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Opinión



Un error modificar la reforma educativa. Derogarla la solución

Jueves, Julio 12, 2018 - 14:18
 
 
   

Las dudas. El futuro secretario y su consulta. Una reforma constitucional de fondo del art. 3.

La reforma educativa planeada desde el gobierno panista de Felipe Calderón y consolidada en el mandato priista de Enrique Peña Nieto, no sólo lesionó la dignidad del magisterio, sino que fue uno de los principales motivos de encono, ruptura del lazo social, además de evidenciar el proceso de privatización de la educación.

El anuncio del futuro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de derogar la “madre de todas las reformas” –como fue llamada -, fue motivo de júbilo social y una posibilidad de conciliación nacional. Sin embargo, el juego titubeante de su exposición en el tercer debate presidencial y las declaraciones del próximo secretario de educación pública, Esteban Moctezuma Barragán, sobre una posible consulta para definir el rumbo de la reforma laboral y administrativa, mal llamada educativa, han provocado incertidumbre en algunos de los votantes en favor de la Cuarta transformación del país y en grupos de la izquierda radical.

Dentro del primer paquete de reformas al marco legal anunciadas, el 11 de julio, se menciona:   

Sin embargo, las modificaciones al artículo 3º constitucional, del 26 de febrero de 2013, en el que se incorpora el concepto de calidad, la autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa deben ser derogados, no modificados, ya que de hacerlo se avalaría la diada calidad-evaluación, la cual, en el sentido que se ha utilizado y por la cual fue creada, sólo sirve para producir obreros funcionales, docentes castigados, corrupción y uso indebido de los resultados de evaluación, como ha ocurrido con la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (Enlace) y ahora el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea –tanto censal, como muestral y diagnóstica-) para los estudiantes, y la evaluación punitiva docente que dividió al magisterio e hizo de la labor magisterial un servicio mercantil, que lejos la profesionalización, se convirtió en el arma perfecta para violar los derechos humanos y laborales del profesorado en México.

Asimismo, la modificación a la Ley General de Educación y la creación de las leyes del Servicio Profesional Docente y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación deben ser derogadas también, debido a que modificarlas no elimina el sentido esencial de la reforma laboral y administrativa que implica la supuesta reforma educativa.

No sólo conviene revocar dichas modificaciones al marco legal y derogar las leyes, sino sanear o refundar las instituciones implicadas en el proceso, no por castigo, sino porque nadie ha evaluado a las autoridades educativas ni al instituto de evaluación, los cuales no han dado los resultados esperados y, por el contrario, han despilfarrado recursos públicos sin ningún tipo de efecto objetivo y benéfico para la ciudadanía. ¿Quién evalúa a los evaluadores? es una pregunta que no se ha respondido, y cuya ausencia de contestación resta legitimidad a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Por méritos, la SEP no logró una reforma educativa consistente, aun cuando la modificación constitucional se presentó cuatro años antes de la publicación del Nuevo Modelo Educativo. La evaluación diagnóstica para la educación básica (la cual ilógica e irracionalmente se aplicaba al final de los ciclos escolares) fue hecha, originalmente, por el INEE con los peores reactivos de los Exámenes de la Calidad y el Logro Educativos aplicados en años anteriores. Basta recordar la corrupción generada a través de la evaluación Enlace, la cual se convirtió en la compra de voluntades magisteriales, a través de los estímulos asociados a esta prueba por medio de Carrera Magisterial.

El INEE autónomo jamás existió, ya que dicha autonomía pactada entre el gobierno de Felipe Calderón, la entonces directora de ese instituto de evaluación, Margarita Zorrilla y la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, provocó mayor dependencia entre dichas instancias. El proyecto original de autonomía y ciudadanización del INEE, convirtió a este instituto en la maquila de trabajo sucio de la SEP y las políticas económicas en materia de educación impulsadas por organismos internacionales. Tan solo basa recordar cómo la SEP modificaba el sentido de las evaluaciones y los calendarios de aplicación, según sus recursos presupuestales.

Los compadrazgos y amiguismos conformaron los cuadros del INEE, así como el reciclado de trabajadores expulsados del Centro Nacional de Evaluación Superior A.C. (Ceneval), institución que en el ámbito de evaluación ha dejado mucho que decir y desear.

Los resultados de la evaluación educativa en cuanto a la rendición de cuentas y la búsqueda de la equidad han sido pobres. Se gastan muchos millones de pesos en información que cualquier persona sabe: las poblaciones más pobres cuentan con menores niveles de logro que las que tienen mayor capital económico y cultural.

Alteración de resultados educativos, de falta de aplicación de pruebas distintas a Lenguaje y Comunicación y Matemáticas que ya estaban calendarizadas (Biología –aunque el INEE nunca cumplió con aplicar la asignatura de Ciencias Naturales propia de tercer grado-, Formación Cívica y Ética y Habilidades Socioemocionales) y alquimias frankensteinianas como pruebas censomuestrales, además de solicitudes de aumento de presupuesto, sin resultados y para repartirlo en tarjetas a sus empleados, directores, jefes de unidad y miembros de la junta de gobierno a final de año como bono “extra” no lograron una buena cultura de evaluación. Además, basta revisar los altos salarios que obtienen los directivos del INEE en comparación las instituciones públicas, lo cual convirtió al INEE en una institución corrupta, despilfarradora, además de servil a los intereses de la brutalidad del neoliberalismo.

La evidencia más agresiva contra la dignidad humana y magisterial se da con las evaluaciones a docentes: amenazas, sanciones, castigos, separaciones y desempleo de docentes en el país, sobre todo los de las zonas más pobres: Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Evaluación punitiva que rompió la cohesión social y fue madre de asesinatos como los de Ayotzinapa, Guerrero, y Nochixtlán, Oaxaca; persecución como la sufrida por los docentes de Michoacán (ejemplo de ellos Alejandro Echevarría) y del terrorismo de Estado sobre las escuelas normales, normales rurales, la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y el magisterio en su conjunto.    

Demasiado gasto público para evaluar la calidad que nunca fue explicada públicamente y cuyas raíces están en la capacitación de hijas e hijos de los trabajadores para ser buenos trabajadores futuros, no como parte fundamental de su integralidad como persona. Esa es la calidad que se definió y buscó con la reforma educativa, expresada desde el sexenio anterior en el Plan Nacional de Desarrollo calderonista.

Aun así, ¿cabe la posibilidad de “modificar” esta catástrofe educativa? Lejos de caer en los lugares comunes de la evaluación para mejorar o de la calidad (¿quién diría que no está en favor de la calidad?), se deben buscar consensos sociales y académicos que restituyan la cohesión y el lazo social, con base en el respeto de los derechos magisteriales y educativos. Se requiere calidad, pero no la que señala la brutalidad de los mercados y del neoliberalismo rapaz y a expensas de la violación de derechos laborales.

La única forma de estar a la altura del momento histórico no sólo significa “barrera las escaleras de arriba para abajo”, sino sacar la mugre de la casa. Hay que derogar la reforma educativa completa y buscar una verdadera conciliación basada en los derechos de los trabajadores de la educación y de los estudiantes. No puede existir reconciliación cuando el pus brota en las instituciones educativas mexicanas actuales.

Me quedo con lo expresado por Andrés Manuel López Obrador en entrevista con Milenio Televisión: “[…] la Reforma educativa se cancelará, pues no es más que una ‘reforma laboral’, que tiene que ver más con las secretarías del Estado que con la enseñanza”.

 

Picaporte

Un verdadero logro reconocer el “Establecer en el Artículo 3o. de la Constitución, el derecho a la educación pública y gratuita en todos los niveles escolares”. Se nota respeto a la dignidad y los derechos humanos, pero sobre todo de las hijas y los hijos de la clase trabajadora, los más pobres. Ahora, se hace imperativo tirar la Reforma educativa, para que esos hijos de la patria lleguen a la educación superior y a los posgrados de forma gratuita y no mendiguen una beca, que no limosneen sus derechos.


Semblanza

Oscar Barrera Sánchez

Es doctor en Ciencias Sociales y Políticas por la UIA. Estudió la maestría en Comunicación y las licenciaturas en Ciencias de la Comunicación y Filosofía en la UNAM. Ha impartido clase en licenciatura y posgrado en diferentes instituciones educativas del país

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