se ha recrudecido, los grupos se han multiplicado...

En 2017, 23 entidades federativas registraron un incremento en el número de homicidios dolosos. Estos crímenes en gran parte fueron cometidos por la delincuencia organizada que controla el tráfico ilegal de drogas, armas y personas. Sus enfrentamientos contra el Estado y otros grupos criminales han ocasionado miles de muertes en los últimos años. México se ha convertido en un país de personas desaparecidas, familiares que aún les esperan, niños sicarios y fosas clandestinas.

Durante doce años el Estado ha adoptado diferentes estrategias de confrontación directa para lidiar con el crimen organizado. Sin embargo, desde el 2006 la violencia se ha recrudecido, los grupos se han multiplicado y la percepción ciudadana ha empeorado. Expertos, políticos y sociedad civil han sugerido cambios de estratega: priorizar el combate a las organizaciones más violentas, neutralizar bloques enteros, legalizar drogas como la mariguana, impulsar el desarrollo de las comunidades, dar oportunidades a los jóvenes y atacar las finanzas de los cárteles, entre otros.

Esto explica que en el último periodo electoral la seguridad fue uno de los principales temas debatidos. Durante su campaña, Andrés Manuel López Obrador prometió renovar por completo las estrategias. Actualmente, ha iniciado un ejercicio participativo en varios lugares del país para conocer la situación y recoger propuestas de solución. El primer foro de consulta para la reconciliación y la paz nacional se llevó a cabo en Ciudad Juárez. Asimismo, ha dispuesto iniciar los trabajos para conformar comisiones de la verdad. Hay declaraciones de próximos miembros del nuevo gobierno federal. Por ejemplo, la exministra Olga Sánchez Cordero, futura titular de la Secretaria de Gobernación (SEGOB), ha propuesto que estas comisiones se integren al Sistema Nacional de Búsquedas, como parte del próximo Plan de Pacificación. Por su parte, Alejandro Encinas, futuro Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la SEGOB, adelantó que las comisiones serían organizadas por tipo de delito y en función del alcance de los mismos, regionales y estatales.

La información pública es el insumo clave para analizar todas las posibles soluciones y enriquecer el debate. No es posible innovar en seguridad o evaluar las acciones pasadas del gobierno sin un diagnóstico preciso de la situación o evidencia sobre prácticas exitosas. El INAI lo tiene claro y por eso emite resoluciones como la del recurso de revisión RRA 3954/18, donde instruyó a la Procuraduría General de la República dar a conocer el total de personas detenidas, consignadas, sentenciadas por el delito de delincuencia organizada entre 2007 y 2017. Asimismo, el INAI ha participado en esfuerzos para promover la publicación proactiva de información relacionada con periodos de violencia y violaciones a derechos humanos del pasado. En 2016, junto con organizaciones de la sociedad civil, presentó el Proyecto Memoria y Verdad. Éste consiste en una plataforma digital con información pública sobre casos como El Halconazo, Atenco, Ayotzinapa y Tlatlaya. Fue una de las primeras acciones para fomentar la transparencia proactiva como una vía para que las víctimas defiendan su derecho a la justicia y para que la sociedad en general defienda su derecho a la verdad y la memoria histórica para no repetir errores del pasado. Este proyecto puede incluir información sobre muchos más casos, depende de que se demande transparencia sobre ellos.

Tener acceso a datos como estos es útil, pero no suficiente. Las estadísticas delictivas, punto de partida para conocer el problema, no son del todo confiables. Al igual que con la efectividad de las políticas de seguridad, expertos han denunciado que existen discrepancias en las metodologías usadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Las cifras deberían cuadrar pues miden lo mismo, número de víctimas de homicidios, pero hay diferencias significativas. Además, el Secretariado utiliza los reportes de las fiscalías locales que, en ocasiones, no reportan los delitos o los reclasifican como menos graves. También faltan datos sobre violaciones graves a derechos humanos que resultan de la violencia del crimen organizado. No hay suficientes datos sobre las muertes de civiles en los enfrentamientos entre grupos criminales y el ejército.

La información pública genera un lenguaje común entre las autoridades y población. Para que el ejercicio participativo promovido por el nuevo gobierno federal sea fructífero, es crucial impulsar la disponibilidad de información en la materia para que todo interesado pueda participar y proponer al respecto. En el foro de Ciudad Juárez, el presidente electo dijo algo muy cierto: para pacificar el país “tenemos que debatir”, “tenemos que escucharnos” y “tenemos que hablar con libertad”. Esto no es posible sin información pública. En el México pacífico y seguro que todos queremos, todas las voces deben ser incluidas. Saber cuál es la situación del país, nos permitirá identificar los aciertos y fracasos de las estrategias previas. El Pleno del INAI ha hecho pública su postura: ningún hecho violento del pasado ocurre sin dejar huella. Los mexicanos de hoy, autoridades y ciudadanos, tenemos la responsabilidad de evitar que los mexicanos de mañana sean afectados por la violencia que sacude hoy al país. Para dialogar, acordar y decidir, necesitamos información pública y transparencia cotidiana.

Joel Salas Suárez

Comisionado del INAI y coordinador de la Comisión de gobierno abierto y transparencia.

Twitter: @joelsas


Semblanza

Joel Salas Suárez

Comisionado del INAI Es licenciado en Comercio Internacional por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Maestro en Ciencia Política por el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad de Paris III-Sorbonne Nouvelle y cuenta con estudios de doctorado en Ciencia Política en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, en París, Francia. Se desempeñó como titular de la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional de la Secretaría de la Función Pública, desde donde coordinó con el IFAI y la Sociedad Civil la redacción del Plan de Acción que México presentó en la Open Government Partnership (OGP). Además, durante el 2012, fue presidente del Grupo Anticorrupción del G20. Actualmente es comisionado del INAI y coordina las comisiones de Políticas de Acceso a la Información y la de Gobierno Abierto y Transparencia.

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