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Opinión



El cambio se debe abordar con la reforma Institucional

Martes, Agosto 7, 2018 - 11:28
 
 
   

Algunas propuestas para el nuevo régimen. Los poderes públicos a lo suyo propiamente.

Cuando se insiste en gobernar conservando a las instituciones propias del estado correspondiente a un sistema político caracterizado por un  régimen con partido político dominante, casi único, pareciera que se intenta no cambiar; más bien, se pretende relevar al partido que correspondió con ese régimen, ver las cosas así, correspondería con lo que parece  pensaron los iniciadores de la alternancia en México. 

Tomaron  los períodos de gobierno, de la reciente alternancia en México, como un intento de relevarlo sin realizar los cambios prometidos, sería el caso de los 12 años de gobiernos panistas; y en el caso del actual gobierno, presidido por el presidente Enrique Peña Nieto se perfila, por momentos, en una pretendida restauración del sistema de partidos con partido dominante, casi único, sin pluralidad, sin alternancia y con un alto grado de autoritarismo.

Para avanzar en otro rumbo se requiere lograr un avance democrático, es decir, resolver la contradicción que se da con el sistema de partidos que los mexicanos hemos construido: plural, incluyente, democrático, con alternancia y con una normatividad muy desarrollada en cuanto a la forma de acceder al poder -el sistema electoral- frente a las formas de ejercicio del poder que continúa en la ruta de un régimen propio de la época de un partido dominante y excluyente.

Es necesario resolver lo que planteó y eso se puede solucionar de manera dinámica si logramos estructurar en nuestra carta magna la institucionalidad de los colegiados de decisión y aplicación de las mismas, que democraticen las instancias de ejercicio del poder ejecutivo de nuestra república.

Lo que necesitamos es fundar instancias que consoliden el poder republicano  y  que al mismo tiempo moderen el poder individual de los ejecutivos evitando que se torne, por momentos,  incontrolado, autoritario y excluyente, debemos evitar los excesos.  De eso modo se logrará que nuestros gobernantes cumplan con sus encomiendas y eviten incurrir en actos ilícitos y autoritarios. Se trata de conseguir en lo individual y de manera institucional como parte de la nación un ejercicio del poder responsable y solidario, ello, en mi opinión, se podrá alcanzar si logramos convertir en sujetos de poder y control a los colegiados integrados por los propios ejecutivos con la función de ser poderes de supervisión y control para el ejercicio del poder en los órganos ejecutivos del país, así que deberíamos proyectar constituir la asamblea  suprema de la república que reúna a todos los gobernadores y al presidente de la República, así como, la asamblea suprema de la entidad federativa, constituida por el ejecutivo del estado y los presidentes municipales. Dichas instancias serían de manera permanente entidades colegiadas consultivas, y en lo que corresponde al  municipio solo tendríamos que afinar la normatividad para que los cabildos funcionen democráticamente. Para el nombramiento y  la designación de los integrantes del poder judicial, de los integrantes de los órganos autónomos de supervisión y vigilancia de los actos de gobierno, así como de los integrantes de los mandos de los aparatos de seguridad se constituirían en el espacio para ejercer y procesar las atribuciones que le otorgan las leyes al ejecutivo correspondiente, en él se definirán a los miembros de esos órganos por ternas o de manera directa en su designación, siempre siguiendo lo que marca la ley suprema del país y sus leyes reglamentarias.  Instaurar lo que denominaría como el federalismo republicano moderno. Con un gobierno central de la federación y con entidades federativas unidas y, a la vez, autónomas e independientes.

Desde esas nuevas instancias se deberá impulsar como valor máximo del ejercicio del poder el respeto a la ley, y además desde el mismo entramado institucional se debería procurar respaldar a los órganos autónomos de vigilancia de arbitraje y supervisión procurándoles una normatividad afín a sus funciones y un nombramiento de sus integrantes, que les  aseguré autonomía y autoridad para cumplir con sus funciones, en pocas palabras, nombrarlos desde esos colegiados.

Con lo anterior se pretende lograr superar la constante confusión en la división de poderes republicanos entre el poder ejecutivo el legislativo y el judicial. La no delimitación de sus competencias lleva a la invasión de atribuciones. En lo legislado y en las prácticas cotidianas vemos constantemente a los legisladores, en lo individual, moverse en las esferas de competencia de los ejecutivos, por medio de lo que denominan gestoría, frecuentemente  es el ámbito de actividades ilícitas, tal sería el caso de los famosos moches que son realmente el cobro de comisión a las autoridades ejecutivas por parte de legisladores a cambio de  tramitar un mayor presupuesto para la instancia de que se trate.

Con la delimitación de competencias se puede generar un ambiente que desaliente la tentación de los ejecutivos del país para controlar a los órganos legislativos. El ejecutivo encuentra atracción en controlar a los órganos legislativos en la medida que, para gobernar y cumplir con sus obligaciones, tiene que depender de los aparatos de otro poder. Lograríamos también que los legisladores fueran eso legisladores profesionales y de ningún modo pensaran que ser gestores es su principal función. Los ejecutivos deberán gobernar bien en lugar de ocupar parte de su tiempo en controlar a los otros poderes y el poder judicial se tendrá que dedicar a procurar justicia y no a satisfacer, de manera ilegítima, los requerimientos de los otros poderes.

Con lo expresado lograríamos evitar lo que en la vida cotidiana de nuestro país se presenta; por mencionar algunos casos me referiré a lo que sucede en algunos estados de la república y en el ámbito de todo el país.

El caso de la casa Blanca de manera especial plantea la necesidad de tener instituciones de vigilancia y supervisión confiables, el presidente optó por revivir a la secretaría de la función pública para hacer la investigación del posible conflicto de interés, el nombró al responsable de la citada secretaría, eso procura desconfianza, pero suponiendo sin conceder que si hubiese conflicto de interés, cuál sería el desenlace esperado, quién se haría cargo de sancionar a los implicados. Primero se tendría que modificar algunas disposiciones constitucionales que pudieran erigirse en obstáculos para impartir justicia, además se requeriría de la existencia de una instancia  institucional  que tenga las facultades y el poder para aplicar los correctivos.

En la situación de faltas realizadas por Gobernadores de las entidades federativas, como el caso de Sonora donde el Sr. Gobernador construyó una presa sin los permisos correspondientes y en contra de los intereses de varias comunidades de la misma entidad federativa,  hasta el momento no existe claridad de qué instancia lo pudiese definir como responsable y, en caso de proceder, lo lamentable es que se ha podido realizar acciones correctivas más como venganza que como actos de justicia, solo se les sanciona o se les persigue cuando sus partidos pierden el poder, lo que debemos crear son  instancias para hacer justicia que puedan llevar a cabo el proceso para la sanción o la exoneración correspondiente. Junto a este caso tenemos los escándalos que implican a autoridades en Guerrero, Michoacán y en otras entidades federativas; los procesos se siguen en las instancias judiciales pero no existen instancias de poder políticas que pudiesen aplicar sanciones como actos de justicia en correspondencia con las faltas de ese orden. Encontramos a candidatos a diputados que han fallado como garantes de distintas áreas de la responsabilidad pública, sin embargo, pueden a pesar de las evidencias, buscar acceder al poder, en este caso a la cámara de diputados para lograr o continuar con el fuero.

Respecto al combate a la delincuencia es indispensable lograr la unificación institucional de la república modificando el marco legal para permitir una contundente acción de la autoridad y así romper las redes de corrupción de funcionarios públicos como protectores de actividades ilícitas y de socavar en sus bases la operación de lavadores de dinero, así como tomar medidas para regular la operación de las actividades de venta de artículos o mercancías de necesario control. Eso solo se puede lograr con una estructura institucional que unifique a la nación y que logre hacerla más plural, democrática y representativa.

Lo mencionado solo se podría regular si se erigen instancias institucionales de poder y vigilancia de los ejecutivos y se otorga a la instancia colegiada correspondiente la posibilidad de nombrar a los integrantes de los órganos autónomos, en donde se debe incluir a los componentes del poder judicial que vigilarán el desempeño de las funciones de los integrantes de las distintas instancias de gobierno. Con ello se lograría avanzar en un deseable equilibrio de poderes republicanos.

En este proyecto se deberá cuidar que los poderes de la república sean autónomos y además respetuosos de las funciones de los demás poderes. Lo que significa que el poder legislativo debe ser eso, un poder legislativo y solo excepcionalmente ocuparse de tareas asignadas a otra instancia del poder estatal, lo mismo se debe asegurar para el poder judicial, así y solo así, se lograría evitar prácticas de tráfico de influencias como los moches.

 Con lo antes mencionado, se constituiría un nuevo equilibrio en el funcionamiento de las autoridades  de los distintos poderes y sumado a lo primero se conseguiría un equilibrio entre los poderes de la república.  Tenemos una democracia electoral pero el ejercicio del poder se mantiene con una estructura autoritaria, como en la época del sistema de partidos con partido dominante casi único, lo imperativo es armonizar lo referente al  acceso al ejercicio del poder, lo electoral en donde se ha avanzado mucho, contrasta con lo que conceptualmente se debe entender como el ejercicio del poder.

Un asunto que debe quedar muy claro es la competencia de cada uno de los poderes: el ejecutivo debe gobernar hacer gestoría y realizar las acciones necesarias para el desarrollo y bienestar de los ciudadanos, el legislativo debe crear el marco legal en el que se ejercerá el gobierno y el judicial impartir justicia, de ningún modo permitir que los integrantes de un poder invadan las competencias esenciales de otros poderes, así se evitará la confusión de todos los gobernantes y gobernados y de paso pondremos un claro obstáculo a formas de corrupción como los moches, como también a la práctica de gestoría de los legisladores que claramente corrompe la naturaleza de su encargo, que es el de legislar. Para notar el tamaño de la confusión intencionada basta leer las propuestas de los candidatos a legisladores, que se pueden sintetizar en una nebulosa idea de lo que tendrán que legislar y una amplia intensión de hacer gestoría. Lo último es lo principal que deben realizar los ejecutivos de todos los niveles de gobierno.  

El combate a la corrupción es un asunto de primera importancia; un gran avance en este camino lo representa la creación de órganos autónomos que se encargan de transparentar la información, es fundamental, para lo mismo, tener prácticamente aprobado el sistema nacional anticorrupción, pero seguirá incompleto el proceso si continúa el fenómeno de la impunidad. Tenemos casos significativos que nos hablan de personajes claramente responsables de actos ilícitos y que continúan tan campantes  y hasta siguen influyendo en el acontecer electoral y en las decisiones de gobierno. Para ilustrarnos basta con leer o ver los informativos de los distintos medios de comunicación. Hasta donde hemos avanzado es importante, pues muchos de los que han cometido ilícitos ya los conocemos pero con la impunidad simplemente se han vuelto pillos más conocidos. Falta que la sociedad en su avance estructure instancias institucionales para que además de conocer las pillerías se tenga la instancia con poder de resolver y aplicar las sanciones correspondiente del caso de que se trate.

Entonces, y solo entonces, el sistema anticorrupción tendrá las consecuencias esperadas, lo que menciono no es descubrir el agua tibia, cierto el asunto suena sencillo, el principal obstáculo se localiza en la clase política mexicana y su historia, en algunos casos el asunto siempre fue escandaloso pero en otros podemos admitir que ciertos ilícitos frecuentes antes no constituían un ilícito y hoy sí, ante ello para viabilizar la corrección de la dinámica de la acción de gobierno en nuestro país se debería aplicar el parámetro consistente en que a partir de ahora todos se deberán sujetar a lo que marca la ley en los distintos ámbitos de la dinámica social y con una conducta así se podrá trabajar sin contratiempos y en caso de que algún ciudadano gobernante o gobernado no respete la ley en una actividad presente, se revisará su caso buscando en su historial todos los actos en que no respetó la ley y se le actualizará todo realizado para que se vea sujeto al procedimiento correspondiente y, en caso de proceder, a la sanción pertinente. Para lograr lo mencionado es pertinente luchar porque se forme un nuevo bloque histórico que asuma el poder en nuestro país y es eso lo que significa el triunfo de la coalición “Juntos Haremos Historia”, la posibilidad de instaurar una nueva forma de gobernar con un sistema político más democrático y con la posibilidad de combatir la pobreza y la marginación de nuestro sufrido pueblo mexicano.

El objetivo del criterio mencionado será lograr un cambio de conducta y la anuencia de los beneficiados por esta medida de gobierno, para conseguir enfrentar solo a los que no admiten la necesidad del cambio en la conducta que va en la línea de moralizar la dinámica de la actividad cotidiana de la sociedad mexicana.

Para que se logre lo planteado es indispensable crear la instancia institucional que sume a los ejecutivos de la nación y que colegiadamente se instale, incluyéndolos, por encima en cuanto a poder de decisión, de ellos en lo individual. Esa sería la instancia que terminaría con la impunidad, así sí, la república mexicana podría tener la oportunidad de superar sus más agudos y urgentes problemas.


Semblanza

Pascual Urbano Carreto

Doctorado en Economía, División de Estudios de Postgrado de Universidad Nacional Autónoma de México, 1997- 2000. Consejero electoral en el  Consejo general del IEE, periodo 2000- 2006.

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