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Opinión



Anticorrupción de chocolate

Miércoles, Agosto 8, 2018 - 01:14
 
 
   

Aunque hay huellas visibles para señalar, el sistema anticorrupción poblano calla.

Puebla, la tierra del “no pasa nada”, es la quinta entidad del país con el mayor número de unidades económicas envueltas en actos de corrupción, según reportó el INEGI en diciembre de 2017. El indicador duro, retomado por El Popular, da cuenta de la gravedad del problema: por cada 10 mil empresas, al menos mil 500 estuvieron vinculadas en “chuecuras” que implican “moches”, sobornos o mordidas, por decir lo menos.

 

A eso hay que sumarle la cifra negra, no reportada, en la que agentes económicos de todo tipo –desde comerciantes minoristas de una tienda esquinera, pasando por vendedores ambulantes e incluso grandes empresas de la industria automotriz- han tenido que “ponerse la del Puebla” para poder seguir operando, crecer o solamente vender sus productos.

 

Un caso terrible es el documentado por el diario Reforma en junio pasado; según el influyente rotativo, “una red de empresas fantasma que facturaron de todo al gobierno de Puebla durante la gestión de Rafael Moreno Valle, fue detectada tras una investigación de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE.

 

“La red está compuesta por unas 10 empresas fachada que facturaron más de 700 millones de pesos entre 2013 y 2016 al gobierno poblano, y al menos dos de ellas también facturaron diversos servicios al PSI, partido atribuido al ex gobernador para dividir el voto en su entidad.

 

“Las firmas prestaron todo tipo de servicios en más de 300 ocasiones sólo en 2015, sin contar con domicilio fiscal, y todas usaron la misma cadena de folio tributario que expide el SAT, número 00001000000203495276, de acuerdo con facturas en poder de Reforma”.

 

Otro caso grave de corrupción fue el confirmado por Animal Político: el segundo piso de la autopista México-Puebla, que costó 10 mil 500 millones de pesos -686 mil 274 pesos por kilómetro-, se edificó “sin que hubiera un estudio de inversión que justificara el gasto y sin que el Congreso los aprobara. Ni siquiera se licitó la obra”. Como se sabe, el título de concesión vigente 30 años y sus anexos están catalogados como información reservada por dos años.

 

La Auditoría Superior de la Federación determinó nueve promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria por este caso, de las cuales ninguna se ha aplicado.

 

Tampoco hay que olvidar los señalamientos por corrupción en tiempos de Jorge Aguilar Chedraui como secretario de Salud entre 2011 y 2013, lapso en el que a decir de Cambio “operó en dicha dependencia una mafia que la saqueó y asignó contratos por 400 millones de pesos a un holding de empresas (…) durante el primer tramo de la gestión morenovallista”.  

 

Hay mucha tela de dónde cortar en casos impunes de corrupción en Puebla, pero al parecer el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) no quiere, ni ha intentado –por miedo o inexplicable cautela-, pronunciarse públicamente al respecto. Incumple de facto su función de ser un contrapeso.

 

A eso se suma que varios de sus integrantes ignoraban la designación de María Eugenia Calderón Olimán como nueva fiscal Anticorrupción, hasta que la Fiscalía General del Estado lo informó a los medios.

 

Y como decía Carlos Monsiváis, para ilustrar nuestro optimismo, queda para la posteridad la declaración de la presidente del Comité, Karen Berlanga, quien refirió a e-consulta que “no golpeará a instituciones públicas ya que podría cerrarse puertas” y perder, entre otras cosas, presupuesto para cubrir los emolumentos de sus integrantes.

 

Poco se sabe del trabajo de Berlanga y sus pares: Catalina Aguilar Oropeza, Daniel Valdés Amaro, Carmen Leyva Báthory y Francisco Javier Mariscal. ¿Avalaron a la nueva fiscal? ¿Qué casos están investigando? ¿Qué harán para que no se repitan?

 

El Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI-Puebla) y el Nodo de Transparencia, pusieron el dedo en la llaga; advirtieron que el comité podría volverse sólo “un mero espectador” dentro del SEA “buscando ser un actor políticamente correcto”.

 

El comité “no cuenta con los elementos legales para poder actuar de manera directa ante presuntos casos de corrupción, consideramos que su fuerza radica en su posicionamiento en la agenda pública sobre asuntos de interés público tanto de temas referentes al Sistema Anticorrupción como de temas transversales vinculados con la Sociedad Civil”. Un comité “condescendiente al poder en turno, limita sus márgenes de acción y pierde credibilidad”. Sic.

 

Al parecer el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción es de mero chocolate, y lo que más le interesa es no derretirse. Ojalá y pronto demuestren lo contrario, si no todos, por lo menos algunos de sus integrantes, a los que hasta hace poco les habría dado el beneficio de la duda.

 

Twitter: @JorgeMachucaL

Facebook: Jorge Machuca Luna


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Jorge Machuca Luna

Periodista desde 1997 con experiencia en prensa, radio, televisión, medios digitales y docencia universitaria, egresado de la licenciatura en comunicación de la UPAEP con estudios de maestría en Comunicación Pública en la Universidad de las Américas Puebla. Diplomado en Transparencia, Acceso a la Información y Gobierno Abierto. Exbecario de la Fundación Prensa y Democracia en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Ganador del segundo lugar del Premio Puebla de Periodismo Cuauhtémoc- Moctezuma 2014 por la columna "La Caja de Cristal”. Ha sido docente en las universidades UPAEP, Ibero Puebla, Anáhuac Puebla y Siglo XXI. Ha trabajado como reportero, corresponsal, enviado especial, comentarista, columnista, jefe de información, conductor, director de noticias y gerente en 105.1 FM, La Jornada de Oriente, Radio Oro, Grupo Milenio, NG Puebla y Megacable. Contacto: jorge.machuca.luna@gmail.com Twitter: @JorgeMachucaL Facebook: Jorge Machuca Luna

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